Veinte años después de la reforma educacional, el resultado se ve en las calles en manifestaciones de estudiantes de secundaria, universitarios, profesores y padres y madres de familia, quienes han salido a lo largo de dos meses a las calles a manifestarse para exigir al Gobierno revertir la privatización del sistema educativo chileno.
Se le pide al gobierno del conservador Sebastián Piñera reformas profundas al sistema educacional heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet.
“Que pague el cobre, no los pobres”, decían las pancartas de la más reciente marcha, realizada el pasado miércoles 18 de agosto, en medio de la nieve y que pese a ello, mostraba paraguas con esta y otras consignas. Estas resumen una reivindicación que va mucho más allá de la reforma educacional.
Lo que proponen es el fin de un modelo, heredado de la dictadura, y que entregó a manos privadas la principal riqueza de Chile, el cobre, mientras transformaba la educación en un negocio.
Carlos Larraín, presidente del Partido Renovación Nacional (RN) ‒el del presidente Piñera y uno de los dos que conforman la coalición de Gobierno‒, aseguró que las marchas estudiantiles de protesta lo que buscan es «echar abajo» el Gobierno, pero “no nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos que están instalados, muchos de ellos, desgraciadamente, en el Parlamento, que no supimos ganar».
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los países desarrollados y a la que Chile, hace poco, se incorporó, señala que el país tiene el sexto arancel universitario más caro del mundo (hasta $350). En Chile, solo el 15% de los recursos para educación los pone el Estado. El otro 85% lo tienen que poner las familias.
El resultado es que los estudiantes chilenos salen al mundo laboral arrastrando una deuda que en promedio ronda los $30 mil.
Una mujer, que salió a la calle a hacer sonar su olla respondiendo a un llamado de protesta nacional, le contestó a un periodista de radio Cooperativa, cuando le preguntó por qué se manifestaba: –Lo que pasa es que uno ni siquiera puede tener dos hijos, porque ¿cómo los educo? En este país los únicos que pueden tener más de dos hijos son los ricos. A ellos les alcanza. Nos privan incluso del derecho a procrear.
La educación se rige en Chile por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), una herencia de la dictadura, promulgada el 10 de marzo de 1990, en la última hora del último día de gobierno del régimen militar de Pinochet. La ley “redujo el rol del Estado en la educación al de un mero regulador, delegando la enseñanza en el sector privado”.
Era la misma lógica de todo el sistema, que privatizó la salud o la previsión social de los chilenos. Los críticos señalan que este andamiaje quedó casi intacto “durante los 20 años de gobiernos de la Concertación”, la coalición que asumió el poder en 1990, después del régimen militar.
Sin recursos, los estudiantes tienen que financiar sus estudios con préstamos. Se trata de un sistema de “Becas con Aval del Estado”, con una tasa de interés de más de 6%, superior a la de un crédito hipotecario.
Este sistema fue implantado por la dictadura, pero el actual presidente le dio su apoyo hace muchos años, en un artículo publicado en abril de 1980, titulado “Orientaciones de políticas en el sector educaciones”. Ahí, Piñera proponía que el papel del Estado en la educación no fuera el de garantizar su calidad, sino velar por los créditos financieros.
RESISTENCIA
Es precisamente contra esa visión que se rebelan los estudiantes chilenos.
Ya en el 2006, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se produjo la llamada “Rebelión de los pingüinos”. Eran entonces los estudiantes de secundaria los que protagonizaron las protestas contra este sistema, sin gran éxito. Ahora son los estudiantes universitarios los que la encabezan.
“Necesitamos un nuevo trato del Estado para la educación superior pública de nuestro país y, a la vez, necesitamos un nuevo compromiso de las universidades públicas con el pueblo de Chile y sus intereses”, dijo la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Camila Vallejo, la figura más destacada de ese movimiento, al asumir sus funciones.
“El gobierno de los empresarios busca poner el broche de oro a la privatización total de la educación superior, sellando definitivamente la obra que iniciaron desde las sombras en los años ochenta”, agregó.
“Nuestra visión es la de una universidad que se ubique ya no en los primeros rankings de la competencia o el marketing universitario, de los cuales hoy en día mucho se habla, sino que se ubique en el primer lugar de aporte al desarrollo social del país, el primer lugar en el fomento de la equidad en cuanto a la composición social de sus estudiantes, que ocupe el primer lugar en el desarrollo de la ciencia y tecnología al servicio de los intereses de Chile y su pueblo”, enfatizó.
Esa lucha por una educación pública gratuita y de calidad para todos los chilenos no es posible “sin cambiar la Constitución de 1980 y las leyes fundamentales que rigen el sistema económico, político, social y cultural de nuestro país”, señalan los analistas.
Para eso, agregan, “se necesita generar una fuerza social mayoritaria, que aún no se vislumbra”, en el país.
PROPUESTAS
Enfrentado a masivas protestas sociales, al apoyo de más del 80% de la población a las reivindicaciones estudiantiles, según las encuestas, el Gobierno ha reaccionado de diferentes maneras, acudiendo a la represión y a la oferta de cambios en el actual sistema.
Los estudiantes presentaron sus demandas en un documento conocido como “Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena”.
Camila Vallejo dijo que “con este primer documento queremos señalar que el movimiento social por la educación ha iniciado una nueva etapa de elaboración de una propuesta donde se expresan las demandas de los estudiantes secundarios, profesores y universitarios”.
Los estudiantes afirman que la educación chilena se encuentra en una profunda crisis estructural, y proponen cuatro ejes para su transformación: recuperar la educación como un derecho social y humano universal ‒garantizado por la Constitución Política de Chile y estructurado con base en un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública‒, gratuita, democrática y de calidad, organizado y financiando por el Estado en todos sus niveles.
La respuesta del Gobierno la entregó el propio presidente Piñera en cadena nacional, el 5 de julio. Planteó un Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE), que los estudiantes rechazaron por ser “un proyecto que no responde a los ejes y desafíos que esperamos para el futuro de nuestro país”.
La continuación de las protestas hizo renunciar el ministro de Educación y la popularidad del presidente cayó a la cifra más baja en la historia reciente del país, obligándolo a hacer un recambio en el gabinete.
Ante esta realidad, el nuevo ministro de Educación, Felipe Bulnes, presentó, el 1 de agosto, un nuevo documento titulado “Políticas y Propuestas de Acción para el Desarrollo de la Educación Chilena”, con 21 medidas.
Entre otras, el Gobierno ofrece cuatro mil millones de dólares adicionales para financiar la educación, una mejora en el sistema de ingreso a las becas y la reducción de las tasas de intereses de los créditos estudiantiles administrados por la banca.
Nuevamente, la respuesta no se hizo esperar. “Rechazamos profundamente las dos propuestas del ministerio. No estamos pidiendo unos pesos más ni unos pesos menos, sino una reforma mucho más sistémica y profunda”, dijo Camila Vallejo. Los estudiantes insisten en el fin de todo lucro con la educación y el término del endeudamiento familiar para financiar el estudio de sus hijos.
