La Casona de San Lorenzo tenía un alto valor histórico, arquitectónico, documental y simbólico para la comunidad.
Tras la demolición el mes pasado de la “Casona de San Lorenzo”, diversas organizaciones y grupos han manifestado su malestar, e incluso alistan procesos civiles y penales para que se culpe a los responsables del hecho.
La directora del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud fue enfática al señalar que es necesario “sentar responsabilidades por la pérdida de la casa de adobe más valiosa de la zona”.
La “Casona de San Lorenzo”, así llamada por los vecinos, estaba ubicada en el cantón de Flores, en Heredia. La casa de adobe, construida hace más de 100 años y declarada patrimonio histórico-arquitectónico en octubre pasado, fue demolida el pasado 26 de abril, días después de que la exministra de cultura, María Elena Carballo firmara una nulidad del decreto que la incorporaba al patrimonio nacional.
Rándall Ramírez, vecino y Presidente de la Comisión Pro-Rescate de la casona, comentó que ésta fue construida en 1844 por Buenaventura Espinach. Según relata, en el sitio se formó el beneficio de café en húmedo más grande de Costa Rica, por lo que era parte del centro socio económico más importante de la región.
Ramírez dijo que como el propietario era de clase alta, la casa se construyó con todas las características típicas y con todas las comodidades de la época. “Tenía el 95% de todos los elementos típicos de una casa de adobe. La cocina estaba intacta con el fogón y la plancha que usaban para cocinar, el patio central típico, los pisos y las vigas de madera del techo estaban intactas. Incluso tenía un cuarto secreto”, recordó.
El arquitecto José Enrique Garnier, especialista en restauración y centros históricos, explicó que la casona estaba hecha usando un sistema constructivo de adobes y arquitectura de tierra mixta. Añadió que era una de las pocas casas de hacienda cafetalera que quedaba y la única de su tamaño que tenía la particularidad de estar emplazada en su propia finca. Su valor radicaba en ser la más grande de la zona y de las más antiguas que quedaban.
La directora del Centro de Patrimonio reiteró que “la casa era única, con un altísimo valor histórico, arquitectónico, documental y simbólico para la comunidad”.
¿DECLARATORIA ANULADA?
En el 2008, varios vecinos en conjunto con la Municipalidad de Flores, presentaron una solicitud al Ministerio para que se iniciaran los trámites de declaración de patrimonio.
Según Sandra Quirós, en casi todos los criterios considerados en el proceso – antigüedad, representatividad, valor arquitectónico, artístico, científico, contextual, cultural, documental o testimonial, excepcional, histórico, significativo, simbólico y urbanístico – la casa obtuvo una alta evaluación, por lo que se recomendó la declaratoria.
Sin embargo, desde que el trámite pasó a la Oficina Jurídica del MCJ, los dueños de la propiedad , Servicio Casa Blanca S.A., se opusieron. “Pidieron todo tipo de cosas, procedentes e improcedentes, y se les dio todo. Finalmente, el departamento legal llegó a la conclusión de que no tenían bases suficientes para deslegitimar los argumentos de la recomendación y se hizo la declaratoria”.
El 14 de agosto de 2009 la exministra Carballo y el expresidente Óscar Arias firmaron el decreto que incorporaba la casona al patrimonio nacional y éste se publicó en La Gaceta del 6 de octubre del mismo año.
En setiembre pasado -ya firmado pero no publicado el decreto- la empresa propietaria había interpuesto una apelación, que durante el proceso no se respondió.
Cabe señalar que de acuerdo con la Ley Nº 7555 de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica y su respectivo reglamento, si dos meses después de interpuesta una apelación a la declaratoria, el Ministerio no responde, se da por sentado que se niega la solicitud y el inmueble queda declarado. “Es decir, no sólo la casa estaba declarada, sino que la apelación de los dueños estaba denegada”, dijo la jerarca del Centro de Patrimonio.
Ocho meses después de firmado el decreto y seis después de publicado en el Diario Oficial, la ministra acogió la solicitud de los propietarios y presentó, el pasado 22 de abril, ante asesoría legal la nulidad de la declaratoria (con fecha del 22 de febrero) por tener “vicios absolutos”. El 23 de abril se notifica al Centro de Patrimonio y a los propietarios.
Tres días más tarde, la Casona de San Lorenzo fue demolida por sus dueños, Servicios Casa Blanca S.A., cuyos socios son Eric Thompson y Marcela Sánchez, esta última prima hermana del expresidente Arias.
Randall Ramírez dijo que no está claro –legalmente– si la nota de la ministra bastaba para anular la declaratoria. Sandra Quirós, por su parte explicó que la nota era sólo la primera parte del proceso, pues a partir de ella el Centro de Patrimonio debía formular un Proyecto de Ley y enviarlo a la Asamblea Legislativa para que al ser aprobado, anulara la declaración. “Aunque hubiera habido vicios absolutos, que no los había, sólo la Asamblea Legislativa puede anular una declaración de patrimonio histórico-arquitectónico y los dueños lo sabían”, dijo.
BUSCAR RESPONSABLES
“Se hizo el proceso y la casa fue declarada patrimonio. A partir de ahí, ninguna casa podía ser alterada sin autorización de Patrimonio”, declaró el arquitecto José Enrique Garnier, quien además opinó que se deben seguir los procesos que establece la ley para encontrar a los culpables y que reconstruyan la casa.
En ese sentido, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS por sus siglas en inglés), la Municipalidad de Flores, la Comisión Pro-Rescate de la Casona de San Lorenzo y otras agrupaciones interesadas están promoviendo el inicio de procesos penales y civiles contra los responsables de la demolición.
La misma jerarca del Centro dijo que prepara una denuncia que presentará ante el Ministerio Público contra los propietarios del inmueble, esperando que se les condene por la vía penal , tal y como lo establece la Ley de Patrimonio en su Artículo 20: “Será sancionado con prisión de uno a tres años, quien dañe o destruya un inmueble declarado de interés histórico-arquitectónico”.
Por otra parte, Randall Ramírez afirmó que la Municipalidad planteará un proceso contencioso-administrativo contra la exministra Carballo, al tiempo que los vecinos están recogiendo firmas para presentarlas a la Defensoría de los Habitantes.
Además, el pasado 7 de mayo varias organizaciones se reunieron para definir qué acciones civiles, legales y de otro tipo se tomarán al respecto. Erick Chaves, presidente de ICOMOS, explicó que por recomendación de sus asesores legales, aun no divulgarían las acciones a tomar “para no entorpecer el planteamiento que se va a hacer grupalmente”. Agregó que su organización “condena los atropellos al patrimonio cultural que están sucediendo en el país, las demoliciones que empresas privadas realizan con alevosía y premeditación, al Gobierno por no investigar a fondo esos lamentables hechos y su incapacidad para proteger el patrimonio cultural de los habitantes”.
Se consultó el parecer de la exministra de Cultura pero según informó una de las encargadas de prensa del MCJ “por cuestiones de agenda” ella no podía atender nuestras consultas en torno al tema.
