El Estado costarricense debió desembolsar $14,2 millones de dólares (¢7668 millones al tipo de cambio actual) por concepto de «comisiones de compromiso» en préstamos que tenía aprobados pero sin utilizar.
Así lo reveló este jueves la Contralora General de la República, Marta Acosta, durante su comparecencia en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Según los datos de la Contraloría, solo el año pasado, el país tuvo que desembolsar $2,5 millones para pagar estas comisiones de compromiso en créditos internacionales que no habían sido utilizados por diversos motivos.
Acosta señaló al Gobierno por los problemas de gestión en este tipo de préstamos e indicó que el país tiene suscritos un total de 30 créditos por un monto de $2.836 millones. Sin embargo, casi tres cuartas partes de esa cifra (73%) están aún a la espera de ser ejecutados.
La contralora dijo a los diputados que en el país se tarda en promedio 1,3 años para la aprobación de los préstamos en la Asamblea Legislativa, 215 días para la incorporación de fondos al presupuesto y ocho meses a partir de la aprobación del presupuesto para el cumplimiento de las condiciones previas del crédito.
Varios proyectos muestran porcentajes de avance ínfimos si se considera que tienen varios años de haber sido suscritos los contratos. Tal es el caso del I Programa para la Red Vial Cantonal que podía ejecutar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) desde el 22 de febrero del 2011 con un monto de $45 millones, pero que hasta el momento solo tiene un avance físico del 6,6% y un avance financiero del 25%.
Acueductos y Alcantarillados también aparece en la lista de la Contraloría con un préstamo desde 2012 para el Programa de Agua Potable y Saneamiento por $73 millones, pero la información hasta julio de este año apunta a que no se ha ejecutado ni un solo centavo de ese monto.
La contralora apuntó a la falta de planificación como el principal problema en la ejecución de estos préstamos, cuyos retrasos generan dificultades adicionales como la desactualización de los proyectos, la erogación en las Unidades Ejecutoras y sobre todo, el costo social que tiene para el país el no contar en tiempo con las obras.
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