ACAM y comerciantes siguen enfrentados por derogatoria de reglamento.
Los debates sobre los derechos de autor en Costa Rica, promovidos por corporaciones globales, no solo afectan a miles de estudiantes que libran una lucha por el derecho a fotocopiar parte de los contenidos de libros de alto costo, editados bajo sellos mundiales que controlan la circulación del conocimiento científico.
Ahora la disputa enfrenta a los comerciantes y a las agrupaciones gremiales musicales por los montos que deben recibir los artistas intérpretes y ejecutantes, cuando sus obras se difundan públicamente y cuál es el organismo facultado para cobrar dichas tasas.
La polémica se atizó con el decreto 35536-MP, publicado en el diario La Gaceta el pasado 10 de octubre, que derogó el artículo 4° del Reglamento al articulo 50 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que obligaba a las instituciones del Estado a comprobar que cualquier establecimiento comercial que utilizara públicamente obras musicales pagara al interesado la autorización para el uso de su repertorio. Anteriormente, cualquier licencia, permiso de funcionamiento, contrato de concesión u otros relacionados, no podían ser autorizados sin cumplir con dicho requisito.
Entre los criterios defendidos por la administración Arias, están que la función del Gobierno es tutelar los derechos “y no al acceso de documentación previa e innecesaria en los trámites”. En el decreto, el presidente Arias considera que el reglamento mencionado “constituye una barrera de comercio, innecesario para los dueños de negocios y un privilegio para una entidad privada”.
Según Oscar Arias, el Estado “debe impulsar e incentivar la creación y formalización de las micro y pequeñas empresas como un mecanismo para eficaz de generación de empelo y distribución de riqueza”. No obstante, reconoce que las autorizaciones de repertorio deben solicitarse únicamente a los negocios y actividades que efectivamente hagan uso de tales, a la luz de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
Según la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), en Costa Rica existen alrededor de 1.500 empresas de hospedaje y unas 4.000 empresas dedicadas al turismo, de las cuales un 80% son catalogadas como Mipymes (Medianas y pequeñas empresas). CANATUR aseveró que solamente sus agremiados pagan a ACAM casi ¢18 millones mensuales.
¿ABUSOS O LEY?
Para Guillermo Sanabria, el presidente de la Cámara de Patentados de Costa Rica, la derogatoria del artículo 4° del Reglamento al artículo 50 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, acaba con los abusos cometidos por la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) contra el comercio nacional. Dicho criterio es compartido por Édgar Marín, Presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, quien consideró que la decisión del Estado es justa y “representa un alivio, porque el empresario se encontraba en un estado de indefensión, ya que ACAM establecía las tarifas sin ningún principio de objetividad y de forma completamente arbitraria”.
Aunque ninguna ley o reglamento contemplaba como sanción el cierre de negocios a la luz de los derechos de autor, ACAM coaccionó a muchos patentados para pagar sumas grandes con dicho argumento, aseguró Sanabria.
Por otra parte, las cámaras empresariales han insistido en que ACAM usaba recursos públicos para cumplir con sus cometidos, pese a que no es una institución pública, sino un ente privado que beneficia solamente a sus representados.
Asimismo, Sanabria insistió que muchos de los miembros de su agrupación se han sentido impotentes ante las amenazas de ACAM. En ocasiones ellos cuentan con el apoyo de algunos inspectores municipales y otros funcionarios públicos.
Sanabria fue enfático en que los comerciantes no pagarán nada a ACAM, primero porque no han demostrado que ellos son los indicados para recaudar dichos dineros; y segundo, “porque nadie sabe qué hacen con los millones que recaudan cada mes. ¿Dónde están los informes publicados sobre el uso que hacen de ese dinero?”, cuestionó Sanabria, quien no dudó de calificar esos cobros como otro impuesto para el comercio.
¿INTERÉS POR LO NACIONAL O LO GLOBAL?
