Padres y familiares de los estudiantes asesinados celebraron un oficio religioso frente a un altar erigido en el poblado de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. (Foto: cortesía El Periódico.com)
La gendarmería nacional mexicana asumirá la seguridad en la ciudad de Iguala, después de que todos los agentes municipales fueran desarmados, como consecuencia del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes, informaron hoy las autoridades.
El comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, indicó que, además de la gendarmería, fueron desplegados militares en la región con el objetivo central de localizar a los desaparecidos.
Policías municipales y miembros del cártel de los Guerreros Unidos son señalados como los responsables de las desapariciones, así como de la muerte de tres estudiantes y otras tres personas en ataques a tiros, por causas que se desconocen.
El fin de semana pasado se encontraron cerca de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, seis fosas clandestinas con 28 cadáveres. Dos presuntos sicarios detenidos dijeron que en ese sitio habían matado a 17 de los estudiantes, pero aún no han concluido los estudios forenses de identificación.
Los estudiantes desaparecidos pertenecen a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela de formación de maestros de educación primaria con tradición de activismo social, que está ubicada en una zona de escasos recursos de Guerrero.
El presidente Enrique Peña Nieto calificó los hechos de «indignantes, dolorosos e inaceptables».
El procurador general de México, Jesús Murillo Karam, se pondrá al frente de las investigaciones de manera directa. «Debe quedar bien claro que no habrá impunidad y que este tipo de cosas no puede volver a repetirse», dijo el fiscal.
Hasta ahora han sido detenidos 22 policías de los cerca de 150 de la ciudad. Los restantes «han sido desarmados por la Secretaría de la Defensa Nacional» y sus armas serán sometidas a estudios de balística para determinar si fueron utilizadas en hechos delictivos, de acuerdo con el comisionado de seguridad.
Rubido indicó que las fuerzas federales que han sido enviadas a la zona tendrán «tareas puntuales», como vigilar las entradas y salidas de la ciudad y contribuir al esclarecimiento del caso.
«En estas circunstancias, la Policía Federal a través de la división de gendarmería asume a partir del día de hoy las tareas de seguridad pública en el municipio. En condiciones especiales contará con el acompañamiento del Ejército mexicano», indicó.
Aunque oficialmente no se ha confirmado la muerte de los estudiantes desaparecidos, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dijo que algunos fueron matados a golpes y otros fueron calcinados «después de que los ejecutaron», si bien indicó que se debe esperar a que se confirme su identidad.
En el centro de Iguala, unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, apareció hoy una manta con un mensaje firmado supuestamente por los Guerreros Unidos, en los que se exige la liberación de los 22 policías detenidos.
La organización da en ese mensaje un plazo de 24 horas para que se cumpla su exigencia y advierte que de lo contrario empezará a dar a conocer los nombres de los funcionarios que apoyaban al cártel. «Ya empezó la guerra», dice el texto, reproducido por medios locales.
Al respecto, Murillo Karam advirtió que las autoridades no se dejarán amedrentar.
«Una amenaza de esas solamente servirá para ser mucho más contundentes en su persecución», dijo el procurador general, que tiene previsto trasladarse a la zona en los próximos días.
Murillo Karam indicó que se está trabajando para identificar a las víctimas y se negó a «especular» sobre los posibles móviles.
En un hecho inusual, Peña Nieto convocó a la prensa al Palacio Nacional para referirse de manera exclusiva a este caso y anunciar una investigación «profunda».
«Me encuentro profundamente indignado y consternado», dijo el presidente. «La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes lamentablemente que se encuentran desaparecidos demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó también «extraordinaria preocupación» por este caso.
El secretario ejecutivo del organismo con sede en Washington, Emilo Álvarez Icaza, afirmó que está en juego el «prestigio» de México en cuanto a su compromiso con el respeto de los derechos humanos.
Guerrero es uno de los estados más violentos de México y el que registra la mayor tasa de homicidios dolosos.
México marcha por los 43 estudiantes desaparecidos
Ciudad de México (dpa)
En distintas ciudades mexicanas se realizarán marchas para exigir la aparición con vida de 43 estudiantes que están desaparecidos desde hace más de una semana después de ser atacados por policías.
Según las investigaciones, agentes municipales, aliados con el cártel de los Guerreros Unidos, dispararon contra los jóvenes en una serie de incidentes que dejaron seis muertos, además de los desaparecidos, el 26 de septiembre.
Jóvenes de una escuela magisterial del sureño estado de Oaxaca retuvieron hoy un autobús en una carretera y se trasladaron en él hasta la caseta de pago de una autopista en la localidad de San Pablo Huitzo, como parte de las protestas.
En el lugar los estudiantes pidieron cooperación económica a los automovilistas para su causa.
La Procuraduría General de México se hizo cargo de manera directa de las investigaciones, luego de que el fin de semana se encontraran 28 cuerpos calcinados, que aún no han sido identificados, en unas fosas clandestinas.
Las desapariciones y asesinatos de los jóvenes, alumnos de la escuela magisterial rural de Ayotzinapa, ocurrieron en la ciudad de Iguala, unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México.
Los estudiantes habían tomado tres autobuses en una terminal para trasladarse hacia la ciudad de Chilpancingo, capital del estado, cuando fueron interceptados y atacados a tiros por los policías. Varios fueron detenidos y se desconoce su paradero desde entonces.
En Iguala los jóvenes habían realizado una colecta para juntar dinero para movilizaciones que venían haciendo en distintas partes del país, con reclamos como mayor apoyo de las autoridades para material didáctico, becas y alimentación y el rechazo a una reforma al sistema educativo.
