La justicia guatemalteca dictó el pasado martes 6 de octubre prisión preventiva, y abrió un proceso penal contra Juan Carlos Monzón, señalado como el operador de un esquema de corrupción que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez.
El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Angel Gálvez, ordenó abrir el proceso contra el exfuncionario al encontrar suficientes indicios de su participación en el delito, con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía y una Comisión Contra la Impunidad de la ONU en el país (Cicig).
Monzón se entregó el lunes a la justicia tras permanecer casi seis meses en fuga y se autoproclamó en el juzgado como “el eslabón que necesita el Ministerio Público (Fiscalía) para cerrar esta investigación”.
El exfuncionario, que llegó bajo fuertes medidas de seguridad y con chaleco y casco antibalas, validó además la acusación que hizo la semana pasada un detenido que incriminó a Pérez y a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, como directores de la millonaria defraudación, revelada el pasado 16 de abril.
Gálvez explicó que Monzón será procesado por los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Monzón fungía como secretario privado de la exvicepresidenta Baldetti cuando se destapó la existencia de la organización, denominada “La línea”, que cobraba sobornos a empresarios para eludir el pago de impuestos aduaneros.
Exgobernantes implicados
Tras escuchar el veredicto, Monzón dio una improvisada rueda de prensa, en la que ratificó que tanto Pérez como Baldetti están involucrados y eran los cabecillas de la estructura.
“Es un proceso complicado donde los exgobernantes están implicados y su servidor también (…), nunca hacía nada inconsulto”, aseguró.
Además, en tono molesto, afirmó que no va a declarar en contra de nadie. “Voy a declarar presentando las pruebas correspondientes de cómo funcionó el fraude”. Agregó que esos cobros ilegales en las aduanas “existen desde hace más de 20 años” y que la cifra defraudada no llega a $2 millones.
Monzón comentó que aún no ha considerado convertirse en un testigo eficaz (testigo de la corona) a cambio de algún beneficio dentro del proceso, y reveló que hace dos meses intentó entregarse y que visitó la Cicig con el objetivo de coordinar la entrega.
Sin embargo, dijo que cuando regresaba en compañía de su esposa y de su hermana fue interceptado por desconocidos, armados y a bordo de un vehículo, quienes le amenazaron de muerte a él y a sus familiares si se entregaba.
El procesado explicó que se enteró de la orden de captura el 16 de abril pasado, cuando acompañaba a la exvicepresidenta en Corea del Sur, de donde viajó a España, Colombia, El Salvador y por último Honduras. De ese país ingresó por tierra a Guatemala a través de un paso fronterizo ilegal.
Para la directora de la entidad Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, el desmantelamiento de esa red ilegal es un paso fundamental en el país, pero falta descubrir a los verdaderos dirigentes, toda vez que han operado sin importar “quién esté gobernando”. “Ahora hay que ir más allá de las aduanas y contrabando, porque esa estructura tiene décadas de estar funcionando”, consideró.
Sin embargo, Ibarra estima que el origen de esa corrupción se remonta a la época de la guerra civil (1960-1996) y que fue implementada por los militares.
Moisés Galindo, abogado del expresidente Pérez, rechazó ante periodistas las declaraciones de Monzón y aseguró que es “un libreto preparado” para perjudicar a su cliente.
“Tienen que decir lo que la Cicig y la Fiscalía quieren, porque el gran problema aquí es que estas entidades quieren justificar la destitución de un presidente”, puntualizó.
Los hechos develados por la Fiscalía y la Cicig provocaron la renuncia de Pérez el 2 de setiembre, y de Baldetti el 8 de mayo, por ser considerados los cabecillas de la banda criminal.
Pérez y Baldetti se encuentran en prisión preventiva bajo investigación de la Fiscalía, aunque la exvicepresidenta, por padecimientos médicos, fue recluida desde el 11 de setiembre en el hospital del Ejército.
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