Los órganos judiciales nicaragüenses hacen todo lo posible por llevar ante los tribunales al expresidente Arnoldo Alemán.
Arnoldo Alemán está acusado de saquear más de cien millones de dólares de las arcas del Estado nicaragüense.
Fiel alumno del «somocismo», del que fue parte antes de la caída de la dictadura, el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán Lacayo, gobernó al país más pobre de Centroamérica como si se tratase de una de sus haciendas y ahora está acusado por peculado, lavado de dinero y malversación de fondos públicos por un monto que se aproxima a los $100 millones.
Ante la inminente tormenta que se avecinaba una vez que abandonase la presidencia, el líder del oficialista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) logró postularse como diputado y, al ganar su curul, quedó bajo el paraguas del fuero constitucional, que impide llevarle ante los tribunales.
El escándalo de los fondos desviados por Alemán hacia empresas fantasmas de su propiedad y a la Fundación Democrática Nicaragüense, con sede en Panamá, estalló en las manos del actual mandatario, el empresario Enrique Bolaños, quien se comprometió a luchar contra la corrupción y solicitó a la Asamblea Nacional el desafuero de su predecesor y compañero de partido.
No obstante el apoyo de los sandinistas y de algunos disidentes liberales, Arnoldo Alemán, que actualmente ocupa la presidencia del Congreso, cuenta con los votos suficientes para frenar el proceso legislativo en su contra.
No sucede lo mismo en la calle. Según una encuesta realizada por el diario La Prensa de Managua, más del 83 % de los ciudadanos considera que las pruebas presentadas por la procuraduría en contra de Alemán son contundentes y, por lo tanto, debería responder ante los tribunales ordinarios.
LA MAFIA DE ALEMÁN
El «gordo» Alemán, como se conoce al ex presidente, se distinguió durante su período al mando de Nicaragua, de 1997 al 2002, por conducir los asuntos estatales de una marcada manera personalista e interesada.
Muchos llegaron a comparar su «estilo» con el de los Somoza, que durante décadas gobernaron el país con mano de hierro y que saquearon descaradamente las arcas de uno de los Estados más pobres de América Latina.
La boda del exmandatario levantó muchas suspicacias, debido al enorme gasto que representó la ceremonia y los festejos posteriores. El alquiler de un avión para transportar a sus invitados hasta Estados Unidos, en donde se celebró el matrimonio, y la ostentosa fiesta ofendieron la sensibilidad de un pueblo que, en su mayoría, vive bajo el umbral de la más absoluta miseria, lo que obliga a muchos a buscar un mejor futuro cruzando la frontera con Costa Rica o bien hacia el norte, en busca del «sueño americano».
Sin embargo, Alemán tenía la capacidad de desviar la atención sobre los problemas internos de su país inventándose conflictos con naciones vecinas, que le servían para atizar un irreflexivo sentimiento nacionalista con el que lograba la unidad nacional.
La disputa sobre la libre navegación de costarricenses por el Río San Juan, los problemas limítrofes con Honduras por el Golfo de Fonseca o la demanda contra Colombia en el tribunal internacional de La Haya por la soberanía de la isla de San Andrés, son ejemplos de esta jugada nacionalista que Alemán siempre se guardó bajo la manga.
Pero las cosas en el país no mejoraban. La situación de pobreza y marginación se mantenía y se hacía cada vez más grave.
Perdido el apoyo de la mayoría del pueblo, Alemán también dejó escapar el soporte que le brindaban los grupos empresariales, que tomaron conciencia del grado de corrupción que había en el gobierno y del freno que éste imponía al desarrollo económico.
La situación de Alemán se tradujo en un alejamiento de su sucesor, el empresario Enrique Bolaños, quien prometió hacer frente a la corrupción que desangra al Estado.
La primera «bomba» que explotó en las manos de Alemán fue la del canal de televisión estatal. Una fraudulenta negociación con una empresa de comunicaciones mexicana, permitió al exmandatario engrosar sus cuentas con más de un millón y medio de dólares.
El caso ha tenido amplias repercusiones en México y Nicaragua y dejó abierto el camino para nuevas investigaciones.
La Procuraduría develó entonces toda una trama de corrupción en la que Arnoldo Alemán era la figura central.
Al parecer, el ex presidente y trece de sus allegados, — dentro de los que se destacan su hija, su cuñada, un sobrino y un ex ministro –, operaban como una verdadera red mafiosa que, a través de múltiples argucias, se encargaba de desviar y limpiar millones de dólares.
Tanto Bolaños como el procurador general, Francisco Fiallo, han presentado ante la opinión pública varios documentos que, supuestamente, demostrarían la existencia de este entramado.
Desde cheques con la firma de Alemán, hasta órdenes para la transferencia de fondos, se encuentran hoy en manos de los acusadores y han sido mostrados a la prensa.
Si las denuncias se verifican, Alemán desvió desde la presidencia y algunas empresas del gobierno más de cien millones de dólares hacia empresas fantasmas en Honduras y El Salvador.
Sin embargo, el grueso de estos fondos estatales se dirigió a la Fundación Democrática Nicaragüense, — que Alemán preside –, y que, desde su sede en Panamá, se encargó de poner la mayoría de ese dinero en paraísos fiscales.
Las pesquisas sobre el ex mandatario y sus allegados han trascendido el sistema jurídico de Nicaragua, por lo que el ejecutivo de ese país ha solicitado la ayuda de los gobiernos centroamericanos.
Sin embargo, todos estos esfuerzos serán inútiles si el presidente Bolaños no consigue el suficiente apoyo en la Asamblea Nacional para desaforar a Alemán y algunos de sus cómplices que también son diputados en la actual legislatura.
El Congreso consta de 92 miembros, de los cuales 54 pertenecen al oficialista PLC; 46 de estos 54 legisladores han manifestado su lealtad a Alemán, lo que deja una eventual votación sobre el caso del
expresidente en un incómodo empate, ya que los votos de los sandinistas y los liberales disidentes también suman 46.
Además, Bolaños se encuentra en una posición muy complicada, ya que según denunciaron miembros de la oposición sandinista, algo del dinero saqueado por Alemán mediante la Fundación Democrática Nicaragüense, sirvió para financiar la campaña electoral del actual Jefe de Estado.
De comprobarse este extremo, la ley electoral del vecino del norte habilita al Consejo Superior Electoral a anular la elección, lo que podría llevar a la destitución de Bolaños.
Por el momento, el mandatario parece dispuesto a llevar la lucha contra la corrupción hasta sus últimos extremos y, para esto cuenta con el apoyo de la gran mayoría del pueblo y del sector empresarial.
