Informe advierte que la herencia patrimonial sigue en riesgo en Costa Rica.
El pasado 28 de junio se presentó en Costa Rica la Lista Roja de bienes culturales en peligro de Centroamérica y México, elaborado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), con el apoyo de expertos del área. Este es el sétimo informe del Consejo en la lucha contra el tráfico ilegal de estos bienes en el mundo.
Esta lista se difunde con el objetivo de que los museos comerciantes de arte, coleccionistas, y personal de aduanas y policía, tengan un instrumento para identificar objetos que podrían haber sido exportados ilegalmente, o que podrían confundirse con relativa facilidad en los establecimientos que compran y venden antigüedades.
El informe fue entregado en un acto realizado en los Museos del Banco Central, con la presencia del Marine Mayer, Oficial del Consejo Internacional de Museos (Paris) a cargo de la presentación de la Lista Roja en Centroamérica y México, Jean Pierre Jouanny, consultor del ICOM sobre tráfico ilícito; Peter Brennan, Representante de la Embajada de los Estados Unidos de América; la Directora Ejecutiva de los Museos del Banco Central, Pilar Herrero; y Zulay Soto, Presidenta del Comité Costarricense del ICOM.
Los representantes del organismo apuntan en su informe que en los últimos 20 años se incrementó el tráfico de las piezas arqueológicos o patrimoniales, pese que en todos los países hay claras normativas y convenios internacionales que protegen y sancionan estas actividades ilegales. El listado comprende objetos de los periodos prehispánico, colonial y republicano.
NO ES CUESTIÓN DE LEYES
Para Patricia Fumero, el tráfico patrimonial no es un asunto de hacer más leyes. El país cuenta con un amplio marco normativo, pero el problema radica en que la población no tiene conciencia del resguardo de estos bienes, porque no los consideran como parte de su historia.
Más allá de los recursos disponibles, indicó Fumero, uno de los factores que incentiva el tráfico, interno y hacia el exterior, es que los jueces no sancionan a los responsables de estos delitos.
“El sistema judicial no tiene conciencia sobre el valor de los objetos que se trafican y la mayoría de los causas que llevamos a los tribunales se desestiman por parte de los jueces”, aseguró Fumero.
La directora agregó que en pocos días se reunirá con Ana Lorena Brenes, Procuradora General de la República, para discutir la forma en que se podría generar un cambio en las cortes costarricenses y sancionar a los traficantes con todo el peso de la ley.
Sin embargo, Fumero insistió que la solución a este problema es que debe incentivarse un conciencia en todos los ámbitos, desde el privado hasta el estatal. Necesitamos que los ciudadanos sientan la herencia arqueológica y los demás bienes culturales como pertenecientes a todos, dijo Fumero.
Por ejemplo, citó la funcionaria, cuando las empresas urbanizadoras encuentran hallazgos arqueológicos no avisan al Museo Nacional porque creen que le ocuparemos el terreno, pero nada más lejano de la realidad, acotó Fumero. La intervención del museo es provisional y no tiene ningún costo ni sanción para las empresas, pero en muchos casos se destruyen los sitios. Debemos recordar que toda Costa Rica es potencialmente arqueológica, aunque las prácticas violatorias siguen siendo comunes en todo el país, indicó la directora.
Además, se da mucho tráfico en el ámbito privado, por ejemplo, cuando una persona vende piezas que han sido heredadas de generación en generación. Recientemente, el museo detectó que dos familias estaban vendiendo por partes grandes colecciones y fueron llevados a la corte acusados de tráfico ilegal.
Estos son casos de delitos flagrantes, pero si las personas entregan voluntariamente obras patrimoniales al Museo Nacional no se aplica ninguna sanción, explicó.
CONVENIOS AMBIGUOS
Por otra parte, Fumero detalló que Costa Rica tiene juicios pendientes en Estados Unidos y Francia en esta materia. Lamentó el hecho de que en muchos países se exija que las piezas reclamadas hayan sido previamente catalogadas en sus países de origen.
Pero precisamente, la mayor parte del tráfico proviene de huaquerismo. Esto demuestra que las lógicas legales no comprenden nuestra realidad, sobre todo en los casos estadounidenses y alemanes.
No obstante, se mostró esperanzada de con el proyecto de convenio bilateral entre Estados Unidos y Costa Rica para la recuperación de piezas decomisadas en las aduanas, esto pueda mejorar. Ella tiene claro de que este instrumento no garantizaría la devolución de las grandes colecciones en los museos estadounidenses. Como muestra de esto, en pocos meses regresarán al país 1.200 piezas de la colección Keith, de un total de aproximadamente 17.000 que fueron sacadas en el siglo pasado por Minor Keith durante la construcción del ferrocarril al atlántico y las plantaciones de banano. El museo estadounidenses Smithsonian y otros conservan una inmensa cantidad de piezas sacadas del territorio costarricense. Aunque Fumero dijo que no cree que haya devolución, y que lo único positivo es que al menos son conservadas en condiciones óptimas.
POCOS RECURSOS
Para cumplir con su misión, el Museo Nacional de Costa Rica, institución encargada de velar por el patrimonio arqueológico nacional, cuenta con escasos recursos. De acuerdo con Patricia Fumero, para cubrir todo el territorio nacional se tienen 7 arqueólogos y solo ¢80 millones para proyectos de desarrollo. Y en términos generales, el presupuesto institucional es uno de los más bajos. Con lo disponible intervienen sitios, atienden las denuncias y capacitan a las comunidades y cuerpos policiales, detalló.
El informe del ICOM es una llamada de atención a los políticos no vinculados con el sector cultural, porque aunque muchos critican públicamente el tráfico patrimonial, sus palabras no se traducen en políticas legales y financieras, advirtió la jerarca del Museo.
