Empresarios piden $170.000 millones para infraestructura

Una inversión en infraestructura de cerca de $170.000 millones, para “responder a las necesidades de las empresas y los consumidores en los próximos 15 años”, sugirió el Foro Empresarial que se celebró en Panamá de forma paralela a la Cumbre de las Américas.

Dicha cifra podría ascender a $260.000 millones si la región aspira a la cantidad de inversión en infraestructura por habitante que destina un “selecto grupo de países del sudeste asiático”, según el documento entregado en la Cumbre.

La propuesta hace recordar otra hecha hace 54 años, en agosto de 1961 en Punta del Este, cuando el gobierno del entonces presidente John F. Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso: un vasto plan de diez años “destinado a transformar el decenio de los 60 en una década de progreso democrático”.

Para eso se pensaba destinar $20.000 millones, una cifra que –actualizada– debería multiplicarse algunas veces. Entonces empezaba el largo periodo de exclusión de Cuba del sistema interamericano, el cual terminó precisamente en esta Cumbre, celebrada en Panamá, a la que Cuba asistió por primera vez desde esa época.

Una breve revisión de esa historia serviría para recordar los resultados de aquella iniciativa, que pretendía responder a las expectativas que la revolución cubana planteaba a una región entonces dominada por gobiernos conservadores.

“Jamás, en la larga historia de nuestro hemisferio –diría entonces Kennedy–, ha estado este sueño tan cerca de ser realidad, y jamás ha estado en mayor peligro”. Se refería a una cita de Bolívar, en la que expresaba su deseo de ver a las Américas grandes, no por su extensión y riqueza, “sino por su libertad y su gloria”.

Kennedy describía la situación de América Latina de la siguiente manera: “Millones de hombres y mujeres sufren a diario la degradación del hambre y la pobreza. Son millones los desprovistos de albergue adecuado y de protección contra la enfermedad, y sus hijos carecen de la instrucción o del empleo que les permita mejorar su vida (…) Cada día el problema reviste mayor urgencia”.

“Nuestra Alianza para el Progreso es una alianza de gobiernos libres y debe esforzarse por eliminar la tiranía de un hemisferio en que no tiene derecho a estar (…) Pero –agregó– esta libertad política debe ser acompañada por un cambio social. Porque a menos que se lleven a efecto libremente las reformas sociales necesarias, incluyendo reformas agrarias y tributarias, a menos que ampliemos las oportunidades de todos nuestros pueblos, a menos que la gran masa de americanos comparta la creciente prosperidad, nuestra alianza, nuestra revolución y nuestro sueño habrán fracasado”.

Hoy sabemos cuál fue el destino de la Alianza y en que se transformó esa “década de progreso democrático” de la que Kennedy habló en marzo de 1961, durante un discurso ante el cuerpo diplomático latinoamericano en Washington.

Dos años y medio después, en noviembre de 1963, Kennedy fue asesinado en la ciudad de Dallas, Texas, cuando –como lo recordó el presidente cubano, Raúl Castro, en su discurso en la cumbre– le proponía a Cuba un diálogo. Si bien las causas del asesinato nunca terminaron de ser completamente aclaradas, parece difícil poder desvincularlas totalmente de sus políticas hacia América Latina.

De ahí, en vez de la “década de progreso democrático”, recrudeció en toda la región una época de dictaduras militares de extrema derecha. Solo cuatro meses después del asesinato de Kennedy, en marzo de 1964, los militares tomaron el poder en Brasil e iniciaron un periodo que culminó en setiembre de 1973, con el golpe en Chile.

En cuanto a las reformas, en particular la agraria, desapareció de la agenda política, mientras una contrarreforma conservadora, de carácter liberal, se adueñaba de toda la región.

54 AÑOS DESPUÉS

La izquierda, que había denunciado la Alianza para el Progreso como un intento de contrarrestar la influencia de la revolución cubana −como ciertamente lo era y reconocía el propio presidente Kennedy−, pensó que podía lograr mucho más por otras vías. El resultado fue muy distinto.

54 años después, el proyecto de desarrollo presentado en la Cumbre es otro. Ya no se habla de reformas. La ministra de Agricultura de Brasil, Katia Abreu, representante del agronegocio, se permite incluso decir que en el país ya no hay latifundios, cuando el 1% de los propietarios es dueño de casi la mitad de las tierras cultivables del país.

La propuesta empresarial presentada en la Cumbre tiene un enfoque muy distinto al de las reformas planteadas en la Alianza para el Progreso y se concentra en cuatro objetivos específicos: mejorar la infraestructura y fortalecer el comercio, facilitar recursos financieros para estimular el crecimiento y el desarrollo, estimular la innovación, el espíritu empresarial y desarrollar nuestro capital humano, y maximizar el potencial de los recursos naturales y energéticos de la región.

México, Colombia, Perú y Chile −los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico− son los citados con más frecuencia como ejemplo de buenas prácticas, en particular respecto de las concesiones de obras públicas; es decir, un modelo orientado a “maximizar la importancia del sector privado”, sin mención alguna de las reformas que hace más de medio siglo proponía la Alianza para el Progreso, como condición indispensable para lograr sus objetivos.

En cuanto al sector público, en su discurso, el presidente estadounidense Barack Obama reivindicó haber propuesto $1.000 millones para fortalecer la gobernanza y la seguridad de los pueblos de Centroamérica.

DISTANCIA

La distancia entre esas propuestas y las de los gobiernos reformistas de América Latina es enorme, como lo explicó el presidente de Bolivia, Evo Morales. La base de ese programa es, precisamente, las reformas; en primer lugar, la “recuperación de nuestros recursos naturales”.

“El 1 de mayo del 2006, nacionalizamos los hidrocarburos y eso hizo cambiar la situación del país”, afirmó Morales. $300 millones era entonces la renta petrolera, que llegó el año pasado a casi $6.000 millones. “Los gobiernos neoliberales decían que no iban a venir inversiones si nacionalizábamos nuestros recursos naturales”, recordó.

Lo mismo ocurrió con las telecomunicaciones y con la inversión pública, en general.

Eso permitió que, en lo social, el dinero de los bolivianos −que se exportaba o privatizaba− ahora se socializa, se transforma en bonos para la niñez, la vejez, y “la plata vuelve también con inversiones, para dar valor agregado a nuestros recursos naturales”, comentó.

En la Cumbre, las miradas se concentraron en América Latina y en las tensiones que generan los diferentes modelos de desarrollo. Aunque solo días después se vieron en Estados Unidos manifestaciones exigiendo un salario mínimo de $15 la hora, prácticamente el doble del que está vigente en la mayoría de los estados del país, aunque en otros, como Portland y Oregon, ya alcanza esos $15.

La mayor oposición a esta medida “se encuentra en los dueños de negocios y grandes corporaciones, que señalan que aumentar el salario mínimo los obligaría a cerrar sus establecimientos o se estancaría la contratación de personal para ocupar nuevos puestos de trabajo”, según un texto de la Voz de América.

Esta exigencia vendría a contrapelo de las políticas de, por lo menos, los últimos 25 años, orientadas a dar mayores garantías a las corporaciones y a reducir sus impuestos. La consecuencia ha sido un proceso de concentración de la riqueza, que viene a agravar los problemas denunciados desde 1961 por la Alianza para el Progreso.