España está al borde de la quiebra

“Esta crisis acabará empobreciendo hasta extremos de hace décadas a las clases medias de este país”, afirma Alberto Montero Soler, reconocido economista español,  profesor

“Esta crisis acabará empobreciendo hasta extremos de hace décadas a las clases medias de este país”, afirma Alberto Montero Soler, reconocido economista español,  profesor de economía aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación Centro Estudios Políticos y Sociales, al referirse a la crisis que vive España.

Así lo dijo en una entrevista publicada en la página de Internet “Rebelión” hace unos días, cuando se anticipaba a los debates sobre los dramáticos recortes que, por un monto de 65 mil millones de euros, la mayoría parlamentaria del Partido Popular (PP) aprobó el jueves pasado.

Crítico de las políticas adoptadas por el gobierno conservador del Partido Popular, Montero Soler no dudó en señalar que las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy —presentes desde que asumió el poder, en diciembre del año pasado— terminarán empobreciendo a los españoles y haciendo retroceder en décadas lo avanzado en materia social.

Los recortes se concentran en cuatro áreas: reducción del gasto, incremento de ingresos, mejora del funcionamiento de las administraciones públicas y reformas estructurales que flexibilicen la actividad económica.

De las medidas adoptadas, tres han sido destacadas como las de mayor impacto social y económico: la reducción del seguro de desempleo, de 60% al 50% del salario base del trabajador; la eliminación del pago extra de Navidad a los empleados públicos; y el aumento del tipo general del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), del 18% al 21%.

Todas las medidas han sido fuertemente criticadas por su carácter recesivo. Sobre el IVA, los expertos recuerdan lo ocurrido durante una subida anterior: tras un incremento inicial de la recaudación, se produjo una rápida caída en picada de los ingresos.

Más aislado que nunca y enfrentando las críticas de todos los sectores, el PP contó solo con los votos de su propia bancada. Estos son suficientes para aprobar las medidas, pero no para crear un consenso que permita enfrentar una crisis, la cual no parece tocar fondo.

“En estos momentos, no basta con tener la mayoría absoluta en la Cámara si en las calles de toda España hay miles y miles de ciudadanos protestando, y no se puede gobernar en democracia haciendo oídos sordos a la sociedad”, dijo la comentarista Julia Navarro en un artículo publicado el mismo día de la aprobación de las medidas.

De los 312 diputados que votaron, 180 apoyaron los recortes y 131 votaron en contra; aunque muchos estuvieron ausentes. El mismo Mariano Rajoy prefirió no participar en los debates, de los cuales se encargó de conducir el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

ABISMO

La ausencia de Rajoy fue severamente criticada por la oposición. Mientras, en el Congreso, ni siquiera los parlamentarios oficialistas se animaban a festejar un triunfo que parece empujar a España a más recesión y a mayores protestas.

Afuera del parlamento, la policía había instalado altas vallas para evitar manifestaciones; en la bolsa de valores, la prima de riesgo para los bonos españoles superaba los 580 puntos, rozando su récord histórico, y los intereses por el bono a diez años alcanzaban el 7%.

El 28 de mayo pasado, la prima de riesgo había cerrado, por primera vez, por encima de los 500 puntos, lo cual se considera “zona de rescate”. Cuando los intereses superaron esos índices en Grecia, Irlanda y Portugal, países intervenidos por la troika ­–conformada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional–, el “rescate” no tardó en llegar.

El “rescate” genera profundos debates. Muchas voces señalan que no se trata de salvar a los países de la quiebra ni a los ciudadanos sin trabajo y endeudados, sino a la banca alemana, una de las principales acreedoras europeas.

Con el rescate llegan las dramáticas condiciones que obligan a los países afectados a introducir nuevos recortes en el gasto público, una medida que el gobierno de Rajoy ha venido aplicando con anticipación, para no verse sometido al dictado de la troika, sin resultados.

