El eco de la denuncia de representantes del sector librero costarricenses se hizo oir el pasado 25 de junio en la Antigua Aduana, día en que se inauguró la VII Feria Internacional del Libro.
En presencia de Abel Pacheco y de Guido Sáenz, presidente de la República y Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, respectivamente, así como de delegaciones diplomáticas, los libreros a una sola voz denunciaron el peligro que se cierne sobre este bien cultural en caso que se apruebe la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluida en el proyecto del Pacto Fiscal, que pretende gravar los procesos necesarios para la producción nacional e importación de libros.
Las posiciones sobre este tema difieren al interno de la misma Asamblea Legislativa y por parte del gobierno central el silencio es la tónica de su discurso (ver nota aparte).
LO QUE DICE LA LEY
El impuesto al valor agregado (IVA) gravaría «las ventas o entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuados por empresarios o profesionales», además de las importaciones de bienes (art.1).
La última versión del proyecto establecía en los artículos 12 y 14 que estarían exentas «la venta o entrega de libros de carácter educativo o cultural, calificados como productos de interés público por los Ministerios de Educación Pública o Cultura, Juventud y Deportes, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como la materia prima e insumos, maquinaria y equipo, requeridos para la impresión y edición de libros», lo anterior para la producción nacional como para la importada.
El enfrentamiento entre el gobierno y los libreros consiste en lo que debe gravarse. El Pacto Fiscal propone exonerar solamente el producto final, pero gravar los servicios necesarios para la producción del mismo, que incluyen los dictámenes de lectores, la corrección de estilo, el diseño gráfico y la impresión, entre otros.
La Cámara Costarricense del Libro (CCL) argumenta que esta iniciativa, pese a la exoneración final, incrementará mucho el precio del libro al lector, porque este absorbería los nuevos.
En la actualidad, el libro es parte de la canasta básica y no paga ningún tipo de carga tributaria en su producción. La intención inicial fue mantener las exenciones que contienen las legislaciones vigentes referidas a los libros, por eso hay algunos aspectos que se gravaron sin considerar que afectarían la producción editorial costarricense, aclaró Mario Redondo, presidente de la comisión legislativa que analiza el proyecto del Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural.
Las mociones presentadas por varios diputados para modificar los artículos citados no exime del IVA a los procesos. Miembros de la comisión comparten opiniones al respecto. Humberto Arce, del Bloque Patriótico Parlamentario, el liberacionista Bernal Jiménez y el mismo Redondo, no ven viable la exoneración de los servicios editoriales.
Según Redondo, presidente de la comisión, buscan cerrar los portillos para que algunos sectores ajenos a estas actividades no se beneficien con las exoneraciones establecidas.
Sin embargo, una moción presentada por el legislador Quírico Jiménez «recoge las inquietudes de los libreros nacionales al exonerar los libros, revistas, publicaciones diarias o periódicas, excepto las de contenido pornográfico, así como las materias primas y servicios para la edición y producción de libros».
Por otra parte, Jiménez y Redondo creen que se podría aplicar un sistema similar al modelo español, en el que los libros pagan un IVA reducido, y por lo que tendrían derecho a los beneficios del crédito fiscal, es decir, a rebajar de las declaraciones de impuestos el IVA de todos aquellos bienes y servicios adquiridos para la operación de las empresas, como por ejemplo, los de alquileres, electricidad, telefonía, entre otros. Ambos proponen un IVA del 2% o 3%.
La Cámara Costarricense del Libro se resiste a esa idea porque abriría un portillo peligroso, debido a la fragilidad fiscal costarricense. A criterio de la Cámara en cualquier momento podrían subir los impuestos cuando se declare una crisis fiscal. En ese sentido, Redondo reconoce que «el modelo español es peligroso».
No obstante, Redondo manifestó que «podría haber buen ambiente» para una exoneración de los procesos y el producto final.
NO AL ESTADO CENSOR
Según Mario Castillo, presidente de la CCL, es absurdo que esta ley convierta peligrosamente a los ministerios del Estado en censores de lo que debe considerarse «libros de carácter educativo o cultural», requisito para disfrutar de los beneficios fiscales contenidos en la reforma fiscal.
Lo anterior significa un procedimiento de precalificación de obras totalmente inviable y sumamente oneroso.
En Costa Rica se producen 1.000 libros nuevos cada año e ingresan del exterior unos 8.000, por lo que esas instituciones deberían tener personal que lea 5.2 libros por hora, por lo que tendrían que tener al menos 50 funcionarios leyendo al menos cuatro obras por semana y elaborando los respectivos informes, argumentó Oscar Castillo, director de la CCL.
Para la CCL de aprobarse la ley como está podría convertirse en un «arma política o ideológica de descalificación y censura o de favorecimiento de determinadas obras, autores o posiciones filosóficas, religiosas u otras». Políticamente esta regulación es contraria al espíritu y la tradición democrática costarricense, concluyeron.
UN SILENCIO A TODAS VOCES
Mientras Abel Pacheco recibía oficialmente de la editorial internacional Norma un ejemplar de su nuevo libro «Todas las voces», una extensa recopilación de sus cuentos, durante la inauguración de la VII Feria Internacional del Libro, a solo trescientos metros al oeste los diputados discutían la aprobación de cargas tributarias a los procesos de edición y producción de libros en Costa Rica y a la importación de obras.
Además, ese mismo día se anunció con bombos y platillos la firma del decreto que creó el Consejo Nacional del Libro, «entidad a la que se le encargó la concertación de intereses privados y públicos para hacer del libro y la lectura más accesibles, así como la promoción del desarrollo de los procesos vinculados con la industria cultural del libro», decía el comunicado oficial que circuló posterior a ese acto.
Al concluir las formalidades protocolarias ante diplomáticos y la viceministra de Cultura de Colombia, Adriana Mejía, UNIVERSIDAD consultó al presidente-escritor sobre cuáles serían las acciones que emprendería desde la presidencia para que el proyecto del Pacto Fiscal no afectara el precio final de los libros, pero Pacheco se negó rotundamente a emitir cualquier criterio.
Posición similar mantuvo Guido Sáenz, Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, quien dijo que por línea dictada desde Casa Presidencial no podía externar ninguna opinión relacionada con el proyecto de ley sobre el Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural. Aunque si compartió la posición de la CCL sobre la precalificación de las obras como bienes de interés cultural y educativo.
Sáenz añadió que en este tema además debe considerarse que «muchas obras son puramente comerciales…Esperemos a que se apruebe la ley y propondremos las reformas necesarias», agregó el ministro.
