Urge contar con un marco normativo que rija la vinculación del Ministerio con entes privados.
Si es cierto lo que la sabiduría popular dice que “el camino al cielo está lleno de piedras”, para el Teatro Popular Melico Salazar algunas han sido muy filosas.
Sobre todo porque los desórdenes administrativos denunciados el año pasado tras los escándalos que involucraron a la Compañía Nacional de Danza y al Taller Nacional de Danza, demuestran que en la función pública no son suficientes las buenas intenciones.
Tras la investigación a la que fue sometido el Taller Nacional de Danza (TND), desde marzo del 2008 por orden de la Junta Directiva del Melico Salazar, el auditor del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), William Kelly Picado, confirmó que durante mucho tiempo gran parte de fondos públicos fueron a parar a la Asociación de Amigos del Taller Nacional de Danza “Margarita Bertheau”, sin mediar un convenio que regulara la relación entre el Estado y esa agrupación.
El auditor dejó claro que todos los ingresos producidos por actividades relacionados con el TND son públicos, aunque por una indebida práctica terminaran en las arcas de la citada asociación. El funcionario apoyó su criterio en lineamientos emitidos por el propio Ministerio, pronunciados en el 2002 y por la Contraloría General de la República sobre la transferencia de bienes estatales a favor de entes privados.
La relación entre la asociación y la TND supera las dos décadas de trabajo, y durante todo este tiempo nunca había reportado el uso de los fondos captados por concepto de venta de servicios, o taquillas, en los que ha aprovechaba su vinculación con el TND, que está bajo el amparo del Teatro Melico Salazar, aseguró Gerardo Arias Elizondo, coordinador del Departamento Financiero Contable del Melico Salazar.
UN INFORME BIEN HECHO
La investigación del TND se ordenó semanas después de la detención a principios del año pasado de Carlos Ovares, exdirector de la Compañía Nacional de Danza, por la supuesta apropiación de un dinero que se pagó al Melico Salazar en una gira realizada en Cádiz, España.
La investigación fue ordenada por la Junta Directiva del Melico Salazar, encabezada en marzo del 2008 por Aurelia Garrido, quien posteriormente renunció a su cargo de Viceministra de Cultura.
Sin embargo, cuando el asesor legal de la institución, Edwin Luna Monge, respondió las inquietudes de los directivos, inmediatamente fue desacreditado públicamente por la propia Garrido y por María Elena Carballo, Ministra de Cultura. Ambas tildaron el informe de omiso y tardío.
Sin embargo, un año después gran parte de los señalamientos de Luna Monge fueron confirmados por la propia auditoría del Ministerio y gran parte de sus recomendaciones fueron acatadas.
Lina Barrantes Castegnaro, actual directora del Melico Salazar, dijo a UNIVERSIDAD que el informe del abogado Luna Monge fue bien hecho, y tanto así que todo lo recomendado se hizo.
Barrantes Castegnaro, quien es abogada de profesión, dijo que el Melico Salazar ha subsanado todas las irregularidades apuntadas y que originaron la auditoría realizada.
No obstante, tras el inicio de dicha investigación, el director del Taller Nacional de Danza, Jimmy Ortiz, se unió a las críticas de las jerarcas ministeriales al tildar el estudio hecho por el abogado Luna Monge como “de malintencionado y “muy doloroso”.
En criterio de Ortiz, la auditoría solo demostró que no hubo irregularidades y de hecho, el TND y la citada asociación continúan trabajando amparados bajo un marco legal.
UNA SOLUCION A MEDIAS
La auditoría fue ordenada por la exviceministra Garrido el 17 de marzo del 2008, con el objetivo de dilucidar la situación entre el TND y la Asociación de Amigos del Taller Nacional de Danza “Margarita Bertheau”. Asimismo, definir la supuestas irregularidades en el pago de sobresueldos a funcionarios del TND con fondos recaudados por la asociación. Así se determinó que la asociación les giró ¢34 millones.
El auditor señaló que si bien la realización de trabajos similares por parte de funcionarios públicos en instancias privadas no está prohibida, en ciertos cargos debería limitarse por el posible conflicto de intereses, ya que debe prevalecer el interés público sobre el privado.
Pero Jimmy Ortiz dijo que la sugerencia del auditor ministerial de establecer dedicación exclusiva a los artistas es errónea, por cuanto pertenecen a un sector que se dedica a la creación y no deben ser vistos como burócratas.
El auditor Kelly Picado señala que las irregularidades en los pagos de sobresueldos ocurrió porque hay un “vacio normativo en el caso de las plazas de confianza y, en particular, las plazas de directores de los entes adscritos”. Incluso, denunció que el MCJ aún no cuenta con el Manual Descriptivo de Clases Artísticas, que definiría con claridad las responsabilidades y restricciones para cada director y recomendó realizar las reformas necesarias para que los jerarcas impongan la dedicación exclusiva a los funcionarios de confianza.
Kelly Picado manifestó su inconformidad porque no fue sino hasta la fase final de la investigación que fueron informados de la existencia de un convenio de cooperación y colaboración entre el Melico Salazar y la mencionada asociación, el cual empezó a regir 10 días después de solicitada la auditoría.
Además señaló que aunque este convenio es un paso positivo para ordenar la relación entre ambos entes, carece de claridad en los parámetros de esa cooperación, el uso de los recursos estatales y términos de intercambios entre una y otra. Y consideró conveniente incluir en el comité fiscalizador que propone el convenio, a personas no relacionadas con ambas organizaciones, con el fin de garantizar transparencia en sus acciones.
Tal como se planteó el comité, dijo, “como órgano fiscalizador es insuficiente para asegurar que los objetivos se cumplan”. Ese mecanismo de control lo integran la Directora Ejecutiva del Melico Salazar, el Director del TND y la presidencia de la Asociación de Amigos del Taller Nacional de Danza Margarita Bertheau.
Kelly asegura que la solución para establecer criterios de control interno en el Melico Salazar es tener su propio auditor interés.
Al finalizar su informe la Auditoria Interna del MCJ no recomendó sanciones porque los “hechos señalados en el informe realizado por el licenciado Edwin Luna, y que fueron corroborados por parte de esta auditoria interna, fueron solventados con los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar, realizada el 14 de marzo del 2008, por lo que el presente informe se refiere, básicamente, a mejoras en la estructura de control interno”.
Fundaciones y asociaciones por la libre
El informe de auditoria que determinó anomalías en el uso de bienes públicos por parte de la Asociación de Amigos del Taller Nacional de Danza Margarita Bertheau, señala que como este hay otros casos más dentro del Ministerio de Cultura y Juventud.
“Nuestra preocupación va más allá, por cuanto esta auditoría ha encontrado varios casos de asociaciones y fundaciones de ayuda al ente en estudio, en los cuales no está claro el papel del ente privado. En varias situaciones también ha sido necesario corregir lo actuado por reñir con el conjunto de normativas que rigen el accionar de la entidad en cuestión”.
Aunque en lo relativo al Taller Nacional de Danza y la asociación se demostró que los dineros fueron invertidos nuevamente en programas estatales, en realidad estamos “ante un simple mecanismo de recaudación de fondos públicos con el fin de evitar los mecanismos de control presupuestario, diferente a si estos se hubieran depositado en las cuentas corrientes del Teatro Popular Melico Salazar”.
La auditoría señala como urgente hacer un diseño de un marco normativo que rija la vinculación del ministerio con entes privados para minimizar el riesgo asociado a la administración de bienes estatales, e incluso cuantificar las contribuciones recibidas por parte de asociaciones y fundaciones.