El jueves pasado, cuando el parlamento aprobaba los mayores reajustes de la historia española, podía leerse en Cotizalia, un reconocido medio financiero español: “Bofetada a Rajoy: España vende 2.900 millones con la demanda hundida y la prima en máximos”.

Pero si los “mercados” reaccionaban mostrando ninguna credibilidad ante las medidas adoptadas por el gobierno español para enjugar su déficit, las instituciones europeas recibían con entusiasmo el anuncio de los recortes, hechos por Rajoy solo al día siguiente de conocerse un memorándum con las condiciones para el rescate del comprometido sector financiero español. Se trata de 100 mil millones de euros para la banca, que contrastan con los 65 mil millones de recortes para los españoles.

No ha sido fácil la aprobación de esos fondos para la banca. Los detalles del acuerdo, que no fueron divulgados por el gobierno español, se fueron conociendo en la medida en que eran discutidos en los parlamentos de la eurozona, condición indispensable para su aprobación. Fue precisamente en el parlamento alemán donde se divulgó, el jueves pasado, el texto de 72 páginas, fechado el 16 de julio y que es aún es un borrador, pues le faltan las firmas definitivas. Ahí aparecen condiciones no especificadas hasta ahora, relativas a reformas en el conjunto del sector financiero español.

Los 100 mil millones de euros puestos a disposición de España podrán ser usados para otros propósitos que no sean la recapitalización de la banca, incluyendo una línea de crédito para el Estado o la compra de deuda en el mercado secundario e, incluso, primario (nuevas emisiones del Tesoro).

La otra cara de esta negociación son los nuevos recortes. En realidad, el monto aprobado es el quinto de una serie de ajustes que suman ya 121 mil millones de euros.

DEUDA IMPAGABLE

“Somos un país en quiebra que no se encuentra ya al borde del abismo, sino que está en una caída libre, que se acelerará un poco más tras las medidas aprobadas ayer”, opinó el economista Alberto Montero. “Tenemos un pasivo exigible, unas obligaciones, mucho mayores que nuestro activo. Esa es la definición de quiebra y, en el caso de España, lo que tenemos es una deuda, pública y privada, que supera el 400% del Producto Interno Bruto y tenemos una economía en recesión”. Vale la pena destacar que, de esos 400%, 325% corresponde al sector privado (familias, empresas financieras y no financieras) y solo un 75% al Estado.

Diversos economistas españoles sostienen que esa deuda es “impagable”. “La deuda es ya insostenible, España necesita una quita”, reivindicaba, en junio pasado, Roberto Centeno, en Cotizalia.

La clave para el mercado “es la deuda real”, decía. “La de verdad, la que tienen que devolver esta y las generaciones futuras, que es lo que el Banco de España denomina ‘pasivos en circulación’, y que supera ya de largo el billón de euros, una cantidad que España no puede devolver. Y los más de 40 mil millones en concepto de intereses en los próximos doce meses que tampoco podremos pagar aún liquidando los servicios básicos, que los liquidarán”.

Eso es lo que está ocurriendo, empujando el país a niveles de tensión cuyas consecuencias son difíciles de imaginar, como la que se reflejaba en un breve vídeo en la página de la BBC, bajo el título “Españoles desesperado por la crisis, en huelga de hambre”.

“Yo venía del sector de la construcción, fui obligado a ser autónomo para poder trabajar y, actualmente, no cobro ningún tipo de prestación”, dice uno.

“Sencillamente le estamos pidiendo al Gobierno que se centre en lo urgente, y lo urgente son los seis millones de desempleados y sus familias, y los autónomos, que son el motor de la economía. Estamos pasando hambre. ¡No hay trabajo!, se está destruyendo el trabajo de forma masiva. ¡Cómo vamos a buscar trabajo si cada vez hay menos trabajo! Yo prefiero estar luchando aquí, en una huelga de hambre, pero mucha gente se está suicidando aquí en Madrid y en toda España, porque pierde las propiedades y lo pierde todo”, expresó otro.

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