En su afán por evidenciar “el compromiso de este Gobierno por solucionar el conflicto de tierras, así como la atención que se le ha dado al problema como parte de la política de Estado” la ministra de Justicia y Paz Cecilia Sánchez visitó el territorio indígena de Salitre el lunes 21 de setiembre, acompañada por la viceministra de Seguridad Pública, María Fullmen Salazar y la gerente general del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Diana Murillo Murillo.
Precisamente, la visita sirvió para anunciar que esa institución se abocará a realizar un “estudio situacional”, según informó la oficina de prensa del Ministerio de Justicia. Ese estudio implicaría a personas de la comunidad indígena, con el fin de identificar quiénes ocupan los territorios y establecer así los derechos que correspondan en cada caso.
Ese análisis se basará en una hoja cartográfica levantada por el Catastro Nacional.
Sin embargo, la iniciativa no logró llevar tranquilidad a la comunidad, según expresó Roxana Figueroa, mujer indígena quien fue seriamente agredida durante la toma violenta que puso fin al último intento de recuperación de terreno el pasado 6 de setiembre.
“El gobierno no quiere poner de su parte y las entidades institucionales ya vemos que tampoco. No podemos esperar, necesitamos acciones inmediatas, el problema de tenencia de la tierra no se soluciona con medidas de seguridad”, sentenció.
Figueroa añadió que la ministra Sánchez “nos dijo que con nosotros no podía hablar y que lo único que en lo inmediato podía ofrecer era el tema de seguridad, pero con policías o sin policías igual nos sentimos indefensos. Esa es la parte que el gobierno no quiere ver ni solucionar”.
“DEUDA HISTÓRICA”
De acuerdo a la información provista por el Ministerio de Justicia, la jerarca Sánchez se reunió con alrededor de 35 indígenas, quienes le entregaron un documento “con observaciones al borrador del protocolo y las razones del rechazo” a la propuesta que la funcionaria dejó durante su primera visita.
“El Gobierno quiere hacer de manifiesto su total interés de fortalecer los territorios indígenas y en particular, Bribri. Se reconoce que ha habido una deuda histórica con los pueblos indígenas, por más de 50 años, y este tema debió ser abordado desde hace mucho tiempo”, expresó Sánchez a través de un comunicado de prensa.
También se reunió con indígenas opuestos a la gestión de la Asociación de Desarrollo Integral y “escuchó a varios finqueros, líderes locales y otro grupo indígena autodenominado “bribris sin clan”, quienes pidieron exponer sus puntos de vista sobre el conflicto”.
Por otra parte, se informó sobre la incorporación al proceso de Ricardo Valverde Gómez, “quien tiene experiencia en negociaciones como colaborador del Instituto Interamericano de Derechos Humanos” y es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
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