Evo Morales, pide cobrar un 50% de regalías a las empresas extranjeras que explotan el gas natural, de modo que no se pudiera descontar nada sobre el monto tributable.
Bolivia está de nuevo en crisis. Esta vez, en torno a la explotación y los beneficios del gas natural. Hace poco más de año y medio el conflicto obligó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar. Él mismo había privatizado el petróleo, ocho años atrás, durante su primera presidencia. La fórmula aplicada entonces por Sánchez de Lozada para privatizar los hidrocarburos, la «capitalización» de las empresas, fue presentada como un gran hallazgo por los organismos financieros internacionales.
Gracias a la «capitalización», una privatización a plazos, el Estado perdió los ingresos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la petrolera estatal, que diariamente aportaba el 65 % de sus ingresos, haciéndose un total de $450 millones por año. El estado tenía entonces una participación del 62% del negocio del petróleo en Bolivia, pero después de la transferencia de la petrolera estatal al sector privado comenzó a recibir cada vez menos recursos, ya que la nueva ley de Hidrocarburos dispuso que las alicuotas que las transnacionales pagan al país bajaran del 50 al 18 %.
Pero, cuando Sánchez de Lozada volvió al poder el déficit fiscal había trepado a más de 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y el país se había hecho más pobre y más inmanejable.
La población exigió entonces recuperar para el estado los hidrocarburos y desató enormes manifestaciones en todo el país. En medio de las protestas, Sánchez de Lozada mandó el ejército a la calle y cuando los muertos superaban ya la treintena tuvo que abandonar el poder y salir corriendo del país. Ahora tratan de que vuelva para enjuiciarlo por su responsabilidad en aquella masacre.
A Sánchez de Lozada lo reemplazó en el cargo su vicepresidente, Carlos Mesa. Desde entonces el debate en torno al destino de los recursos naturales y del gas, en particular, sigue. Se realizó un plebiscito, el año pasado, con cinco preguntas en torno al tema, todas orientadas a reforzar la presencia del estado en el control de los hidrocarburos. Pero no todas lo suficientemente claras en torno a un tema fundamental: hasta que punto se respetarían los contratos ya firmados con las empresas extranjeras.
En el plebiscito se aprobó también cobrar «impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo».
DISCREPANCIAS
Pero, el gobierno y la oposición discrepan sobre el alcance de esa propuesta.
Para la oposición, el gobierno insiste en mantener casi inalterable la política energética neoliberal heredada de Sánchez de Lozada. Mesa está dispuesto a abrogar la Ley 1639 -la Ley de Hidrocarburos neoliberal-, pero mantiene la Ley 1731 y los viejos contratos neoliberales que entregan casi la totalidad de las reservas gasíferas a las corporaciones, acusan sus opositores.
Mesa envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley en que se cobraba un 18% de regalías y un 32% de impuestos, que podrían verse reducidos, si la empresa tributaba en el extranjero y se podían cancelar en forma gradual.
La oposición, encabezada por el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), el diputado Evo Morales, exigía cobrar un 50% de regalías, de modo que no se pudiera descontar nada sobre el monto tributable. La diferencia no era pequeña. Según Morales, el proyecto del gobierno representaba ingresos de apenas $150 millones anuales, mientras que, con el de la oposición, esos ingresos podrían llegar a los $750 millones.
Al final, el congreso aprobó, por 58 votos a 47, una tercera opción, más cercana a la propuesta de la oposición que del gobierno. Se trata 18% de regalías y 32% de impuestos, pero que deberán ser cobrados sin posibilidad de descuentos. Se calcula que, tal como quedó la ley, el estado boliviano deberá recibir unos $600 millones anuales.
La aprobación de la nueva ley se dio después de casi dos semanas de protestas, que interrumpieron el tránsito en una de las principales carreteras en el centro del país, en el área del Chapare. Mesa había dicho (y ha cumplido) que no iba a mandar la tropa para despejar las carreteras, lo que implicaría, casi con seguridad, muchos muertos más.
