$15 millones donados por el Gobierno de Taiwán a El Salvador en el 2003 se “esfumaron”. Fue en los últimos días de su administración cuando el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) denunció la responsabilidad de su antecesor, Francisco Flores (1999-2004), en esa desaparición.
René Landaverde, abogado de la parte querellante en este caso y representante de la organización Iniciativa Social para la Democracia (ISD), dijo a UNIVERSIDAD que el dinero podría haberse utilizado en la campaña de Antonio Saca, candidato de la conservadora agrupación Arena (partido también de Flores), elegido presidente para el período 2005-2009.
No se sabe, con certeza, si ocurrió así. Flores, que estuvo prófugo cuatro meses y medio antes de presentarse a los tribunales, está acusado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares.
Funes se refirió a un “Reporte de Operaciones Sospechosas” (ROS) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde se mencionaba el movimiento de $10 millones, depositados en el entonces Banco Cuscatlán, en San José, y que habrían ido a parar a las cuentas del Instituto de Formación Política José Antonio Rodríguez Porth, de Arena; a dicho documento la fiscalía salvadoreña no había prestado, hasta entonces, atención alguna.
En todo caso, Guillermo Ávila Qüehl, miembro de la junta directiva del Instituto, afirmó en junio del 2014 a una comisión parlamentaria investigadora de la denuncia, que no tenía conocimiento de que “el centro [hubiera] recibido cheques de parte del expresidente Flores”. Así que el destino de los $10 millones está todavía poco claro.
De los otros $5 millones no se tiene noticia alguna. El 2 de mayo pasado, Diario1.com. −de El Salvador− aseguró: “el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que elaboró el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que el rastro de $5 millones ‘se pierde’ después de pasar al Banco Cuscatlán de Costa Rica y luego a Bahamas”.
Sobre este monto, dice el periódico, “el requerimiento que los fiscales Julio Zamora y Eugenia Maricela Campos –ella fue separada del caso– presentaron el 30 de abril del año pasado, en el Juzgado 1° de Paz de San Salvador, infiere que ‘fueron a integrar al patrimonio personal del imputado”, o sea, del expresidente Flores.
Landaverde estuvo en Costa Rica a finales de abril, acompañado de las abogadas de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (Fespad), Berta Deleón y Teresa Naves, para entrevistar a funcionarios del antiguo Banco Cuscatlán involucrados en el caso y conversó con UNIVERSIDAD sobre este nuevo escándalo de corrupción que afecta a El Salvador.
¿Qué papel representan ustedes en esta investigación sobre el manejo de fondos donados por Taiwán al Gobierno de El Salvador en el 2003?
−Somos parte querellante en el juicio contra el expresidente Francisco Flores por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares; representamos organizaciones ciudadanas. Ejercemos la acusación de manera conjunta o separada, con la Fiscalía General de la República. Nuestra participación se generó por la desconfianza que genera el sistema judicial de El Salvador y el papel de la Fiscalía. Vinimos a entrevistar a cinco ejecutivos de alto nivel del Banco Cuscatlán de aquella época, a los que estuvieron directamente involucrados en la apertura y manejo de esa cuenta bancaria.
En su opinión, ¿qué pasó con ese dinero?
− Los $10 millones sirvieron para financiar la campaña del expresidente Elías Antonio Saca, electo en marzo del 2004. Todavía no se sabe qué pasó con los otros $5 millones. Hay tres peritos financieros y bancarios, nombrados a propuesta nuestra, que deben presentar su informe el 13 de mayo, cuando se vence el plazo de la instrucción.
Al parecer, el banco violó todos los protocolos internos y normativas contra lavado de dinero al abrir cuenta con cheques que venían a nombre del presidente de El Salvador. El banco tuvo que haber advertido, en su momento, que eso tenía un origen probablemente ilícito y girar un reporte de operación sospechosa. Sin embargo, el banco abrió las cuentas aquí, a nombre de la fundación.
Usted habla de lavado de dinero. Sin embargo, una acusación en ese sentido no ha sido presentada por la fiscalía…
−En este juicio no se ha incorporado el delito de lavado de dinero. En nuestra opinión, ese es el delito que mejor queda configurado en esta investigación, porque venía una donación para el gobierno de El Salvador, de $15 millones, del gobierno de Taiwán, en octubre del 2003. Esos cheques no se depositaron en las arcas del Estado, sino aquí en Costa Rica a nombre de ese instituto. Ese dinero se fue de aquí a Bahamas, luego a Miami y terminó en El Salvador, en una cuenta del partido Arena. Todo eso lo hicieron para lavar ese dinero. Nosotros vamos a pedir al juez que incorpore el delito de lavado de dinero; aunque el fiscal no la haya pedido, el juez puede hacerlo.
Al incorporar el delito de lavado de dinero habría muchas personas involucradas, saldrían nombres a la luz pública. Hay contubernio entre los partidos políticos para que no se investigue, que no se incorpore el delito de lavado de dinero a esta causa.
Ustedes han sido muy críticos con el papel de la fiscalía. ¿Qué le reprochan al Fiscal?
−Pedimos, hace poco menos de dos meses, al juez séptimo de instrucción que separara al fiscal Luis Martínez de la investigación de los delitos que se atribuyen a Flores. El fiscal fue notario particular del expresidente Flores cuando fungió como presidente de la República; hoy, siendo fiscal, es accionista y directivo de una empresa que fabrica muebles, propiedad de la mujer de Francisco Flores, Lourdes.
Nosotros fuimos perseguidos por el fiscal general de la República: en dos ocasiones nos han enviado correspondencia amenazándonos para que no hagamos referencia al Reporte de Operación Sospechosa emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Fiscalía de El Salvador, un documento que la Fiscalía no investigó en su momento, que prefirió archivar.
¿Qué pasó con la investigación abierta por la Asamblea Legislativa?
−La Asamblea Legislativa creó una comisión para estudiar el destino de esos dineros. Flores compareció en dos oportunidades y dijo que no eran $10 millones, sino como $70 millones, pero ante las reiteradas preguntas de los diputados sobre el destino de esos fondos manifestó que los había entregado a los destinatarios “en costalitos”. La Asamblea citó a los supuestos beneficiarios para que atestiguaran y dijeron que nunca habían recibido esos dineros, incluyendo algunos alcaldes. Ni la cancillería, ni la Corte de Cuentas tenían registro de esas donaciones, precisamente porque el dinero nunca entró a las arcas del Estado.
En ese tiempo desaparecieron pruebas, se arreglaron testigos. Cuando se presentó el requerimiento, a finales del 2013, la jueza de paz elevó la causa a instrucción, pero como había reo ausente (ya Flores se había escondido) ordenó la detención del expresidente.
El caso llegó al juez primero de instrucción de San Salvador, Levis Italmir Orellana, muy cuestionado por casos de corrupción. Logramos sacarlo del proceso, que está hoy en manos del juez Miguel Ángel García, quien ha mostrado mucho profesionalismo.
Pero hay un silencio –del gobierno, de los partidos políticos, de la Asamblea Legislativa, del Fiscal– que interpretamos como una complicidad. El actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, no ha dicho nada.
0 comments