Todas las miradas de los “mercado”, de la UE y de los organismos financieros internacionales estarán puestas en Dublín.
“Irlanda cercena su Estado de Bienestar”. Así calificaba la prensa europea el resultado del presupuesto presentado el pasado miércoles 24 de noviembre por el Presidente irlandés, Brian Cowen, al parlamento, una medida agónica de un gobierno que ha tenido que convocar a elecciones anticipadas para enero próximo, desestabilizado por la gravedad de las medidas propuestas.
El plan de ajuste, exigido por la Unión Europea (UE) y apoyado por los organismos financieros internacionales para enfrentar una grave crisis, contempla recortes por unos $3.800 millones en prestaciones sociales y más de $13 mil millones en gasto público, que implicarán la pérdida de casi 25 mil empleos.
El gobierno irlandés piensa reducir el déficit público a 9,1% del Producto Interno Bruto (PIB) el año que viene, después del 32% de este año, una cifra inmanejable, consecuencia de los $48 mil millones inyectados para salvar el sector bancario. Y espera que una mano de obra más barata facilitará el acceso de los jóvenes al mercado laboral, lo que permitiría reducir la tasa de desempleo del 13,5% actual, al 10% en 2014. Pero esas cifras se basan, según las calificadoras de mercado, en datos demasiado optimistas, difícilmente alcanzables.
El plan de ajuste, un intento desesperado por negociar el otorgamiento de otros $115 mil millones para salvar la banca irlandesa de la crisis, recorta los subsidios al desempleo, reduce el salario mínimo, incrementa la edad de jubilación, elimina deducciones impositivas para los ingresos personales y baja el mínimo exento para declarar. Se sube el IVA de manera paulatina: de los 22% actuales a 24% en el 2014. Se crean nuevos impuestos sobre la propiedad y se comenzará a cobrar por la educación universitaria, hasta ahora prácticamente gratuita.
Sin embargo, no se tocará el impuesto de 12,5% a las empresas multinacionales, uno de los más bajos de la Unión Europea y que ha transformado Irlanda en un “paraíso fiscal”. Cowen defendió a capa y espada mantener ese 12,5%, considerado como la principal señal de la identidad económica del país, mientras recortaba el gasto público hasta extremos inimaginables y elevaba los impuestos al resto de la población.
Una de las claves del “éxito” y de la crisis de Irlanda es ese impuesto, mucho menor que en el resto de Europa, y que le permitió atraer cerca de 600 empresas norteamericanas al país, entre ellas Intel, que ahora presionan para que se lo mantenga inalterado.
EXPLICACIONES
Las explicaciones para la crisis irlandesa son muchas y variadas. Leon Bendesky destacaba, en el periódico mexicano La Jornada, que en la última década creció la burbuja inmobiliaria en Irlanda, hasta aportar un 20% del PIB.
“Los créditos que proveían los bancos irlandeses para financiar los negocios inmobiliarios no pudieron sostenerse. Pero los fondos no venían del ahorro de los ciudadanos, de las empresas o del gobierno, sino esencialmente de los bancos que operan a escala internacional”, señaló.
“Según el Bank for International Settlements, organización que aglutina a los bancos centrales de 56 países, los bancos europeos tienen una exposición de unos 650 mil millones de euros (unos $880 mil millones) en préstamos, bonos y otros tipos de deuda concedidos a la banca irlandesa durante la burbuja inmobiliaria que explotó en 2008”, afirma la BBC. Esos bancos son, en este caso, principalmente ingleses, pero también alemanes y franceses.
Al igual que en el caso de Grecia, en mayo pasado, el rescate era, en realidad, un rescate de la banca que había otorgado fondos prácticamente ilimitados para la especulación inmobiliaria o financiera, pero cuya quiebra tendría un efecto demasiado grave para que el sistema la pudiera tolerar.
“La tensión en los bancos aumentó”, dice Bendesky, y “en un acto de populismo en 2008 el gobierno garantizó al cien por ciento los depósitos en los bancos y no sólo eso, sino buena parte de sus deudas”. Incapaz de responder a eses compromisos, el camino fue el mismo de Grecia: aceptar el rescate europeo para pagar a la banca, a costa de sacrificios inmensos para su población. En el caso de Irlanda, se trata de cifras astronómicas para un pequeño país, con una población similar a la de Costa Rica, y cuyo PIB es apenas el 11% del mexicano.
«Esto es lo que se tiene que hacer», dijo Cowen, al presentar su presupuesto, que tendrá ahora que recorrer un camino difícil e imprevisible en el congreso, donde el gobierno no cuenta con la mayoría, antes del 7 de diciembre próximo.
Hasta entonces, todas las miradas de los “mercados”, pero también de la UE y de los organismos financieros internacionales estarán puestas en Dublin, donde la moneda europea, el euro, se juega nuevamente la vida. Lo grave es que, según los expertos, ni siquiera la aprobación de ese dramático plan asegura una salida a la crisis, ni evita que esta se propague a los países más endeudados, entre ellos Portugal.
PROTESTAS
Las medidas han desatado también una ola de protestas, que parecen ser apenas el inicio de un período de graves turbulencias, ante la magnitud de los ajustes y su costo para la población, incluyendo pensionados y estudiantes.
Algo similar a las recetas aplicadas hace un par de décadas en América Latina, pero en un escenario europeo muy distinto.
El resultado es que descontento se expresa ya en las calles y partidos anti-europeístas, como el Sin Feinn, aprovechaban para manifestarse contra los recortes impuestos por el FMI y la Unión Europea.
La protesta se va extendiendo por Europa. “Después de Irlanda, el punto de mira de los mercados ha virado hacia el territorio portugués, que el viernes votará en el parlamento un presupuesto de austeridad que tiene como objetivo frenar el déficit del país del 7,3% al 4,6% del PIB”, señalan los analistas.
Para eso, la receta es la misma: recorte del gasto social, la congelación de las pensiones, subida de impuestos sobre el consumo, y la rebaja de los salarios públicos, en un país que es “uno de los países con mayor inseguridad laboral en la UE, solo detrás de Polonia y España, y con una tasa de desempleo del 10,9%.
El miércoles pasado, una huelga general, la primera en 22 años convocada conjuntamente por las dos grandes centrales sindicales portuguesas, la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP) y la Unión General de los Trabajadores (UGT), paralizó gran parte de los servicios, sobre todo de transporte, incluido el aéreo. Los trabajadores hablaron de tres millones de personas en paro, una cifra que el gobierno redujo drásticamente.
El mismo día, en Inglaterra, los estudiantes volvieron a manifestarse, esta vez en todo el país, contra la decisión del gobierno de coalición conservadora-liberal de imponer los mismos drásticos recortes presupuestarios a la nación.
Una de las marchas más numerosas tuvo lugar en la capital británica, donde varios miles de estudiantes de diferentes instituciones educativas han marchado hasta Whitehall, la sede de las oficinas del gobierno, afirman las noticias provenientes de Londres.
En ciudades como Manchester, Liverpool, Sheffield, Bristol, Cambridge, Newcastle y Edimburgo los estudiantes han ocupado los predios universitarios.
En el caso de las universidades, agrega la información, “se prevé el aumento de la matrícula a unos 14 mil dólares anuales, el retiro de los fondos destinados a la docencia y la eliminación de la asistencia de manutención para estudiantes de bajos recursos”, entre otras medidas.
El problema, además, es que ninguna de estas drásticas medidas de ajuste asegura la solución de las crisis. Al contrario, la prensa mundial está inundada de artículos que advierten contra el caos social, pero también contra los riesgos de que la moneda europea, el euro, no resista.
