Incumplimientos de los concesionarios, concentración geográfica de la emisión televisiva y radiofónica y una subutilización general del espectro radioeléctrico son los principales hallazgos de dos estudios revelados recientemente por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), ante solicitud de UNIVERSIDAD.
Dichos resultados confirman lo que diversos sectores sociales habían señalado anteriormente: la distribución y el uso actual del espectro radioeléctrico no garantizan la universalización de la radiodifusión sonora y televisiva, al tiempo que fallan los controles estatales en la administración de este bien público.
La investigación, ordenada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), se realizó durante el 2012 y 2013. Fue una medición de la ocupación de varias bandas de frecuencias radioeléctricas, entre ellas, las destinadas a la difusión televisiva y radiodifusión en FM.
Los resultados del análisis fueron declarados confidenciales por el Consejo de la SUTEL el 17 de abril del 2013, por un plazo de seis meses. A pesar de que este plazo se cumplió hace más de un año, los informes no se hicieron públicos sino hasta que fueron solicitados por UNIVERSIDAD a la SUTEL.
INCUMPLIMIENTOS, MALA COBERTURA Y CONCENTRACIÓN
Los documentos revelan datos sobre la ocupación de la banda destinada a servicios de radiodifusión en FM y la utilización de la banda destinada a servicios de difusión televisiva.
De ambos se desprenden conclusiones semejantes en torno al incumplimiento de las obligaciones de cobertura para los concesionarios (que en promedio, en los dos casos, está por debajo del 37%) y, sobre todo, en la cobertura fuera del Valle Central.
En el caso de las frecuencias para televisión, se señala que existen 18 concesiones (que equivalen a 13 canales) que no están en operación; es decir, un 20% de los canales de televisión abierta no se están utilizando.
En radio, se señala que existen grados de cobertura inferiores al 18% en las zonas Chorotega, Huetar Norte y Huetar Atlántica, y que es justo en esa zona donde se registran el 71% de las denuncias contra emisoras “piratas”, de modo que se concluye que es la deficiente cobertura radiofónica la que ha propiciado el surgimiento de estas difusoras ilegales.
La superintendencia concluye, en ambos estudios, que hay una subutilización del espectro, pues “no se está realizando un eficiente y efectivo uso del espectro radioeléctrico” y se está privando a la población de servicios declarados como “actividad privada de interés público”.
Ante esto, se indica la obligatoriedad de tomar acciones que permitan universalizar el servicio de televisión abierta y radio.
Entre otras recomendaciones, el ente rector insta al Poder Ejecutivo a iniciar procedimientos administrativos “que promuevan el uso del espectro radioeléctrico de manera eficiente”, a delimitar a la realidad la cobertura de los títulos habilitantes de los concesionarios y a tomar acciones para asignar eficientemente el espectro en las zonas donde no hay cobertura.
Además, aunque los documentos no abordan el tema, el análisis de los datos evidencia la concentración de frecuencias en manos de algunos grupos empresariales (ver infografía “Radio y TV alcanzan a pocos”).
Un ejemplo de esto es el caso de la empresa REPRETEL, que dentro de varias razones sociales agrupa 8 frecuencias en televisión y 7 en radio FM (sin contar las 4 emisoras en AM que la empresa reconoce como propias).
PROBLEMA CONOCIDO
Si bien hasta ahora la SUTEL emite criterio puntual al señalar el mal uso y la administración del espectro radioeléctrico en materia de frecuencias para televisión y radio, este es un tema sobre el que diversos sectores se han pronunciado.
El 13 de julio del año pasado, en el Informe sobre el proyecto de transición a la radiodifusión digital, la Contraloría General de la República alertó sobre la falta de controles en el uso de frecuencias, la desactualización de la legislación vigente en la materia y manifestó preocupación por posibles casos de concentración.
En este informe, el ente contralor ordena a la SUTEL revisar al término de tres meses –que se cumplieron hace más de un año– las concesiones otorgadas y elaborar un plan de acción en caso de concentración de frecuencias.
De igual manera, dictaminó que se inicien, “de forma inmediata, los procedimientos para la revocación, extinción y ajustes de títulos habilitantes de radiodifusión televisiva, en los casos de uso no óptimo de estas frecuencias”. No obstante, el viceministro de Telecomunicaciones, Allan Ruiz, confirmó que hasta ahora no se ha realizado ningún proceso de retiro.
Ruiz informó que el MICITT se encuentra revisando los casos de algunas concesiones que, en apariencia, no están siendo utilizadas y que, si corresponde, se llevaría a cabo “un procedimiento administrativo acorde con los principios legales y constitucionales”.
En octubre del 2013, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (REDMica) presentó el estudio “El mundo de la radiodifusión en Costa Rica: lo que dice la ley y lo que sucede en realidad”, en el que señaló problemas de cobertura de los concesionarios de frecuencias de radio, funcionamiento “vallecentralista” de las emisoras y la concentración de emisoras en conglomerados empresariales.
La comunicadora Laura Chinchilla Alvarado, quien lideró esta investigación, aseveró que los informes comprueban que “en Costa Rica se está haciendo un uso caótico e ilegal de las frecuencias de radio y TV”.
Asimismo, dijo que aunque el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público –según lo establece la Constitución Política−, el Estado “no ha tenido la capacidad de administrarlo y se está usando como un bien privado”.
Adriana Naranjo, de REDMica, declaró que los porcentajes de incumplimientos en las concesiones son aún más altos de lo que se esperaba. “Estamos hablando de grandes áreas geográficas y poblacionales sin acceso a la radiodifusión sonora y televisiva. Es preocupante la negligencia de parte del Estado en la fiscalización de este bien demanial”.
