“Médicos para los Derechos Humanos” revela detalles sobre tortura en EE. UU.

Un informe sostiene que miembros de la American Psychological Association se coludieron con el Departamento de Defensa y la CIA, durante la administración Bush

Una detallada exposición sobre los mecanismos desarrollados por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) para obtener información mediante la tortura, luego de los atentados del 11 de setiembre del 2001, fue nuevamente puesta en evidencia en un informe de 542 páginas de la organización Physicians for Human Rights (PHR), divulgado la semana pasada.

Preocupados por las denuncias de participación de psicólogos −miembros de la American Psychological Association (APA)− en la práctica de torturas contra detenidos acusados de pertenecer a Al Qaeda, la asociación, basada en Nueva York, encargó un estudio independiente sobre esas acusaciones.

La conclusión fue que la APA se coludió con el Departamento de Defensa y la CIA durante la administración Bush para permitir que psicólogos diseñaran, implementaran y defendieran el programa de torturas.

Ya en el 2014 la misma APA, ante denuncias contra sus miembros y, en particular, las revelaciones de un libro del reportero del New York Times (NYT) James Risen, titulado Pague cualquier precio: avaricia, poder y guerra sin fin, encargó un informe sobre el tema al exfiscal federal David Hoffman.

El resultado de la investigación arrojó dramáticas evidencias de la “actividad criminal de funcionarios y miembros de APA, que incluyeron la redefinición de las políticas sobre la ética para el ejercicio de la profesión” −por parte de militares y funcionarios de inteligencia−, de modo que no interfiriera con las actividades de quienes participaban en el programa de torturas.

Personajes e historia

Los documentos no solo revelan detalles de esas prácticas, sino también el papel de personajes clave en el programa de torturas, en particular de los psicólogos James Mitchell y Bruce Jessen.

Mitchell apareció en esta historia al puro principio, cuando los primeros prisioneros que se consideraban importantes, capturados después de los ataques de setiembre, fueron trasladados a una cárcel secreta en Tailandia. Entonces, agentes de la CIA se plantearon quién y cómo debería interrogarlos, principalmente a Abu Zubaydah, considerado uno de los responsables de ese ataque. Un abogado de la Agencia sugirió el nombre de Mitchell, un psicólogo que llevaba varios meses analizando la organización de Al Qaeda, bajo contrato para la CIA.

Contratado para sus nuevas funciones en pocas horas, según el informe del Senado norteamericano, Mitchell sugirió medidas para preparar el interrogatorio de Abu Zubaydah: un ambiente iluminado permanentemente, un cuarto totalmente blanco y mucho ruido a alto volumen fueron las recomendaciones, como resultado deberían provocar desorientación psicológica y reducción de su resistencia.

Mitchell propuso como “técnicas de interrogatorio avanzadas”, además, una lista que incluía encerrar a los prisioneros en celdas muy pequeñas, encadenarlos en posiciones dolorosas, mantenerlos despiertos durante una semana, cubrirlos con insectos, o someterlos al “submarino”, un procedimiento que lleva al extremo la sensación de ahogo.

Así comenzó lo que la senadora Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, calificó como “una mancha en nuestros valores y nuestra historia”.

Tanto la CIA como los congresistas republicanos rechazaron el informe del Comité. John Brennan, director de la CIA, negó −en un comunicado− que hubiesen engañado de manera sistemática a los estadounidenses y aseguró que la información obtenida bajo tortura “fue crítica para entender a Al Qaeda”.

“Nuestra revisión indica que las interrogaciones de detenidos con quienes se usaron técnicas de interrogación avanzadas sí produjeron inteligencia que ayudó a frustrar planes de ataque, capturar terroristas y salvar vidas”, agregó. Algo parecido dijeron los líderes republicanos del Senado.

Lo cierto es que Mitchell, un experto en explosivos que trabajó para la Fuerza Aérea, y Jessen, también exoficial de la Fuerza Aérea, se hicieron cargo de los interrogatorios. Para eso crearon una compañía, Mitchell and Jessen Associates. En el 2005, la CIA les otorgó un contrato para realizar interrogatorios y ellos contrataron a psicólogos, interrogadores y personal de seguridad, mientras el programa se extendía a prisiones secretas en Polonia, Lituania, Rumania y Afganistán.

La CIA habría pagado $81 millones para terminar el contrato con la compañía de Mitchell y Jensen que, según estimaciones de la prensa norteamericana, pueden haber recibido más del doble de esta cantidad durante el desempeño de sus funciones. Cuando el presidente Barack Obama puso fin al “programa de interrogatorios”, en el 2009, la compañía se disolvió. No obstante, ambos siguen costando caro, pues la CIA debe pagar a sus abogados hasta el 2021, para hacer frente a múltiples demandas en su contra por la aplicación de tortura.

Ya pensionado, Mitchell se explica: “Después de mucha introspección, acepté hacerlo. Pero sabía que en ese momento mi vida, tal como la había vivido, había terminado. Revisando mis obligaciones éticas, decidí ante mí que la elección menos mala era ayudar a salvar vidas americanas. Sentí que algo iba a pasar en cualquier momento y sentí que tenía que hacer algo (…) Yo era solo un diente en el engranaje”, concluyó.

Ante estas evidencias, la PHR solicitó al Departamento de Justicia investigar si la APA cometió delitos que puedan ser sancionados penalmente. Desesperados por obtener información de inteligencia sobre eventuales nuevos complots, funcionarios del Departamento de Defensa estaban dispuestos a pagar generosamente a quienes pudieran dar un tinte de legitimación al programa de torturas, señaló la prensa norteamericana. Destacados psicólogos estaban dispuestos a cooperar y a adaptar las normas éticas de la institución a esos requerimientos. Una decisión que ahora la PHR denuncia y pide sanciones para los responsables.

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