Una marcha masiva en Tixtla, Guerrero, exigió el pasado 30 de octubre el regreso seguro de los 43 desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa, así como justicia para los tres que fueron asesinados. (Foto: DPA)
“Están pasando muchas cosas con la política mexicana. Es un proceso que viene avanzando desde hace unos 12 o 15 años, y se ha relacionado también con esta política general de la droga que hizo correr los centros neurálgicos desde Sudamérica hacia México”. Quien habla es Ana Esther Ceceña, economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en una entrevista concedida a Federico Larsen.
Todo parte del espantoso crimen de Iguala, en el sureño estado mexicano de Guerrero, cuando dos buses con estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinpán fueron detenidos por policías y paramilitares el pasado 26 de septiembre. Seis estudiantes fueron asesinados y otros 43 están, desde entonces, desaparecidos. El crimen puede resultar incomprensible. Luego, empiezan a surgir algunas explicaciones.Larsen destaca que “todos eran alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinpán, estado de Guerrero, institución que ha formado históricamente jóvenes con una fuerte tradición de lucha social”.
Los jóvenes fueron atacados mientras viajaban a la manifestación que todos los años se realiza en la Ciudad de México, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, así como el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, eran miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en algún momento pretendió ser la alternativa al PRI y al PAN, los dos partidos que han gobernado México en los últimos 80 años.
Abarca, quien actualmente está prófugo, fue quien ordenó que se detuviera a los colectivos en que se trasladaban los normalistas a la capital mexicana.
Las víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Ángel Aguirre –escribió el periodista Luis Hernández, en La Jornada– son múltiples. “La relación de asesinados y detenidos-desaparecidos durante su administración es enorme”. Aguirre, que en un principio fue apoyado por la actual directiva del PRD, tuvo finalmente que renunciar a su cargo después de la masacre.
POLÍTICA Y CRIMEN ORGANIZADO
Periodistas, políticos y académicos mexicanos tratan de explicar lo que está ocurriendo en el país.
Ceceña habla de “una guerra social donde la gran parte de los afectados son los jóvenes.
Lo que está ocurriendo en México tiene que ver con este reacomodo territorial y disciplinario que corresponde al siglo XXI. Nosotros hablamos aquí de que estas guerras, como la que está ocurriendo en México, son las guerras del siglo XXI. No son propiamente una guerra, no es una dictadura pues eso tiene principio y fin. Lo que nos está ocurriendo a nosotros, es el crecimiento rampante de una situación de guerra, que se instala y que como no tiene un principio claro, tampoco tiene un fin claro. Va poco a poco transformando las formas de vida”, estimó la economista Ceceña.
“La situación es difícil –agregó– porque realmente ha escalado muchísimo. Los niveles a los que ha llegado esta imbricación entre la política, las instituciones y el crimen organizado son muy altos. Pero la sociedad está movilizadísima, incluso en estas circunstancias que son tan difíciles, de tanto miedo”.
Esa imbricación es explicada por Hernández: “El clima delincuencial denunciado por el narcomensaje no es exclusivo de Iguala y de siete alcaldías de la Tierra Caliente. El tipo de relación entre el edil José Luis Abarca, su policía local y el crimen organizado −puesto al descubierto con la masacre del pasado 26 de septiembre− está presente en muchos municipios de Guerrero; se trata de una relación que involucra también a importantes políticos locales, legisladores estatales y federales, dirigentes partidarios, jefes de la policía y mandos militares. Es por ello que podemos caracterizar al régimen político existente en la entidad como un narcoestado”.
El narcomensaje a que se refiere está también explicado en su artículo, publicado en La Jornada el 21 de octubre pasado: “Una narcomanta de dos metros de largo fue encontrada en la madrugada del 16 de octubre. Apareció en la barda posterior de la escuela secundaria número tres en Iguala, Guerrero, a menos de un kilómetro del 27 batallón de infantería. En ella, en un mensaje escrito con letra de molde en pintura roja y negra, ‘el Choky’ solicita justicia al presidente Peña Nieto. De paso, denuncia, con nombres, apellidos y seudónimos, a los responsables del asesinato y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa”.
‘El Choky’ fue señalado por el fiscal general del Estado como jefe de los sicarios del grupo Guerreros Unidos y responsable de ordenar la matanza de los estudiantes.
El Procurador General, Jesús Murillo Karam, denunció que tanto el exalcalde Abarca, como su esposa, María de los Ángeles Pineda, trabajaban directamente con los Guerreros Unidos, al igual que la mayoría de la fuerza policial municipal.
Según Murillo, Abarca le entregaba mensualmente a la organización criminal tres millones de pesos, equivalente a unos $223.000.
ESTADO FALLIDO
Esta situación llevó al periodista Raúl Zibechi a afirmar que “en México, el Estado se ha convertido en una institución criminal, donde se fusionan el narco y los políticos, para controlar la sociedad. Un Estado fallido que ha sido construido en las dos últimas décadas para evitar la mayor pesadilla de las élites: una segunda revolución mexicana”.
En su opinión, algo que no tiene “nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el Cono Sur. En México no se trata de reprimir, desaparecer y torturar militantes, sino algo mucho más complejo y terrible”, acotó.
“Los carteles –afirmó comparando la situación con las actuaciones del llamando ‘Estado Islámico’ en Medio Oriente– llevan a cabo cientos de decapitaciones todos los años. Han llegado a desmembrar y mutilar los cuerpos de las víctimas, para después exponerlos para atemorizar a la población”.
La revista Proceso –añadió–, en su edición del 19 de octubre, destaca que, “desde el primer trimestre de 2013, el Gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero”, sin obtener la menor repuesta.
Zibechi cita al que fuera obispo de San Cristóbal, Raúl Vera: “El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y, por eso, es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca”.
“El obispo –dice Zibechi– enfoca su reflexión hacia un punto neurálgico que permite desatar el nudo. El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es socio de la clase política”.
El analista Carlos Fazio denunció, hace ya cerca de dos años, que lo que está ocurriendo en México no es “una confluencia casual, sino una estrategia: 7000 policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos”.
“No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir dónde se comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano”, dice, por su parte, Zibechi.
Finalmente, Ceceña recuerda que “cuando esto se instaló ya de manera consistente en el país, Estados Unidos promovió una política que llamaba ‘Guerra contra las drogas’, que fue asumida cabalmente por el entonces presidente Felipe Calderón, a partir del año 2006. Esta ‘guerra contra el narco’ −agregó− significaba, por un lado, dar institucionalidad al trabajo del ejército en seguridad interna (…) Estados Unidos ha dicho reiteradamente que esa es la política adecuada y la que van a sostener”.
El resultado es que hoy, en México, en su opinión, “no hay estado de derecho, no hay autoridades a las cuales acudir, no hay instancias que garanticen una cierta seguridad ciudadana”.
