Partidarios del presidente Jean-Bertrand Aristide
Visto desde los cerros por donde se extienden los barrios más acomodados de Puerto Príncipe, Cité Soleil, la modesta barriada al borde del mar luce gris, con sus techos de zinc en el sol del Caribe, sin un solo árbol que le dé un tono de vida. Cité Soleil fue el bastión de Aristide cuando, a fines de los 80, la población luchaba bajo su dirección contra los restos del régimen de los Duvalier, una de las dictaduras más execrables del continente. Todo era entonces entusiasmo.
Ganador de las elecciones en 1991, Aristide fue derrocado siete meses después por un golpe militar y volvió al poder tres años después, de la mano de la invasión estadounidense. Desde entonces, sólo se ha agudizado una crisis política que parece no tener solución. La reelección de Aristide, en 2000, en medio de las acusaciones de fraude de la oposición, terminó por cerrar todas las puertas a cualquier entendimiento. Ahora las manifestaciones opositoras exigen la renuncia del presidente, como condición para una salida a la crisis.
MEDIACIÓN
Hace dos semanas la oposición se reunió con una delegación de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Bahamas, para plantearles sus puntos de vista sobre la situación. Una semana después Aristide conversó con delegados del Caricom, esta vez en Jamaica. Ahí los dirigentes caribeños le plantearon una serie de exigencias, bajo la amenaza de suspenderlo o expulsarlo de la organización. Esto significaría el aislamiento internacional del régimen, cuyo comportamiento es seguido con atención particularmente por Francia, que, en este caso, ejerce prácticamente la representación de la Unión Europea (UE). Pero también la Casa Blanca le ha dado a entender a Aristide que su tiempo se está acabando. En todo caso, la UE parece menos dispuesta a avalar la exigencia de la renuncia de Aristide que hace la oposición.
El Caricom le presentó al presidente haitiano una serie de sugerencias, entre ellas el nombramiento de un primer ministro independiente, la reforma de la policía, el envío de una fuerza policial multinacional, el desarme de los grupos paramilitares progubernamentales, apodados las «chimeres», la creación de un consejo asesor electoral, la liberación de los opositores encarcelados y el levantamiento de la prohibición de manifestaciones que estuvo vigente durante varias semanas.
La oposición reaccionó con prudencia ante las propuestas.
Gérard Pierre Charles, líder de la opositora Plataforma Democrática, calificó de «paso positivo» la propuesta del Caricom, aunque advirtió que «en este momento es impensable plantear a la sociedad civil una negociación con Aristide, pues no aceptaría más que su dimisión».
También crea desconfianza la propuesta de enviar una fuerza policial multilateral. Todavía está fresca en la memoria la invasión de EE.UU., cuyos resultados no contribuyeron a la estabilidad política del país.
PROPONEN ACUERDO
La crisis amenazaba ya con salirse de todo control, cuando el embajador de Haití en República Dominicana, Guy Alexandre, visitó San José en diciembre del año pasado para participar en un seminario organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Alexandre, un respetado intelectual, presentó aquí sus puntos de vista sobre la situación y advirtió que «el debate político está manejado sin articulación con los problemas de fondo de la sociedad. Esto contribuye a encerrarnos en la crisis, en sus dimensiones más superficiales, sin fin».
Desde entonces, esa tendencia solo parece haberse profundizado. Alexandre enumeraba también algunos desafíos que, en su opinión, debían ser resueltos urgentemente: reconstituir las condiciones de la gobernabilidad; dar un contenido concreto al tipo de régimen político, al tipo de democracia representativa-participativa inscrita en la constitución; y empujar un plan de desarrollo y progreso económico y social, con el necesario eje de la lucha en contra de la pobreza.
Mi hipótesis, decía el embajador Alexandre, «es que la imposibilidad aparente para nosotros de salir de la crisis electoral tiene que ver con el hecho de que, de verdad, la crisis socio-política que conoce Haití – si bien tiene una dimensión electoral- no se fundamenta en esto . Encuentra sus raíces en algo estructural, mucho más profundas que el terreno electoral».
«Se está tomando conciencia de esto, aunque la concretización de esta perspectiva está obstaculizada por la tendencia a la polarización. Se está tomando conciencia de que no hay ninguna vía para enfrentar tales retos, y abrir una salida tanto estructural como electoral, fuera de una perspectiva de elaboración de un nuevo Pacto Nacional, con el concurso de capas sociales y corrientes políticas diferentes».
Pero, advertía, «esa es otra historia que, seguramente, requerirá tiempo».
Mientras tanto, el país se ha desangrado, con manifestaciones a favor y en contra de Aristide, sin que, por ahora exista alguna solución.
TRAICIÓN
La oposición acusa a Aristide de haber traicionado los principios que dieron origen al movimiento Lavalas, ahora dividido, y haber asumido las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que lejos de promover una estrategia de desarrollo, han consolidado la pobreza extrema en que vive la mayoría de la población.
Uno de los dirigentes de Plataforma Democrática de la sociedad civil y de los partidos opositores, André Apaid, declaró: «Debemos exigir que no se atemorice al pueblo».
La Plataforma acusa a Aristide y a sus partidarios de actos de corrupción, entre ellos la comercialización de arroz importado de Estados Unidos para enriquecimiento personal de algunos dirigentes de la oficialista organización Fanmi Lavalas, el robo del ahorro y de los bienes de una franja importante de la población a través de un sistema de seudocooperativas, el tráfico de influencias a favor de una universidad privada de la Fundación Aristide, en detrimento de la universidad estatal.
Pero sobre todo lo acusa de haber abandonado los principios políticos que lo llevaron al poder y de gobernar mediante la violencia de los grupos paramilitares que lo apoyan.
El presidente rechaza los cargos y reiteró que no abandonará el poder antes del fin de su mandato, en febrero de 2006, cuando dejará la política y se dedicará a la docencia.
