José Montero Peña, del elenco del montaje Verte que te quiero verde, del grupo La Maga −programado para presentarse el domingo 26 de abril en Desamparados−, no contó con la respectiva contratación u orden de compra para dar la función.
Aun cuando no le será pagado este servicio, la agrupación se presentó y, además, redactó un manifiesto leído ante el público para explicar lo sucedido con el FIA 2015 y la necesidad de acciones correctivas, para que los futuros festivales puedan ser organizados con el orden que los caracterizaba.
¿Cómo ha sido este proceso de participación en el FIA 2015?
−Ha sido un proceso muy confuso. Primero, el formulario salió hasta marzo. De los festivales anteriores estábamos acostumbrados a un documento complejo y detallado, pero el que nos encontramos era bastante escueto. Segundo, entregamos la información y a partir de ahí quedamos como en un limbo, a la espera de la confirmación, pues nadie se comunicaba con nosotros. Una vez que nos informaron que sí íbamos a formar parte, comenzaron a haber problemas de fechas, hasta que se pudo definir la función para el 26 de abril, en el Teatro Municipal de Desamparados.
A partir de ese momento, nos llegó una serie de correos para que de manera inmediata llenáramos declaraciones juradas para asegurar la supuesta contratación. Al día de hoy no tenemos ninguna orden de compra, no tenemos contrato, no tenemos ningún documento legal que nos garantice el pago de la función.
En última instancia nos ganó el deber con la comunidad, como parte de la responsabilidad social de Teatro La Maga. No hay un documento legal que nos respalde y todo el mundo sabe que en la administración pública no se puede cancelar un servicio una vez realizado si no hay una orden de compra o un contrato. José Montero Peña, grupo de teatro La Maga.
¿Aún así dieron la función?
−El elenco nos reunimos y vimos cuáles eran los escenarios: no ir del todo y hacer un acto político ante el desorden, donde el mayor perjudicado era la comunidad, o dar la función y respetar al público, suponiendo que habría espectadores −aunque la publicidad era nula−, pero viéndonos perjudicados nosotros directamente por no tener un documento que nos asegure el pago. En última instancia nos ganó el deber con la comunidad, como parte de la responsabilidad social de Teatro La Maga. No hay un documento legal que nos respalde y todo el mundo sabe que en la administración pública no se puede cancelar un servicio una vez realizado si no hay una orden de compra o un contrato.
¿Cómo hicieron para solventar la convocatoria al público?
−Una de las estrategias que utilizamos fue que al coincidir en horario con la salida de la misa, un poco antes de las 10 a.m. fuimos a conversar con el sacerdote, para que nos diera dos minutos para invitar a la gente en la iglesia, y así fue como logramos el domingo que asistieran 120 personas al Teatro La Villa, en Desamparados.
Ustedes redactaron un manifiesto que compartieron con los espectadores antes de dar la función. ¿Por qué?
−Esta coyuntura es de las primeras que a nosotros como artistas nos atañe tan directamente, que nos convierten no solo en actores sociales sino políticos, y concluimos que era obligación respetarnos y asumirnos como actores políticos en esta sociedad. Con el fin de que la situación no pasara desapercibida, decidimos redactar un documento en donde planteamos nuestra disconformidad, el maltrato al que nos hemos visto expuestos por el MCJ, a la falta de organización y que es una manera de demostrarles a las autoridades que no solamente somos aquella gente romántica que hace cosas muy lindas para goce de otros. Los artistas somos gente que comemos, que tenemos obligaciones y somos profesionales. Le explicamos al público porqué estábamos dando esa función, en qué condiciones, quién la apoyaba; les agradecimos a ellos por asistir y sobre todo para sentar las responsabilidades del caso.
¿Ustedes creen que la disculpa de las autoridades es suficiente para resarcir los daños?
−Hay niveles de responsabilidad. Inti Picado, como director del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC-MCJ), es el que tiene que explicar con lujo de detalle por qué las acciones −que supuestamente fueron planificadas, si lo fueron− no están dando los resultados. Por su parte, la ministra de Cultura y Juventud, Elizabeth Fonseca, tiene que asumir su responsabilidad política por ese programa que no está funcionando y tiene que responderles a las comunidades sede y a los artistas. Lo que ella mandó por medio de un comunicado fue una disculpa de oficio, pero nuestra solicitud es sentar las responsabilidades, que las asuman y plantear cómo se resolverán. De hecho nosotros nos vamos más allá en el manifiesto y le solicitamos al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que tome acciones correctivas, no solo para este FIA, sino a futuro, porque si hay una subejecución este año, cuando el MCJ le presente el presupuesto en el 2016 al Ministerio de Hacienda, este va cuestionar esos ¢800 millones que no se pudieron manejar en el 2015 y van a recortar el monto. Si no hay dinero suficiente para hacer el FIA en el 2016, va a morir antes de nacer y eso es muy peligroso.
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