De acuerdo con Mario Campos, ACAM tiene más de mil asociados y protege más 30 millones de registros y 3 millones de autores. Por otra parte, han firmado convenios de representación recíprocas que los faculta para recaudar dinero por derechos de autor de intérpretes y compositores de otros países.
Este Semanario le consultó sobre su relación con la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines, conocida como Fonotica, ante lo cual reveló que un porcentaje de lo recaudado es propiedad de dicha entidad. Ambas instituciones usan tarifarios similares, y cobran por el uso de música en carruseles de feria, autobuses turísticos, balnearios, circos, aeropuertos y hasta actividades gratuitas. Fonotica representa los intereses de las principales compañías discográficas del mundo, como Universal Music, Sony BMG y Warner Music, EMI, que juntas controlan el mayor porcentaje de producciones del planeta. Pero en junio pasado, un Tribunal Registral Administrativo declaró nulos todos los procedimientos que autorizaban a Fonotica a cobrar por concepto de derechos de reproducción de la música.
Por este mismo tema, ACAM demandó el 20 de julio pasado al Centro Nacional de la Música ante los tribunales de justicia porque alegó que entre los años 2003 y 2006 no se pagó a diez compositores nacionales y otros 23 extranjeros, entre los que están Dimitri Shostakovich (1906- 1975), Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791) y Johann Sebastian Bach (1658 -1750). La mayor parte de autores defendidos por ACAM en este litigio fallecieron hace más de 70 años, aunque la legislación nacional considera ese hecho como causa para extinguir ese derecho. Sin embargo, el director de ACAM ha dicho públicamente que no defienden a los autores sino a los editores, respondiendo a convenios de representación internacionales.
Campos considera que si bien los creadores musicales requieren de la difusión para la promoción de su trabajo, “deja de ser una ayuda cuando la música se convierte en el soporte del negocio, como es el caso de las radioemisoras”. Detalló que estratégicamente, ACAM se encarga de los rubros relacionados con los autores, mientras que Fonotica está vinculada directamente con las radioemisoras y televisoras, que según sus tarifas, deben pagar mensualmente hasta un 2% de la pauta publicitaria que use música grabada.
LA BATALLA CONTINÚA
Tras la publicación de la derogatoria, ACAM y la Asociación de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE), anunciaron una batalla para solicitar al Estado que considere los derechos de autor como derechos humanos, y tome las acciones necesarias para defenderlos.
Para Mario Campos, quienes presionaron al Gobierno para la publicación del decreto ejecutivo 35536-MP fueron las cámaras comerciales, que impusieron sus intereses económicos sobre la legislación internacional ratificada por el Estado. Asimismo, el director de ACAM rechazó las acusaciones sobre el uso de las autoridades gubernamentales para recaudar los cobros. Campos acotó que cuando se aprobó la ley se mencionó a la autoridad, aunque de manera muy ambigua; y que el artículo derogado definía con claridad sobre quiénes recaía esa responsabilidad.
Aunque admitió que ACAM es una entidad privada y no tiene rango de autoridad para hacer cumplir la legislación, aclaró que el decreto ejecutivo no eliminó los cobros como lo sostienen las cámaras de comerciantes. Con la derogatoria se produjo un vacío legal, lo que los obligará a elevar a juicio a los infractores de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, agregó. Agregó que el objetivo de ACAM es restaurar la seguridad jurídica de los autores y para ello tomarán las acciones judiciales necesarias.
Pese a lo divergente de las posiciones, Campos afirmó que mantienen una actitud de diálogo, para lo cual solicitaron la intervención de Hernando París, Ministro de Justicia.
Pero Guillermo Sanabria, director de la Cámara de Patentados de Costa Rica, reafirmó la intención de sus miembros de no reconocer a ACAM, y muchos menos conversar al respecto, hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva los recursos interpuestos sobre este tema. “Si los magistrados no fallan a nuestro favor, entonces decidiremos qué haremos. Si ACAM nos demanda, que lo hagan, ahí veremos qué harán los tribunales cuando los llenen de denuncias”, afirmó Sanabria.
