Más allá de los temas en agenda, esta Asamblea será más recordada por la elección de un nuevo secretario general Miguel Angel Rodríguez, quien contó con el apoyo de la gran mayoría de los países miembros.
Quito, (dpa) – Con el propósito explícito de volver a ser un «foro dinámico y un mecanismo operativo», la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó en Quito su trigésima cuarta asamblea general, con la que «termins una época y empieza otra mejor».
«Hay un nuevo secretario general y, sobre todo, será definido un rumbo más claro», afirmó a la agencia DPA el canciller de Ecuador y anfitrión de la reunión, Patricio Zuquilanda.
El nuevo secretario general, que reemplazó al ex presidente colombiano César Gaviria, es el ex presidente de Costa Rica Miguel Ángel Calderón, quien fue elegido por unanimidad y que, según anunció Zuquilanda, «recibe un mandato claro y tareas muy concretas».
La primera de esas tareas, si la asamblea se atiene al tono de su agenda, será poner al actualmente alicaído sistema interamericano a luchar contra la corrupción, un mal al que generalmente se considera muy extendido por América Latina y el Caribe.
Y es que el tema central de la reunión (el «paraguas», según lo describió el canciller de Ecuador) es precisamente la identificación de «resoluciones y acciones específicas» contra la corrupción. Sin embargo, para esta nueva etapa, la OEA tiene una lista muy amplia de
temas: su agenda tentativa contiene nada menos que 79 puntos. Entre esos constan algunos muy polémicos, en los que ya se anticipa que podrían producirse debates intensos. El número 5, por ejemplo, está mencionado como «informe sobre el problema marítimo de Bolivia» y habría sido, durante las últimas dos semanas, materia de intensos contactos diplomáticos.Según versiones de la prensa ecuatoriana, tanto la cancillería de Bolivia como la de Chile estarían empeñadas en conseguir que la asamblea de la OEA respalde sus respectivas visiones sobre el tema, con La Paz reclamando que hay un contencioso pendiente y Santiago
asegurando que el caso fue sellado por tratados internacionales que son válidos y que están vigentes.
Pero no es ese el único tema difícil: en una agenda tentativa constan además un «apoyo al proceso de paz en Colombia», «combate a la explotación sexual de menores de edad», «declaración americana sobre derechos y reinvindicaciones de los pueblos indígenas», «programa básico para la gobernabilidad democrática en las Américas» y «plan para limitar los gastos militares».
Durante su visita a Quito, en abril, Miguel Ángel Calderón ya había anticipado su aspiración de que «no tengamos una asamblea que se agote en lo declarativo», propósito que fue reiterado por el canciller ecuatoriano: «no debemos quedarnos en discursos y deseos».
Precisamente pasar de las intenciones a las realizaciones ha sido en la última década la mayor dificultad de la Organización, que, en opinión de la mayoría de las cancillerías del continente, ha perdido la capacidad de influencia que tuvo inicialmente, desde su creación oficial en 1948.
A la gestión del actual secretario general, César Gaviria, se la acusa precisamente de haberse quedado en las buenas intenciones, al extremo de que incluso en uno de sus últimos empeños, la supervisión de los procesos electorales, la organización ha sido paulatinamente reemplazada por el Centro Carter.
La falta de resultados concretos en Venezuela, donde durante 18 meses gestionó infructuosamente una salida negociada a la crisis política, también es mencionada como una prueba de la poca capacidad operativa de la actual secretaría general.
Claro que recuperar un rol protagonista continental no será tarea fácil, en una época en que el multilateralismo se bate en retirada ante el evidente debilitamiento del mayor foro mundial, las Naciones Unidas, por el creciente unilateralismo de la gran superpotencia, los Estados Unidos.
CORRUPCIÓN FRENA DESARROLLO
Sin embargo, fue el tema de la corrupción bajo el título «El desarrollo social y la democracia frente a la incidencia de la corrupción», el escogido durante la Asamblea General.
No es casual que el gobierno de Ecuador haya seleccionado este tópico, ya que es uno de los países del mundo con mayor incidencia de corrupción: ocupa el lugar 108 de 133 en la lista que elabora anualmente Transparencia Internacional, con una puntuación de 2,3 sobre 10 puntos posibles.
Este mal, que según el Banco Mundial es el peor obstáculo para el crecimiento económico y el desarrollo de los países, afecta a toda América, y los 34 países miembros de la OEA (todo el continente menos Cuba) están mostrando creciente preocupación por encontrar formas efectivas de combatirlo.
En la Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrada en enero de este año en Monterrey, México, los mandatarios reconocieron en la Declaración de Nuevo León que «la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el estado de derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo».
Ecuador propuso trabajar sobre este tema con mayor profundidad en la Asamblea de la OEA y buscar además nuevas formas de cooperación iberoamericana para dar la pelea unidos, profundizando medidas como el compromiso asumido en Monterrey de deportar a los funcionarios
públicos corruptos que busquen refugio en el continente, y de repatriar los activos fruto de actos de corrupción.
No sólo la corrupción en la esfera pública es motivo de
preocupación: ya en Monterrey, los jefes de Estado y de gobierno de América indicaron que las «prácticas corruptas, ilegales y fraudulentas» de empresas nacionales y transnacionales pueden afectar negativamente las economías, en particular en las de los países en
desarrollo.
Según el Banco Mundial, la corrupción perjudica más intensamente a los pobres, porque son los que más sufren en época de crisis, los más dependientes en los servicios públicos, y los menos capaces de pagarlos costos asociados a los sobornos y los fraudes, además de que los
corruptos frecuentemente llenan sus bolsillos con los fondos destinados a programas que buscan reducir la pobreza.
Para combatir efectivamente la corrupción, el Banco Mundial
recomienda aumentar el control de los políticos por parte de la población, fortalecer la participación de la sociedad civil, crear un sector privado competitivo, establecer controles institucionales al poder, y mejorar la gestión del sector público.
Tal como Ecuador definió este tema, la OEA no sólo se concentrará en las nefastas consecuencias económicas de la corrupción, sino también en su incidencia sobre la gobernabilidad democrática, ya que el efecto corrosivo que este mal tiene sobre la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático está despertando cada vez más
preocupación en el hemisferio.
La caída de presidentes constitucionalmente electos a «puro golpe de cacerola y protesta callejera», en palabras del ex presidente salvadoreño, Francisco Flores, situación que acabó con los mandatos del ecuatoriano Abdalá Bucaram, el argentino Fernando de la Rúa, y el boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otros, ha acentuado el temor por el futuro de la gobernabilidad democrática en América Latina.
