La molestia de Colombia se da en momentos en que también se hacen denuncias sobre la utilización de la DAS para atacar a la Corte Suprema, parlamentarios de la oposición y periodistas.

Cuando denuncias de la aparición de nuevas fosas comunes amenazan la administración Uribe, el gobierno colombiano logró desviar la atención hacia la queja planteada ante la OEA sobre la existencia de campamentos guerrilleros en la vecina Venezuela, desatando una nueva crisis entre los dos países.

Un reclamo que, ciertamente, recuerda la que hacían los sandinistas cuando los “contras” actuaban abiertamente desde sus campamentos en Honduras, organizados y financiados por el gobierno de Ronald Reagan, y el entonces canciller hondureño, el mismo que repitió el cargo durante el reciente golpe de estado, decía  que “Honduras no le iba a cuidar las espaldas a los sandinistas”.

La denuncia parece orientada a distraer la atención sobre la dramática situación del país, que el ACNUR describe de la siguiente manera: “La llamada ‘Situación Colombia’ alberga a cientos de miles de refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas internamente. Un agravamiento de la situación humanitaria en Colombia, especialmente en zonas rurales remotas, ha dejado a más de tres millones de personas oficialmente desplazadas dentro del país –la segunda población de desplazados internos más grande del mundo, después de Sudán– mientras que otros han buscado refugio en los países vecinos”.

RELATO SOBRE FOSAS

 “Luego que los desangrábamos, nos preguntaban: ¿quién manda eso?. Alías ‘J’ y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como cinco minutos. Luego se las mostrábamos a ‘J’ o a Daniel, y luego las botábamos al río o a donde ellos dijeran”.

Quien habla es Iván Laverde Zapata, un paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que decidió confesar  ante los fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz como se deshacían de los cuerpos de sus víctimas, en los hornos crematorios o arrojándolos al río Cauca, en el Departamento de Antioquia, cuando Álvaro Uribe era el Gobernador.
«Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río. Botando muertos, muchos de las AUC cayeron presos».
Pero no solo así se deshacían de los cadáveres. Hace años se hablaba en Colombia de los cementerios clandestinos.
La revista “Semana” ha publicado varios, quizás decenas, de artículos sobre el tema a lo largo de los años.

En el 2006 la periodista Andrea Peña publicó uno, titulado “La hora de las fosas comunes”. El artículo provocó tales reacciones que fue recogido en la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), donde puede ser leído hoy.

¿Qué decía?
“A mediados de febrero, la Fiscalía encontró 21 cadáveres en fosas comunes en tres veredas de Ciénaga, en el Magdalena. Durante los dos meses siguientes, otros 40 cuerpos fueron hallados en varias fosas en San Onofre, departamento de Sucre. Por la misma fecha, las autoridades descubrieron 29 cuerpos más en El Catatumbo, Norte de Santander. Hace dos semanas, un desmovilizado denunció que había unos 800 cuerpos enterrados en el Urabá antioqueño. Y hace tres días, 15 cuerpos fueron encontrados en San Miguel, en el Putumayo”.

LA MACARENA

La lista es interminable. El jueves de la semana pasada, un grupo de eurodiputados, congresistas de oposición y representantes de diversas organizaciones visitaron la que, por ahora, es la fosa más grande ya descubierta en Colombia. “Se trata de dos mil cadáveres enterrados cerca de un batallón del Ejército colombiano. Sin embargo, la Cancillería insiste en negar el problema”, dicen los informes de prensa.

En realidad lo que se celebró fue una audiencia pública, en la que los habitantes de La Macarena, en la región oriental del país, unos 450 km al sur de Bogotá, en su mayoría campesinos, decidieron levantar su voz para denunciar lo que ha venido ocurriendo en el lugar donde, según los relatos, llegaban los helicópteros militares a dejar los cuerpos que luego eran enterrados en la enorme fosa común.

Para el gobierno “En el cementerio del municipio de La Macarena sólo existen tumbas individuales excavadas en momentos diferentes, separadas entre sí por más de un metro de distancia. Esta circunstancia fue verificada por funcionarios del cuerpo diplomático acreditado en Colombia que visitaron el municipio», según un texto del Ministerio de Exteriores.
La Cancillería habla de 449 cadáveres de personas abatidas por el Ejército en combates realizados en la zona, que estarían en ese “cementerio”.

