El juez español dice que los crímenes contra personas cometidos por el franquismo son delitos de lesa humanidad que no prescriben.
Sorprendidos por la vitalidad de un debate que parecía adormecido, el poder judicial y el mundo político españoles se han vistos revolcados por una ola que hace ya más de 70 años remeció España, cuando un alzamiento militar contra la república implantó durante casi 40 años la dictadura franquista en el país.
El debate tomó fuerza cuando el polémico juez Baltasar Garzón, que había tratado de ejercer su jurisdicción contra los responsables de las dictaduras chilena o argentina, decidió hace dos años emprender acciones judiciales contra los representantes del franquismo.
Garzón sostiene que las desapariciones de personas – cometidas por los ganadores de la guerra civil y el régimen franquista que siguió – son delitos de lesa humanidad que no prescriben, ni se pueden amnistiar.
De ese modo, se consideró capacitado para juzgar la desaparición de más de 140 mil personas durante ese período. En pocos días, siete asociaciones de familiares de desaparecidos le presentaron, en septiembre del 2008, una lista con los nombres de miles de víctimas.
Pero la decisión de Garzón contrariaba una solicitud de la fiscalía de la Audiencia Nacional que consideró prescritos los delitos, contemplados, según su criterio, en la Ley de Amnistía aprobada por el congreso español en 1977, dos años después de la muerte de Franco. La ley, considerada como clave para el proceso de transición política instaurado en España a la muerte de Franco, está hoy puesta en tela de juicio.
Por una parte, tres organizaciones de la derecha española decidieron arremeter contra Garzón, por su decisión de abrir juicio por los crímenes de la dictadura. “Juzgador de la historia y redentor del bando vencido”, dijeron las fascistas Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), en su escrito de acusación contra Garzón. La frase no le gustó al juez encargado del caso, quien le pidió a la Falange eliminar lo que consideró “valoraciones” inadecuadas del escrito. A las JONS se sumaron, en esa demanda, el sindicato ultraderechista “Manos Limpias” y la asociación “Libertad e Identidad”.
Por su parte, Izquierda Unida presentó en el Congreso una reforma para precisar los alcances de la Ley de Amnistía del 77, señalando que los tribunales “pueden perseguir los crímenes contra la humanidad de la dictadura”. Se rechaza así la interpretación de que esa ley puso un “punto final” a cualquier investigación sobre esta materia, dejando abierta la puerta para iniciativas como la que el juez Garzón ha emprendido.
«El escándalo es que los verdugos sean legitimados por el Tribunal Supremo (TS) como acusadores y que las víctimas sean juzgadas y penadas una vez más», dijo el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares.
DEBATE VIVO
Lo vivo de este debate se puede ver en las páginas de los periódicos españoles, donde las opiniones de uno y otro sector muestran la profundidad de las heridas abiertas por la guerra civil.
“¿Me estáis pidiendo que deje de buscar dónde puñetas puede estar enterrado mi abuelo que fue asesinado por el golpista Franco y decirle a su viuda que no sea tonta, que no pasa nada, que lo que ha sufrido no tiene sentido? Solo tengo una respuesta: No tenéis vergüenza”, escribe un lector, en un comentario sobre la noticia.
“Para el del abuelo”, dice otro, en respuesta: “por supuesto que puedes buscar lo que quieras, pero no con mi dinero, no con subvenciones, no poniendo patas arriba el país y su convivencia, no negando el mismo derecho a los del otro bando. Personalmente te recomiendo que te preocupes más de los vivos y menos de los huesos de tu abuelo. Te lo digo porque yo no sé dónde están los huesos de mi bisabuelo, asesinado en África por los moros cuando era prisionero de guerra de los moros, ni los de mi tía abuela monja, asesinada en España por, deduzco, los del bando de tu abuelo”.
Como en Chile, cuando en las honras fúnebres del general Augusto Pinochet, un nieto del dictador salió a defender su obra y el nieto del general Carlos Prats, asesinado por Pinochet, escupió sobre el féretro, las heridas de esos conflictos parecen lejos de cerrarse. Con el paso del tiempo cambian de forma y, si bien, toman un aspecto jurídico en determinado momento, no pueden ocultar su profundo carácter político.
«Impedir el derecho de las víctimas o sus descendientes a ser oídas y a acudir a los tribunales para juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo o para conseguir la recuperación de los restos de las personas asesinadas o desaparecidas forzadamente, sería tanto como colocar a España en la cola de los países que han conseguido transiciones de regímenes dictatoriales a democracias parlamentarias», dijo el líder de Izquierda Unida.
Para los conservadores del Partido Popular, refugio político de importantes sectores del franquismo, la propuesta podría desatar una “crisis institucional”, al cuestionar la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa contra Garzón por reabrir las causas de desaparición de personas durante la guerra civil y la dictadura de Franco.
QUEBRADERO DE CABEZA
“La Ley de Amnistía de 1977 se ha convertido en un quebradero de cabeza para la diplomacia española. Tres informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) amonestaron a España en 2009 por escudarse en esta ley para evitar investigar a fondo los crímenes del franquismo y no atender el ruego de las víctimas”, dijo Pere Rusiñol, director adjunto del diario Público.
La frase se refiere a tres informes de diferentes organismos de Naciones Unidas sobre la Ley de Amnistía en España, entre ellas el del Comité de Derechos Humanos, que sugirió derogar esa ley.
El Comité contra la Tortura de la ONU, al referirse a esa norma, señaló que «el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de prescripción».
Lo cierto es que la decisión de Garzón de reabrir estos casos ha vuelto a poner los ojos del mundo en España.
Tanto que, en Argentina, le “devolvieron la mano” a Garzón, cuando dos descendientes de víctimas del régimen franquista presentaron una querella ante los tribunales de ese país, argumentando que, en España, no han podido hacerlo hasta hoy. El juez español se había declarado competente para juzgar casos de violaciones a los derechos humanos por la dictadura militar argentina y, como es bien conocido, logró que la justicia inglesa encarcelara al general Pinochet, reclamando su extradición para juzgarlo en España.
Estas iniciativas se basan en la defensa del principio de “jurisdicción universal” en delitos de genocidio o lesa humanidad, un concepto cuya validez no es universalmente aceptada.
Los tribunales argentinos podrían tardar todavía un mes en decidir si aceptan la demanda contra los crímenes franquistas y, en caso de hacerlo, quedarían todavía muchas cuestiones por resolver para hacerla efectiva .
En todo caso, la ofensiva contra el juez Garzón no se limita al caso de la guerra civil española, sino que enfrenta otras dos acusaciones ante los tribunales, que podrían costarle su carrera judicial. Una es por haberse aprovechado de un préstamo para dar un curso en una universidad en Nueva York y otra por haber realizado escuchas telefónicas a los abogados de un sonado caso de corrupción –el caso Gürtel–, en que se han visto envueltos altos dirigentes del PP.
