Sindicalistas, estudiantes y miembros del Movimiento de los Sin Tierra participaron el 13 de marzo en una manifestación en Brasilia, como apoyo a la democracia y a la empresa estatal Petrobras. (Foto: AFP)
En un clima político enrarecido, en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción que envuelve a la empresa petrolera nacional Petrobras e involucra a algunos de los principales líderes políticos del país y entre críticas a su política económica y social de orientación conservadora, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, intenta equilibrarse en el poder y advierte a sus adversarios que no pude haber una “tercera ronda” electoral en el país.
Imposible dejar de comparar el clima que se ha ido creando en Brasil con el que antecedió al golpe militar de 1964. Aunque el entorno político regional haga hoy inviable una solución militar, las demandas de la oposición en el Congreso para aprobar el juicio político a la gobernante apuntan a lo que la Presidenta ha denunciado como un intento de convocar a una “tercera ronda” electoral, después de las dos celebradas en las urnas y que la llevaron a su segundo mandato presidencial.
En la primera ronda, en octubre pasado, la candidata logró casi 42% de los votos, frente a 34% de su principal rival, Aécio Neves, del conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). En un segundo turno muy ajustado, Rousseff superó por apenas 4% los votos de Neves.
El PSDB trató de ocultar su participación en la organización de las manifestaciones opositoras, pero finalmente reconoció estar detrás de esos actos. Del mismo modo, aunque Neves niegue que el juicio político esté en su agenda, otros sectores del partido no ocultan su apoyo a la medida que, para el gobierno, es un intento de convocar un tercer turno electoral.
MANIFESTACIONES
La semana pasada salieron a las calles organizaciones cercanas al Gobierno y enfrentadas a la ofensiva de la derecha política en Brasil.
La manifestación fue convocada en todas las capitales de Brasil con la participación de sindicatos, asociaciones estudiantiles y organizaciones, como el Movimiento de los Sin Tierra (MST), el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE).
Pero no se trató de un cheque en blanco al gobierno, cuya política económica está en manos de Joaquim Levy, ministro de Hacienda de reconocido corte liberal, un economista formado en la Escuela de Chicago.
Con la previsión de una contracción económica de 0,6% este año y una inflación superior al 7%, la mandataria defiende un plan de ajuste y privatizaciones que divide su base política de apoyo.
Rousseff nombró también en la cartera de Agricultura a la polémica líder del sector de agronegocios, Katia Abreu, que niega la existencia de latifundios en Brasil, a pesar de que, según datos oficiales, el 1% de los empresarios del campo son dueños de casi la mitad de las tierras cultivables.
El otro tema que preocupa a estos sectores es la campaña por la privatización de la empresa petrolera brasileña Petrobras, envuelta en un escándalo de corrupción que podría ascender a más de $3.000 millones.
Se trata de un mecanismo mediante el cual empresas constructoras brasileñas pagaban −por la concesión de obras públicas− propinas que iban a parar al bolsillo de los involucrados o a las cajas negras de campaña de los partidos políticos, incluido el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y también al PSDB, de la oposición.
En medio de las denuncias y de la investigación en curso surgen las voces que sugieren la privatización o la apertura de los negocios de las empresas, a lo que se oponen estos sectores.
Se trata en realidad (como lo fue en México en los años 40) de un tema particularmente sensible y de larga data que, en Brasil, dio pie a una campaña en la década de los 50 bajo, la consigna “El petróleo es nuestro”, que llevó a la creación de Petrobras.
Pero la actitud de los gobiernos del PT en esta materia es otro tema delicado que el periodista Rui Martins −editor de la página “Direto da Redação”− criticó, destacando que en los doce años en que el PT ha estado en el poder “no hizo nada a favor del monopolio del petróleo”, cuya explotación el gobierno anterior, de Fernando Henrique Cardoso, ya había abierto parcialmente al capital extranjero.
