Al menos un herido con arma blanca y varias personas golpeadas es el saldo preliminar del más reciente hecho de violencia en la comunidad indígena bribrí de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas.
Gustavo Cabrera, Coordinador del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y miembro del Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía, detalló que de acuerdo a los informes que esa organización recibió desde la comunidad, ayer domingo un grupo de personas no indígenas, “algunas de ellas reconocidas por ser parte de a agresiones anteriores”, llegaron de manera sorpresiva a la vivienda ocupada por la recuperante de tierras Grace Delgado y su familia en el sector de Cebror de Salirte.
“Armados con palos, piedras y cuchillos, atacaron a la familia y se instalaron dentro de la casa, lo cual constituye un secuestro y hubo heridos, como Julián Delgado quien recibió un corte con un arma blanca en la mano”, puntualizó.
El conflicto por tenencia de la tierra por parte de personas no indígenas dentro del territorio de Salitre se ha agravado desde hace poco más de un año y en reiteradas ocasiones el gobierno de la República y la Defensoría de los Habitantes han debido intervenir como mediadores ante reiterados hechos violentos.
“RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO”
Según explicó Cabrera, la intervención de la Fuerza Pública separó a los bandos en conflicto pero permitió la permanencia en la casa de cinco de los agresores, junto a la familia agredida, situación que se mantuvo al menos hasta las 4 p.m. del día de hoy. “La policía custodia un acto ilegal, esa casa es el domicilio privado de la familia de Delgado y al mantenerse allí los agresores cuentan con la complicidad y complacencia de la policía, lo cual genera un mayor nivel de violencia”, sentenció.
Cabrera expresó su preocupación por lo que consideró un creciente nivel de violencia en la comunidad “en este caso se les ha permitido estar dentro de la casa” y subrayó que “si hay heridos o algo peor, responsabilizamos al gobierno de Luis Guillermo Solís, le llamamos a que ordene inmediatamente el desalojo de los no indígenas que se saben responsables de estos actos”.
La Comandancia de la Fuerza Pública de Buenos Aires de Puntarenas confirmó pasadas las 5 p.m. que ya la Defensoría de los Habitantes estaba presente en el sitio y que junto a la Fuerza Pública participaba de reuniones con ambas partes de conflicto.
Con el fin de corroborar el papel jugado por la policía, se buscó la versión del subdirector regional de la Fuerza Pública José Miguel Álvarez, sin embargo el funcionario remitió cualquier consulta a la Presidencia de la República.
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