Mientras negocia la cesión  a Estados Unidos de tres bases militares, el gobierno de Colombia lanza cortina de humo con nuevos ataques a sus vecinos.

El gobierno colombiano está negociando la instalación de tres nuevas bases militares norteamericanas en su territorio, una medida que despierta alarma en los países vecinos. Aunque las reacciones no han sido las mismas, tanto Brasil como Venezuela y Ecuador han expresado sus inquietudes ante el anuncio del presidente Álvaro Uribe.
Con esas bases, Estados Unidos pretende sustituir y ampliar las operaciones que realizaba desde la base de Manta, en Ecuador, cuyo cierre exigió el presidente de ese país, Rafael Correa.
Tres bases serán instaladas en septiembre: Malambo, en el Atlántico; Apiay, en el departamento de Meta; y Palanquero, en Cundinamarca. Otras dos están siendo evaluadas por los gobiernos colombiano y estadounidense, según un artículo publicado por la agencia Adital.  
Las bases, en realidad, solo vienen a consolidar una relación de casi una década, desde que el gobierno de George Bush decidió financiar y apoyar el gobierno conservador de Álvaro Uribe.
Bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el llamado “Plan Colombia” le ha permitido a Uribe recibir más de $6.000 millones, desde el 2001.
Las consecuencias del plan han sido devastadoras para Colombia, donde la guerra ha seguido provocando desplazamientos forzados de personas, que algunas instituciones estiman en más de cuatro millones de personas. Miles de ellas han tenido, además, que buscar refugio en países vecinos, ya sea Ecuador o Venezuela.
Marcelo Pollack, director adjunto del Programa para América de Amnistía Internacional afirmó que Colombia vive «una de las mayores tragedias ocultas de hoy día y desmienten la afirmación del gobierno colombiano de que el país ha superado su turbulento pasado».Solo el año pasado, casi 400 mil personas se sumaron a los desplazados, una cifra 24% superior a la registrada en el 2007.
Diversos estudios indican, además, que el plan ha tenido un efecto nulo sobre la producción y exportación de cocaína.  Sus recursos se destinan casi en su totalidad – como era, en realidad, su objetivo – a la lucha contra la guerrilla.
El experto colombiano en asuntos militares, Armado Borrero, dijo a la BBC que el nuevo acuerdo militar permitirá el sobrevuelo de aviones de EE.UU. con equipos electrónicos y radares de gran precisión para la toma de fotografías y la interceptación de comunicaciones. “Esos equipos permiten detectar vuelos, movimientos en tierra y en el mar”, explicó.
Otro analista, también citado por la BBC, León Valencia, director de la corporación Nuevo Arco Iris indica que la operación de aviones de EE.UU. en bases colombianas “es mucho más estratégica que en Manta, porque aquí no solo vigilarán el Pacífico, sino también el Caribe”.
El anuncio de las nuevas bases provocó la reacción del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo, durante una reunión con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, realizada en São Paulo la semana pasada, que no ve con buenos ojos la idea de que se instalen más bases militares estadounidenses en Colombia.
«A mí no me agrada la idea de otra base militar en Colombia», dijo Lula, quien agregó no querer “crear conflicto ni con Uribe ni con EE.UU.
Por su parte, la presidenta Bachelet dijo estar de acuerdo con Lula, y propuso que el asunto fuera analizado ampliamente en los próximos días en Ecuador, cuando se celebre la cumbre de a Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

CORTINA DE HUMO

El anuncio de las negociaciones con Estados Unidos fue seguido por otro, en el que Uribe acusó a Venezuela de haber entregado lanzamisiles a las FARC.
La revelación no fue hecha directamente por Uribe o la cancillería colombiana, sino por la revista Semana, enana cuidadosa puesta en escena por el gobierno colombiano.
“Se trataba, nada más y nada menos, de un informe sobre el hallazgo en un campamento de las FARC de varios lanzacohetes de propiedad del ejército venezolano, los cuales terminaron en manos de esa guerrilla”, dice la revista, en la que se enfatiza siempre la palabra “varios”, sin revelar exactamente cuantos lanzacohetes eran. Informaciones posteriores hablan de tres, que habían sido vendido por una empresa sueca a Venezuela, hace más de 20 años.
El asunto se transformó rápidamente en un escándalo internacional, ayudado por la reacción de Caracas, que anunció una respuesta “muy firme”.
El embajador venezolano en Bogotá, Gustavo Márquez, llegó a hablar de un intento por justificar una “intervención” en su país.
En realidad, la cuidadosa puesta en escena parece apuntar más a lanzar una cortina de humo en la otra decisión, mucho más importante, de reforzar la presencia militar norteamericana en Colombia y, de paso, exhibir nuevamente al gobierno de Caracas ante la comunidad internacional.
El gobierno venezolano anunció diversas medidas contra Colombia, entre ellas el congelamiento de las relaciones diplomáticas, la suspensión de importaciones desde Colombia y la revisión de proyectos conjuntos.

URIBE Y EL NARCOTRÁFICO

Si bien la cancillería venezolana alegó que el aumento de la presencia militar estadounidense en bases militares del país vecino, convierten a Colombia en un peligro latente para la región, fue el tema de los tres lanzacohetes lo que ocupó las páginas de los medios.
El diario norteamericano The Washington Post sugirió incluir el gobierno de Venezuela en la lista de “patrocinadores del terrorismo”, por colaborar con “el movimiento rebelde colombiano, conocido por el terrorismo y el tráfico de drogas”.
Sin embargo, el Post no debe desconocer las interminables informaciones sobre los vínculos de Uribe con los paramilitares colombianos y su relación con el narcotráfico que se encuentran en miles de páginas de medios colombianos y extranjeros.
El periodista colombiano Javier Darío Restrepo publicó un largo artículo titulado Colombia: ¿hacia un estado paramilitar?, que fue reproducido por el diario uruguayo La República.
Ahí se relata en detalle los vínculos de Uribe con los paramilitares desde su época de gobernador de Antioquia (95-97), recordando sus vínculos con la cooperativa de seguridad privada “Convivir”, “unas organizaciones paramilitares que los hacendados crearon para proteger sus tierras y ganados, y sus vidas amenazadas por la guerrilla que en ese año asolaba las propiedades rurales en Antioquia y en el vecino Córdoba”.
El artículo recuerda otros eventos que ponen en evidencia los vínculos de Uribe con los paramilitares colombianos, entre ellos el homenaje al “general Rito Alejo del Río, llamado ‘el pacificador de Urabá’ y actualmente procesado por su vinculación con los grupos paramilitares de esa región de la costa norte. En ese homenaje, celebrado en Bogotá, Uribe fue el orador principal”. Al asumir la presidencia, Uribe nombró a del Río su asesor en asuntos de seguridad.
“También lo fue en el que los ganaderos de Córdoba organizaron en honor de su líder gremial, Rodrigo García Caicedo, conocido como de la entraña de los hermanos Castaño y exponente de la doctrina de las autodefensas”, agrega el artículo.
Parientes cercanos de Uribe; ministros, diputados y senadores han sido procesados y condenados como miembros de los grupos paramilitares, estrechamente vinculados al narcotráfico.
Según datos de la Corte Suprema de Colombia y de la Fiscalía, citados por Restrepo, “de los más de 80 legisladores implicados en procesos de la ‘parapolítica’, 60 (o sea, casi el 80%), pertenecen a la coalición de gobierno.
El propio presidente ha sido acusado de haber comprado votos de parlamentarios para lograr la reforma a la ley que le prohibía reelegirse, dejando en evidencia el grado de descomposición a que se ha llegado en la política de ese país.