Guatemala no ha escapado a la tentación de recuperar la dramática memoria de los más de 35 años de guerra, con su saldo de miles de muertos, torturados y desaparecidos. Pero el resultado, recogido en un informe titulado «Memoria del silencio», no ha logrado despertar el interés de la población.
Arturo Taracena, uno de sus autores, conversó con UNIVERSIDAD sobre la necesidad de recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos.
No hay explicación para el olvido y el desinterés. Pero los casi dos años de trabajo de un destacado grupo de académicos guatemaltecos para reconstruir los hechos y precisar las causas de una guerra que duró cerca de 40 años, no han logrado despertar el interés de sus conciudadanos.
El trabajo de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), como se llamó la «Comisión de la verdad» guatemalteca, pretendía recuperar esa memoria, «con la finalidad de coadyuvar al éxito de una solución política duradera en el país», afirmó el historiador Arturo Taracena, en el coloquio «Memoria, historia y política», organizado la semana pasada por el Postgrado Centroamericano de Historia de la Universidad de Costa Rica.
La iniciativa guatemalteca es una más de las muchas promovidas en América Latina, para tratar de restañar las heridas provocadas por largos períodos de dictaduras. El fin de esos períodos, en todos los casos, fue negociado entre los militares gobernantes y los partidos políticos, muchos de ellos excluidos del poder y perseguidos durante las dictaduras. Así ocurrió en Chile, en Argentina, en Guatemala y en El Salvador.
Como toda salida negociada, las partes buscaron asegurar sus intereses. En este caso, los militares hicieron aprobar leyes de amnistía o, como en Guatemala, excluyeron de los acuerdos de paz toda posibilidad de hacer señalamientos sobre responsabilidades individuales en casos de genocidios y otros crímenes cometidos durante los años de guerra, propuesta que fue aceptada por la guerrilla.
«En Guatemala no se planteó la creación de tribunales especiales, ni se pretendió afectar individualmente a personas, pero sí aclarar lo que pasó», explicó Taracena.
MEMORIA
Pese a la naturaleza de los acuerdos de paz, en Guatemala, al igual que en otros países afectados por crímenes sistemáticos y masivos durante la represión desatada por los regímenes militares, surgió la necesidad de conocer en detalle lo ocurrido en aquellos años. Una vasta zona indígena fue devastada, sus habitantes tuvieron que huir y buscar refugio, muchas veces al otro lado de la frontera, en el sur de México.
«Se pretendió dar una solución política, no penal al problema», afirmó Taracena. Pero la reconstrucción de esa memoria histórica, pese a no señalar responsabilidades individuales, fue vista por los diversos actores como una agresión. «Queríamos pasar de la denuncia a la explicación, pero la percepción de todos los sectores fue de que había una denuncia que afectaba a todos y, por lo tanto, prefirieron pasar la página y hacer un llamado al olvido». La misma actitud se dio con el ejército, con la antigua guerrilla y con los diversos sectores sociales.
«El informe de la CEH no deja de hacer reflexionar a quienes lo leen o consultan», reconoció Taracena. «Un ejercicio de reflexión adversado por una clase política y los funcionarios de Estado, que se sienten amenazados por el regreso del pasado y llaman a los guatemaltecos a hacer del olvido y la indiferencia, virtudes compartidas», dijo Taracena, en su ponencia en el coloquio.
Al final, el resultado de esa investigación, del esfuerzo por restablecer la «verdad», ha sido parecido en todos lados: un cierto desconcierto, una sensación de frustración al comprobarse que la recuperación de la memoria no surtía el efecto deseado, de cerrar las heridas, ni permitía, tampoco, pasar la página de la historia.
«Esa memoria histórica podría llevar a un olvido o distanciamiento del pasado solo si se dieran cambios políticos en el país; caso contrario la memoria queda latente, con mucha virulencia», afirmó Taracena. «El olvido solo se puede dar si se dan transformaciones sociales después de los conflictos», añadió.
Ese no es el caso de Guatemala, donde la estructura política y social surgida después del la intervención de la CIA en el golpe contra Juan Jacobo Arbenz, en 1954, sentó las bases de una violencia que prevalece hasta hoy, como lo revelan también documentos dados a conocer recientemente.
LA CIA
La Comisión de Esclarecimiento Histórico tuvo acceso a documentos desclasificados de la CIA sobre su intervención en el golpe de 1954 en esa nación. Pero la mayor parte de esos documentos, que eran solo una porción muy pequeña de todos los que están en poder de ese organismo, venían tachados, lo cual limitó la posibilidad de conocer muchos aspectos de lo ocurrido.
En mayo de este año, la CIA y el Departamento de Estado hicieron públicos 12.287 documentos desclasificados, con nuevas evidencias sobre la intervención de EE.UU. contra el gobierno de Arbenz, en el contexto de la conferencia «Nuevas perspectivas de Estados Unidos, Guatemala y Latinoamérica en el golpe de 1954».
Las conclusiones de la conferencia, afirmó Taracena, «fueron que el argumento de la amenaza comunista guatemalteca para Estados Unidos no tenía fundamento alguno y que eran evidentes las consecuencias que para Guatemala tuvo tal intervención como propulsora de un régimen de legalidad ad hoc para el militarismo conservador que gobierna el país desde hace medio siglo».
La intervención de la CIA fue considerada por la agencia como una operación modelo, un éxito absoluto, limpio, que sirvió de ejemplo para otras posteriores.
El gran problema, dijo Taracena, es que, para la memoria colectiva de la población, tal operación resultó ser, a la larga, «una derrota, sin más explicación que las vicisitudes de la Guerra Fría o los errores del comunista de Arbenz».
Los documentos de EE.UU. revelan que los sectores guatemaltecos aliados de los estadounidenses, especialmente de la clase terrateniente y del ejército, «no habrían podido realizar tal triunfo, ni el proyecto de terror estatal que del mismo se desprendió, sin el dinero, el equipo, el adiestramiento y el apoyo moral proporcionado por los asesores norteamericanos».
Lo cierto es que, en opinión de Taracena, siete años después de firmados, los Acuerdos de Paz «son letra muerta». El informe «Memoria del Silencio hace honor a su título, pues a pesar de ser un buen texto analítico de las cuatro décadas de conflicto armado interno, pocos lo conocen en esa nación y casi nadie lo cita, en gran medida porque el Estado lo oculta, porque la URNG no se interesa en él y porque la CEH, una vez desmontada, perdió toda influencia institucional», se lamentó Taracena.
Las elecciones de noviembre próximo tampoco van a cambiar el régimen, aseguró. Si se da la derrota del general Ríos Montt, uno de los principales responsables de la política de tierra arrasada aplicada en los años 80, «se va a abrir un proceso que puede dejar atrás a cierto tipo de actores del conflicto armado», aseguró.