Pero la propia Procuraduría ha hablado de cerca de dos mil cadáveres. Se trata, probablemente, de las víctimas de los “falsos positivos”, jóvenes asesinados por el ejército y luego presentados como bajas guerrilleras en combates que nunca existieron. Pero que servían al ejército para mostrar los avances en su lucha contra la guerrilla. En todo caso, se ha pedido una investigación para esclarecer lo ocurrido en ese lugar.

Confrontado a esa realidad, el presidente Uribe se fue el domingo pasado a La Macarena para felicitar al ejército por los logros de su política de “seguridad democrática”. Desde allí acusó de “voceros del terrorismo” que querían desprestigiar a las fuerzas militares a quienes acompañaron la audiencia para comprobar la tragedia que se oculta en el lugar.
«Me dicen que Álvaro Uribe Vélez está en La Macarena. Mucho ojo a las víctimas, fue a ver cómo esconde la atrocidad que cometió”, señaló la senadora Piedad Córdoba.

“El Presidente no podrá ocultar con ataques personales un hecho que hay allí, que ha sido comprobado por una comisión del Congreso de la República que hizo presencia en el municipio de La Macarena y que constató que allí, en los terrenos aledaños a la base militar, hay un cementerio», dijo, por su parte, el congresista Iván Cepeda.

La eurodiputada Ana Gómez, de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que también estuvo presente, calificó de “aberración” el asesinato de los civiles. «No tienen que estar para matar al pueblo, hay una horrible perversión en estos hechos en que jóvenes inocentes, hombres y mujeres, son cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos, en falsos guerrilleros».

NUEVAMENTE LA DAS

A estos escándalos se sumó una nueva denuncia contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El exdirector de Inteligencia de ese organismo, Fernando Tabares, reveló como la presidencia de la República lo convirtió en instrumento para atacar a la Corte Suprema, parlamentarios de la oposición y periodistas.

Tabares se presentó el pasado 9 de julio ante un fiscal delegado de la Corte Suprema para prestar declaraciones, acogiéndose al “principio de oportunidad” en una investigación sobre actividades ilegales de la DAS.

“De manera detallada y clara, Tabares confirma lo que era un secreto a voces: que todas las órdenes para hacerles seguimiento a los magistrados de la Corte Suprema y opositores al gobierno vinieron directamente de la Casa de Nariño. Y no de cualquier funcionario sino de Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia de la República”, afirma la revista “Semana”.

Los ataques con la Corte Suprema estaban relacionados con la prisión del exsenador, primo y estrecho aliado político de Uribe, Mario Uribe, el 22 de abril del 2008, acusado de vínculos con los crímenes de la parapolítica que sustentan al gobierno colombiano.

Las declaraciones de Tabares comprometen directamente a Moreno, encargado por Uribe del contacto con la DAS para las actividades ilegales de seguimiento, grabación y hostigamiento de quienes el gobierno consideraba un estorbo para sus actividades.

Colombia:

Atentado contra “Justicia y Vida”

El pasado miércoles 21 de julio, alrededor de las 4:30 pm, la ventana de la oficina de la organización de derechos humanos “Justicia y Vida”, fue impactada por un proyectil de arma de fuego que, por fortuna, no logro herir a ninguna de las personas que allí se encontraban.

La oficina se encuentra en un octavo piso en el centro de Bogotá y por las características del orificio dejado por la bala, pensamos que el disparo salió de un edificio aledaño a la oficina.

Esta nueva agresión se enmarca dentro de las amenazas contra la vida de Lilia Solano, directora de la organización.
El viernes 23 de julio en horas de la mañana, recibió nuevamente amenazas por vía telefónica donde se  describen actividades y lugares que ella frecuenta y se le señala de apátrida, terrorista, y amenazan con atentar contra su vida.

Consultada por “UNIVERSIDAD”, Lilia Solano estimó que el atentado y las amenazas pueden estar vinculados al hecho de que “Justicia y Vida”, junto con otras organizaciones, presentó un Recurso de Nulidad contra el acuerdo de Defensa y Seguridad entre Colombia y Estados Unidos.