Para el presidente y su ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, esa ley es «suicida», pues representará graves demandas contra el país por parte de las empresas petroleras.
Mesa había advertido que no estaba dispuesto a promulgar esa ley y, poco después, propuso anticipar en dos años las elecciones y realizarlas en agosto próximo. El congreso rechazó esa medida y se especulaba que el presidente podría entonces presentar su renuncia irrevocable al cargo.
Bolivia estaba sumida así en una nueva y profunda crisis política y no se descartaba que la renuncia de Mesa abriera las puertas, de todas maneras, a elecciones anticipadas.
Ante esa posibilidad, ya se barajaban nombres. Evo Morales es uno de ellos, pero se habla también de los expresidente Jaime Paz y Jorge Quiroga, es último representante de los sectores neoliberales cercanos al expresidente Sánchez de Lozada.
Una historia de pobreza
Detrás de esta crisis está otra, más profunda y ancestral, que se expresa en la pobreza en que viven cerca de 70% de los 8,5 millones de bolivianos.
Un reportaje publicado recientemente sobre la crisis de Bolivia destacaba que en Tarija, donde se concentra el 85% de las reservas de gas conocidas del país, miles de personas tienen que cocinar con leña, porque carecen de recursos para comprar gas.
Un destacado intelectual paceño, Álvaro García Linera, explicaba que esa pobreza tiene que ver con la forma en que se organizó la estructura del poder en el país, una lógica de «enclave colonial». Los españoles se llevaron, primero, la plata. Después fue el estaño , ahora, el gas.
«En 1924, la estadounidense Standard Oil descubrió el primer pozo en Bolivia pero decidió no informar al gobierno y exportarlo sin pagar impuestos. En 1937, la Standard Oil fue expulsada, se nacionalizaron sus propiedades y se creó YPFB. Pero, en los 90 el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada terminó con YPFB y la ofreció a compañías extranjeras. Las ganancias de un gasoducto para exportar gas a Brasil fueron para la Enron de Estados Unidos, protagonista de una de las mayores quiebras fraudulentas. En tiempos del Goni el negocio petrolero dejaba apenas un dólar al Estado por cada $24 que se quedaba la empresa», dijo García a un diario argentino.
Ahora, asegura, «hay una lucha por reconfigurar esa estructura».
Según el líder de la bancada parlamentaria del MAS, Antonio Peredo, en nuestra región el modelo neoliberal, después de 20 años de aplicación, «ha profundizado los niveles de pobreza; en vez de resolver problemas, los ha creado. Entonces la gente, el pueblo, ha dicho basta. Vamos a buscar otros mecanismos».
Esa lucha se manifiesta también contra la privatización de los servicios de agua potable, cuyo consumo se ha encarecido enormemente. «Nosotros tenemos que pagar la instalación del agua, que hicimos nosotros mismos. ¡Nos han cobrado $450!», dice el zapatero Sixto Pati Pérez, a mismo diario argentino, en la pobladísima avenida 16 de Julio, en el corazón de El Alto, la cuarta ciudad en importancia del país, ubicada en las cercanías de La Paz.
«Una minoría mestiza ha gobernado desde que el país nació, hace 180 años. Una minoría mestiza ha manejado los recursos nacionales como si fueran suyos desde entonces», dijo el comentarista de la BBC de Londres, Miguel Molina.
Bolivia es un país rico, agrega, pues tiene estaño, gas natural, petróleo, zinc, tungsteno, antimonio, plata, acero, plomo, oro y madera. Pero su pueblo es pobre.
«Uno se pregunta qué pasaría si, a final de cuentas, las organizaciones que representan a la mayoría de la población boliviana tuvieran razón, y los partidos políticos y quienes los dirigen estuvieran equivocados», dice Molina.
Quizás las lecciones de Bolivia nos sirvan para enfrentar aquí las propuesta de privatización de las telecomunicaciones, los seguros y todo lo demás.
