En vísperas de una nueva liberación de cinco soldados capturados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la exsenadora Piedad Córdoba condenó el papel agresivo que la Cruz Roja Internacional ha adoptado en estos procesos.
“Ha sido bastante difícil. Estamos esperando las coordenadas del lugar donde los soldados van a ser entregados, pero ha habido problemas”, dijo la exsenadora a UNIVERSIDAD la semana pasada. “El ejército está bombardeando en zonas donde va a haber entregas y tuvieron que mover a uno de ellos”, explicó.
El rescate se hará, como ha sido siempre hasta ahora, con el apoyo de la fuerza aérea brasileña, cuyo papel fue destacado por Córdoba. En cambio, agregó, “el papel de la Cruz Roja ha sido muy cuestionado, agresivo”.
La exsenadora cuyo mandato fue cancelado el año pasado por una decisión administrativa del Procurador General de la Nación. Este la acusa de tener vínculos con las FARC, basado en supuestos correos encontrados en las computadoras de Raúl Reyes, el dirigente de las FARC, quien murió en un asalto a su campamento, en territorio ecuatoriano, en marzo del 2008.
Como desagravio por esa decisión, la guerrilla decidió entregarle cinco soldados que permanecían en su poder. Acto que fue, finalmente, autorizado por el presidente Juan Manuel Santos.
Córdoba denunció los actos de hostigamiento permanentes a los que es sometida en Colombia y que va a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde tiene cita en marzo próximo.
“Buscamos visibilizar la persecución. Nos atacan en los aviones, nos agreden en los aeropuertos. Ha sido muy demoledor. Déle, déle, déle… Nos dicen las cosas más asqueantes del mundo: ‘perra comunista’. Todos los días. En mi casa, hemos descubierto micrófonos en mi cuarto; debajo de la cama encontramos una muñeca para hacer maleficios”, señaló.
ACTO POLÍTICO
En cuanto a la próxima liberación de los cinco soldados, insistió que “debe ser vista como un acto político”. “Algunos pretenden decir que se trata de un acto de las FARC en busca de protagonismo, que es una liberación gota a gota, y no de todos los militares que están en su poder. Pero esto debe ser visto como un acto político, encaminado a promover un proceso de paz”, enfatizó.
“Las FARC, en cada entrega, están diciendo: –Queremos hablar, busquemos la paz. Para eso nombraron a dos representantes del Secretariado –Pablo Catatumbo y Timoleón Jiménez (Timochenko)– para ver cómo comienzan las negociaciones”.
Empeñada en promover un proceso de negociaciones que permita poner fin al conflicto armado en Colombia, la exsenadora afirma que se está jugando una carta para abrir el escenario. “También nos parece que los gobiernos de la región están interesados en este proceso y no van a dejar que aquí se haga una reunión y no pase nada”, agregó.
Por su parte, Lilia Solano, directora de la organización “Justicia y Vida”, estimó que “estas liberaciones son un gesto humanitario y político de parte de la guerrilla que quiere mostrar que está cansada de la guerra”.
Pero, agregó, “cada vez que la guerrilla lo dice, el gobierno reclama por los secuestrados, por los ataques. La sociedad civil tiene que hacer presión para que se inicie un verdadero proceso de paz”.
Solano destacó que el nuevo gobierno colombiano insiste en ser distinto al de su antecesor, Álvaro Uribe, caracterizado por la búsqueda de una solución militar al conflicto y por una política exterior agresiva hacia sus vecinos.
“Este gobierno dice que es diferente, pero en política económica es lo mismo, en la guerra es lo mismo. Entonces queremos ver si en el proceso de paz está dispuesto a hacer algo distinto”, dice Solano, quien critica también el papel de la Cruz Roja en este proceso. “La Cruz Roja, que cumple el papel de ‘garante’, se pone del lado del gobierno. Hay una actitud hostil contra Colombianos y colombianas por la Paz”, asegura.
En Colombia se puede oír, con frecuencia, decir que el presidente Santos está interesado en ser el presidente de la paz. Si eso fuera así, se podrían abrir caminos para una negociación que, en todo caso, será difícil, pero que parece indispensable para poner fin a la guerra.
SANTOS
Sobre el presidente José Manuel Santos, Solano estimó que “ha participado en todos los gobiernos anteriores y especialmente en el de Uribe, cuando, en su rol de ministro de Defensa acompañó la política de seguridad democrática, la cual legitimó el despojo de los campesinos”.
En su opinión, el discurso de Santos ha cambiado con respecto al de Uribe. Hay un tono más conciliador, el cual abre espacios para la paz. Hay proyectos de ley, como el de tierras, que aparece como una cosa progresista. Es la restitución de tierras a las víctimas a las que se les habían arrebatado”, destaca.
Pero “no se acompaña esa ley con otras necesarias para garantizar su implementación. No hay ningún apoyo para evitar que las víctimas que retornan a sus tierras sean asesinadas y varios campesinos ya lo han sido”.
Como consecuencia de ese despojo, en Colombia hay más de cuatro millones de desplazados internos que deambulan por el país.
La ley de tierras permitiría restituir sus tierras a unos dos millones de personas. Pero, según Solano, eso no va a ser posible. “Lo que va a haber es una reorganización de los grupos paramilitares, que ahora el gobierno llama ‘bandas criminales’. Según los paramilitares presos, sobre todo en Estados Unidos, nunca hubo desmovilización real de esos grupos”.
Finalmente, Solano señaló que “la oposición a Santos, en estos momentos, la hace Uribe. La oposición política no existe. El Polo Democrático está desdibujado, los otros partidos están de rodillas, con pedazos del poder que les han reglado”.
