La crisis política parece volver al mismo punto de partida, sin que se sepa exactamente, qué es lo que está en juego.

Cansado del impasse, aún falto de experiencia y coordinación en el manejo de su política exterior para la región, la Casa Blanca decidió tomar la iniciativa y apostar a las elecciones del 29 de noviembre próximo para resolver al crisis política hondureña, pese al costo de separarse de sus aliados latinoamericanos, que no reconocen esos comicios controlados por el gobernante de facto, Roberto Michelleti.

Después de una visita de dos días a Tegucigalpa, el entonces jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Thomas Shannon, logró al firmar, el 30 de octubre pasado, un acuerdo entre Micheletti y el presidente Manuel Zelaya, que todos celebraron como la solución al conflicto.
«Me complace anunciar que hemos conformado el gabinete de reconciliación nacional dentro del cronograma del Acuerdo Tegucigalpa-San José», dijo Micheletti, poco días después de firmado el acuerdo.
Pero en realidad, ese gobierno de “unidad nacional” nunca llegó a conformarse, como tampoco el Congreso se pronunció sobre un eventual retorno de Zelaya al poder, tal como estipulaba el acuerdo.
Por el contrario, Zelaya anunció, desde su refugio en la Embajada de Brasil, que éste había fracasado, al no decidir el Congreso su retorno a la presidencia.
Después del tercer (o cuarto) acuerdo, la situación parece volver al mismo punto de partida, sin que se sepa nunca, exactamente, qué es lo que está en juego. Cada uno interpreta las palabras y los acuerdos a su manera, de modo que la satisfacción inicial se transforma en la decepción y el fracaso días después.
Shannon, quien se había apresurado a dar declaraciones a la cadena norteamericana CNN anunciando que la solución estaba ahora en manos hondureñas y que, gracias al acuerdo, Estados Unidos reconocía las elecciones previstas para el 29 de noviembre, se alistaba para asumir su nuevo cargo de embajador en Brasil.
Luego, ante el fracaso, Estados Unidos decidió enviar al segundo de Shannon, Craig Kelly, a Tegucigalpa, para ver si era posible enderezar la situación. Kelly estuvo la semana pasada en Honduras y regresó con las manos vacías.
Al mismo tiempo el Consejo Permanente de la OEA celebraba una sesión en Washington. Al concluirla, el Secretario General, José Miguel Insulza, anunció que, en las actuales circunstancias, la organización no enviaría observadores a las elecciones hondureñas.
Ante la resistencia latinoamericana, el representante de Estados Unidos, Lewis Amselem, se transformó en el más decidido defensor de dichas elecciones, una posición que Estados Unidos parece dispuesto a sostener, a pesar del riesgo de provocar una profunda división dentro de la organización, donde diversos países –entre ellos Brasil, Argentina y Chile– ya se pronunciaron contra el reconocimiento de los comicios.

¿ÉXITO DIPLOMÁTICO?

Para el diario conservador Wall Street Journal, en un artículo publicado el 31 de octubre, el acuerdo logrado por Shannon el día anterior representó un “elegante éxito diplomático” de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton. Según el periódico, lo que seguía ahora era que Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) alistaran sus delegaciones para observar las elecciones del 29 de noviembre.
Aparentemente, todo estaba resuelto. Para Washington, la solución al conflicto pasaba a ser un “problema hondureño” y el retorno (o no) de Zelaya al poder, quedaba en manos del Congreso.
El expresidentes chileno Ricardo Lagos, quien integró una comisión de verificación creada luego del acuerdo de Shannon, explicó en Tegucigalpa, el 3 de noviembre pasado, que estaban allí “para restaurar las instituciones democráticas al estado en que se encontraban antes del 28 de junio. Es decir, al momento en que el presidente Manuel Zelaya fue removido de su cargo. Por lo tanto, queremos implementar un acuerdo que signifique que el presidente Zelaya tiene que volver al poder».
Con Lagos, el Secretario General de la OEA, el chileno José Miguel Insulza (que fue su canciller) subió la apuesta para una solución a la crisis, después de haber enviado a su asesor, el exembajador chileno John Biehl, a Tegucigalpa, para negociar, sin éxito, una salida.

EL FRACASO

Meses después del golpe de Estado del 28 de junio, el resultado de todos estos procesos fue resumido por la periodista Fiona Ortiz, de la agencia Reuters, de la siguiente manera: “El fracaso de un acuerdo para terminar con una crisis política de cuatro meses en Honduras dejó en ridículo a diplomáticos de Estados Unidos y de Latinoamérica que habían diseñado el pacto y puso las elecciones presidenciales del 29 de noviembre en riesgo”.
En fuentes diplomáticas latinoamericanas se especula sobre los movimientos del Departamento de Estado en la crisis, de cara a los argumentos de que la propuesta de Shannon, de apoyo a las elecciones en Honduras, buscaba, sobre todo, destrabar los nombramientos de Arturo Valenzuela como Secretario de Estado Adjunto para América Latina (lo que ya ocurrió) y el del propio Shannon, como embajador en Brasil, a los que se resistían los republicanos más conservadores.
“El gobierno de Obama perderá mucho, si actuó según esta lógica,” señalaron las fuentes a UNIVERSIDAD. “¿Qué podría ganar con los nombramientos de Valenzuela y Shannon si su discurso inaugural y la credibilidad del nuevo estilo de Obama van a parar al tarro de la basura por la situación de Honduras?”, se preguntaron.
“Si Estados Unidos, en este escenario, reconoce un eventual gobierno de Porfirio Lobo (el candidato del Partido Nacional hondureño, favorito en las elecciones), será seguido solo por sus aliados más cercanos, pero incluso algunos podrían rebelarse. Brasil ya dijo que no lo reconocería, Argentina tampoco, ni los países del ALBA. Si fuera así, Obama debería pensar en una nueva política hacia América Latina, debidamente revisada, para un segundo mandato suyo porque en este, si el caso de Honduras termina por dividir América Latina y el Caribe, el fracaso estaría asegurado”, se señaló.

Dos desafíos

La crisis hondureña pone al sistema regional ante dos desafíos. Uno, jurídico, formal, de regreso a las normas constitucionales.
Por eso Thomas Shannon dijo que el acuerdo firmado hace dos semanas era suficiente para que Estados Unidos avalara las elecciones próximas y reconociera a quien resultara ganador.  Así quedaría salvada la institucionalidad democrática de una situación que ya se ha hecho demasiado incómoda para todos.
El otro desafío es el político. En el marco del resurgimiento de nuevas fuerzas políticas en América Latina, los sectores más conservadores buscan cómo contener esos avances. Por eso es que el Wall Street Journal afirma que “la gran noticia en Honduras es que los buenos muchachos parecen haber ganado el pulso de cuatro meses sobre el exilio del expresidente Manuel Zelaya”.
Hay un riesgo, dice el periódico, de que el presidente venezolano Hugo Chávez y sus aliados traten de respaldar a su aliado, “pero los hondureños, que han enfrentado las enormes presiones de los Estados Unidos para reinstalar a Zelaya en el poder, no parecen dispuestos a ceder ahora”.
Lo cierto es que si no se apaga ese fuego, el ejemplo se irá extendiendo a otros países de la región. La semana pasada fue la vez de Paraguay, donde el presidente Fernando Lugo removió la cúpula de las tres armas, en medio de rumores de golpe y de crecientes presiones para su destitución por parte del congreso.