“¿Cómo se pueden movilizar brasileños mal informados contra la privatización de Petrobras, si en verdad ya está semiprivatizada desde 1997?”, se preguntó Martins.
CORRUPCIÓN
La oposición, por su parte, sale a la calle con la consigna del juicio político a la Presidenta, basada en el escándalo de corrupción que afecta a Petrobras.
Cuarenta y siete políticos, incluyendo 22 de los 513 diputados federales y 12 de los 81 senadores de diversos partidos, están siendo investigados por la justicia brasileña, por su posible relación en el escándalo por el desvío de fondos de la empresa.
La lista incluye a los actuales presidentes Eduardo Cunha, de la Cámara de Diputados, y Renan Calheiros, del Senado, ambos miembros del PMDB, una vasta coalición difícil de ubicar en el espectro político, principal partido del Congreso y aliado del gobierno. En todo caso, los dos rechazan cualquier vínculo con actividades ilegales y no han dejado sus cargos, que los colocan en el segundo y tercer lugar en la sucesión presidencial en Brasil.
El PMDB denunció también lo que estima como presión del gobierno para la inclusión de ambos en la lista, lo que ha tensado las relaciones y podría dificultar la aprobación de las medidas económicas de ajuste que pretende la gobernante.
El acto de protesta de la oposición fue convocado principalmente por Internet, por un movimiento llamado “Salgamos a la calle”. La idea era llevarlo a cabo no solo en 24 ciudades de Brasil, sino también en ciudades como Sidney, Santa Cruz de la Sierra, Londres y Miami.
El escándalo del “Lava Jato” despertó un sentimiento de frustración e impotencia generalizado en Brasil, lo cual el periodista Mino Carta −director de Carta Capital− resumió en un artículo titulado “El suicidio de Brasil”.
“Desde el primer acto, la obra se desarrolló al sabor de la corrupción. Y de mucha incompetencia, hasta en el momento de robar. Y de prepotencia y de maniobras oscuras, y de la insoportable conciliación de las élites”, comentó.
Mientras tanto, Ricardo Kotscho, uno de los periodistas más reconocidos del país y muy cercano al máximo líder del PT, el expresidente Lula, se preguntó: “¿Hacia dónde vamos, Dilma?, ¿al fondo del pozo o al pozo sin fondo?”.
Para Kotscho, Brasil vive “un clima de fin de feria, que lo barre de punta a punta, solo dos meses después de que la Presidenta asumiera el cargo por segunda vez (…) Feriantes y clientes –agrega– están igualmente insatisfechos y cabizbajos, alternando sentimientos de indignación y desesperanza. Es difícil saber qué es lo peor: si el gobierno o la oposición. No tenemos hacia donde huir”.
PAPEL DE LA PRENSA
La crisis puso también en evidencia el papel de la prensa, denunciado por diversos profesionales.
“Hay una conspiración en marcha para desestabilizar al Gobierno, aun a costa de la desorganización de la economía. No se puede tapar el son con un dedo”, dijo el periodista Luis Nassif. En su opinión, el primer factor de esa conspiración es lo que califica de “cobertura enrevesada” de los medios sobre el caso de Petrobras, gracias a filtraciones selectivas de información.
Para el editor jefe de Correio do Brasil, Gilberto de Souza, “la gran prensa sí es golpista y está muy bien organizada”. Esto lo dijo en referencia a la creación del Instituto Millenium, “una institución que agrupa a los principales dirigentes de los medios de comunicación conservadores, con apoyo del capital internacional vinculado a los principales acreedores del país”.
“Su trabajo –aseveró– consiste en unificar el mensaje transmitido a la opinión pública y mantener el ataque diario a las fuerzas de izquierda en el país”, creando un clima que, en su opinión, recuerda el que provocó, en agosto de 1954, el suicidio de quien es, quizás, el más influyente político brasileño del último siglo, el expresidente Getulio Vargas.
