Los artistas claman porque se hagan reformas a la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito que consideren la especificidad de sus profesiones.
Absurda, imprecisa, terrible, dañina y desastrosa son algunos de los adjetivos utilizados por artistas consultados por este Semanario respecto de la nueva «Ley Contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública» y su reglamento, recientemente aprobados por la Asamblea Legislativa.
Esta normativa, nacida al calor de las denuncias de corrupción que el año pasado involucró a políticos, instituciones autónomas y empresas transnacionales, pretende sancionar a funcionarios públicos que usufructúen con los bienes del Estado y tipifica como delito el tráfico de influencias.
Sin embargo, la ley no hace diferencia entre el personal de los diversos sectores. De igual manera debe sujetarse a ella un oficinista como un director de una compañía artística. Tampoco importa si la persona está nombrada en una plaza en propiedad con dedicación exclusiva o si es interina.
LEY MAL HECHA
En criterio de la abogada y poetisa Alejandra Castro al redactar y aprobar esta ley no se pensó en instituciones como el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD) o las universidades públicas.
Castro explicó que a partir de ahora si una persona integra más de una directiva en las instituciones culturales estatales, solo recibirá una remuneración por concepto de dietas y estará sujeta a las exigencias de otros funcionarios públicos.
Para Guido Sáenz, Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, la ley no solo es «absurda, ridícula y absurda», sino que fue más enfático al manifestar que «fue mal hecha por precipitada, algo sólo explicable por el clima del país, pero eso no se justifica».
Sáenz aseguró que tras la promulgación de la ley recibió la renuncia de miembros de juntas administrativas del MCJD, que asumían sus funciones ad honórem, así como de la junta directiva del Museo de Arte Costarricense (MAC). «Se sienten ofendidos por verse obligados a elaborar una lista de sus bienes», explicó.
Según Alberto Cañas Escalante, extitular del MCJD, esto es «uno más de los disparates de la tontocracia, el gobierno de los tontos». Cañas criticó que algunos actores que ejercen puestos directivos en ese ministerio se han visto impedidos de aceptar papeles en montajes escénicos.
Aclaró que el verdadero concepto de dedicación exclusiva es la prohibición para trabajar en otra organización y no que una persona tenga que dedicarse únicamente a la función de director de una compañía artística, por ejemplo.
«Esta ley hace un daño profundo, pues los artistas no pueden desempeñar puestos públicos porque para ello tendrían que dejar de ser artistas», sentenció el exministro, quien señaló que por este motivo Luis Fernando Gómez no pudo aceptar un papel en la obra «Tarantela», actualmente en cartelera, porque funge como director de la Compañía Nacional de Teatro (CNT).
Consultado sobre este tema, Luis Fernando Gómez no dudó en calificarla como «desastrosa, al menos para mí, porque me limita al trabajo administrativo y no puedo ejercer mis derechos como artista».
Gómez consideró que es lo más natural que un artista ocupe un puesto como el suyo, mas no dudó en calificar como una contradicción que se le nombre y luego se le impida trabajar en lo suyo.
«Según la ley, sólo un artista dispuesto a sacrificar sus derechos, uno mediocre o un burócrata ocuparán puestos de dirección en instituciones como ésta, lo cual es una contradicción, porque estos puestos los deben ejercer personas que ejerzan y conozcan el arte, para que orienten; pero se les impide ejercer el arte», recalcó.
El actor también cuestionó que la ley hace excepción únicamente con los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, quienes sí pueden trabajar en otras instancias.
No obstante, el músico Alejandro Gutiérrez, nombrado en propiedad en la Orquesta Sinfónica Nacional y director del grupo independiente Trombones de Costa Rica, manifestó a UNIVERSIDAD que desconocía dicha ley y sus alcances. Y posiblemente esto le pase a la mayoría de músicos del país, agregó Gutiérrez.
ESPERAN CAMBIOS EN LA LEY
Pese a los señalamientos del sector cultural, la Directora General de Cultura, Alexandra de Simone se mostró esperanzada. «Confío en que en algún momento prime la lucidez, la ley es muy nueva y podrían darse circunstancias de otros sectores sociales y productivos que exijan una interpretación de acuerdo con su función, como el sector artístico».
De Simone es actriz y declinó la oportunidad de actuar en el montaje de «Yerma», pieza original de García Lorca que contó con una fuerte inversión en producción y se presentó en el Teatro Nacional.
«A los artistas nos discrimina la ley, sobre todo a los escénicos. Hay mucha tela que cortar en cuanto a la interpretación y alcances de la ley, me parece muy extraño castigar a los que nos aventuramos en la función pública», sentenció.
De Simone reconoció que «el espíritu de la ley es bueno, pues recoge inquietudes de la población, pero si no se corrige e interpreta el carácter específico del sector artístico, la función pública va a ser aún menos atractiva».
«Tengo la impresión de que la misma Asamblea Legislativa la revisará y modificará para flexibilizarla y dar mayor fluidez sobre todo en este sector», declaró Guido Sáenz, al expresar su confianza en que los diputados «mejorarán las lamentables condiciones que se ha generado».
La actriz también manifestó la necesidad de propiciar un «movimiento de gente de la cultura, para que se aborde nuestra circunstancia particular, el problema es que no sé si le importaremos a los que toman las decisiones».
Pero la realidad es que mientras se da la discusión sobre las reformas que requiere todo el sector cultural a la luz de esta nueva normativa, las opciones que tienen artistas que ejercen la función pública es aceptar propuestas escénicas, aunque sin percibir ninguna remuneración, acotó Alejandra Castro. Dicho en otras palabras, por puro amor al arte.