Marlon Mora, presidente del Colegio de Periodistas (Colper) −entidad que también ha alertado en el pasado del desorden en la administración del espectro radioeléctrico−, sostiene que los estudios no presentan ningún hallazgo, sino que confirman que en el país urge nueva legislación que garantice la universalización de la difusión sonora y televisiva y, por tanto, el derecho a la comunicación.
“Hay obligatoriedad en el 89% de concesiones otorgadas de dar cobertura nacional, pero eso no está pasando; está en contrariedad con lo que refleja la investigación. Existe una necesidad de que se universalice la radiodifusión”, agregó Mora, y advirtió que “si no lo hacemos, como país, estamos caminando hacia atrás en procesos democráticos”.
Para Giselle Boza, abogada, periodista y directora del Programa para la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información (Proledi) de la UCR, es preocupante que −de acuerdo con la información emanada de la SUTEL− la mayoría de los concesionarios no están cumpliendo con lo que indican los compromisos de cobertura que establece la Ley.
Así, lamentó, se hace evidente “la incapacidad de los órganos públicos” para cumplir con los principios de administración eficiente y óptima, pues en los casos de emisoras con fines comerciales que no cumplen con sus obligaciones “la ley exige que se proceda con la readecuación de los títulos habilitantes”.
Derechos comunicativos, derechos pendientes
De acuerdo con los informes emitidos por la SUTEL, la concentración geográfica de las emisiones radiales y televisivas en el Valle Central priva a las poblaciones de otras regiones de un servicio declarado “actividad privada de interés público”.
Representantes de la REDMica, el Colper y el Proledi de la UCR han manifestado que no solamente se les priva de un servicio, sino que se violenta su derecho humano a la información y a los derechos comunicativos.
Giselle Boza, directora del Proledi, consideró que la información retrata un modelo centralizado en las necesidades informativas de la Gran Área Metropolitana y una administración del espectro que impide el acceso de los ciudadanos a las frecuencias radioeléctricas.
En su opinión, así se violentan los derechos comunicativos de las personas y “se excluyen sectores enteros de los procesos de diálogo social, construcción de alternativas y ejercicio pleno de la ciudadanía”.
Boza estima que el manejo actual del espectro niega no sólo el derecho a la información, sino a la totalidad de derechos comunicativos: “Derecho a recibir información de relevancia pública veraz, libertad de información, derecho a la creación de medios de comunicación social, derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, etc”.
“La concentración, la subutilización, la comercialización de las frecuencias de radio y TV son prácticas que violentan el derecho humano a la comunicación del pueblo costarricense. La ciudadanía tiene derecho a contar con muchos medios, plurales, que representen la diversidad de la sociedad costarricense, y esto se está dando”, criticó Laura Chinchilla.
Por otra parte, Adriana Naranjo, de la REDMica, enfatizó que la confirmación de los temores debe servir a organizaciones y activistas “para exigirle al actual gobierno que cumpla con la democratización de la información y garantice otros derechos humanos, como la libertad de prensa, la libertad de expresión, el acceso a la información, acceso a la cultura”.
Urge nueva ley de medios
La necesidad de reordenar el uso del espectro radioeléctrico, actualizar las regulaciones y los cánones (los concesionarios de radio pagan entre ¢1000 y ¢3000 anuales) y garantizar la universalización de la radiodifusión radial y televisiva, mediante una nueva ley, ha sido reconocida tanto por sectores sociales como por las autoridades competentes.
En el Informe sobre el proyecto de transición a la radiodifusión digital del 2013, la Contraloría explicó que la administración del espectro está regulada por la Ley de Radio, que data de 1954, y por la Ley General de Telecomunicaciones, que derogó una docena de artículos de la anterior legislación.
El ente contralor consideró que estas leyes son “obsoletas, incompletas, desactualizadas y no responden a las necesidades actuales en el ámbito de la radiodifusión”, por lo que ordenó al Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones a elaborar en el plazo de seis meses –que vencieron en enero pasado– “un proyecto de ley orientado a actualizar y solventar todas las debilidades de la Ley de Radio vigente”.
Este proyecto debía ser presentado ante la Asamblea Legislativa “a más tardar al 31 de julio del 2014”, pero esto aún no se ha concretado.
Ahora bien, sí se han desarrollado varias iniciativas para llenar los vacíos existentes en la ley. Una de ellas fue el Reglamento a la Ley de Radio y al artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones, propuesto por CANARA, cuya firma fue pospuesta en abril pasado por el Gobierno, con el compromiso de abrir un proceso de consulta pública.
Por otra parte, diversas organizaciones agrupadas en la REDMica han construido un nuevo proyecto de ley de medios, cuyos principios son el derecho humano a la comunicación, la pluralidad de medios y de voces, la diversidad social, la equidad y solidaridad territorial, la protección y promoción de la producción nacional, el fortalecimiento de los medios públicos y la participación ciudadana.
Esta propuesta, puntualizó Adriana Naranjo, “garantiza el acceso a las frecuencias, tanto a concesionarias comerciales como a las comunidades; promueve la creación de producción, gestión y contenidos locales; crearía un ente que fiscalice y ordene el uso eficiente del espectro, con participación de la ciudadanía y con el derecho a la comunicación como eje transversal”.
Además, aseguró que definiría claramente conceptos relacionados con la radiodifusión que actualmente no se tienen claros, garantizaría la diversidad de opiniones y la participación de múltiples sectores de la sociedad, a la vez que propondría formas eficientes para que las radios comunitarias puedan financiarse.
De acuerdo con la comunicadora Laura Chinchilla, actualmente este proyecto de ley se encuentra en proceso de revisión con abogados, para posteriormente ser presentado ante la Asamblea Legislativa.
