Nicaragua Transporte aviva el confllictó

La pobreza en Nicaragua pasó de 69%, a 82% en la actualidad.Durante una semana Nicaragua fue escenario de protestas estudiantiles contra el alza en

La pobreza en Nicaragua pasó de 69%, a 82% en la actualidad.

Para el gobierno, las fracciones liberal y sandinista apoyaron las protestas para crear un clima de ingobernabilidad.

Durante una semana Nicaragua fue escenario de protestas estudiantiles contra el alza en las tarifas de transporte. Eran inferiores a dos centavos de dólar, pero fue suficiente para desatar la ira de los estudiantes que expresaron con violencia sus reclamos al gobierno del presidente Enrique Bolaños. Lo cierto es que la protesta expresa mucho mas que desencanto con el aumento del transporte.

 

POBREZA

 

La convulsión tuvo su origen «en la profunda crisis económica y política que sacude a Nicaragua», afirmó a la prensa nicaragüense el analista político Óscar René Vargas.

La pobreza se ha incrementado en Nicaragua, pasando de 69%, en la década de los años 90, a poco más de 82% en la actualidad, según datos de las Naciones Unidas.

Vargas atribuyó esa situación al hecho de que el «gobierno no quiere cambiar la política económica que lo que hace es acentuar la crisis social».

 

Con esos índices de pobreza es muy difícil que cualquier política tenga éxito, pero la derrota electoral del sandinismo en los 90 dio pie a una verdadera «contrarrevolución» que ha vuelto a agudizar la crisis en Nicaragua. La reforma agraria promovida en aquellos años se ha revertido y, en su lugar, se ha venido aplicando la misma receta neoliberal imperante en América Latina, con su proceso de concentración de la propiedad y la profundización de la pobreza.

En Nicaragua, esa crisis asume un carácter muy particular, no solo por la debilidad de la economía, sino por una profunda crisis política que la intervención extranjera en la década de los 80 solo hizo agudizar.

Ahora, «los tiempos entre crisis y crisis en Nicaragua son cada vez más cortos y se van a manifestar cada vez de forma más aguda», en opinión de Vargas.

 

PROTESTAS

 

Las protestas de la semana pasada se resolvieron con la decisión del gobierno y de la alcaldía de Managua de otorgar un subsidio de $1,8 millones a los transportistas urbanos en los próximos tres meses. El gobierno otorgará $1,2 millones, y la alcaldía, $600 mil.

De este modo se desactivó, por ahora, la crisis, desatada por las protestas contra un aumento de $0,15 a 0,18 centavos en el pasaje, provocados por los altos costos del petróleo.

El gobierno se vio obligado a abandonar su postura inicial, de que era al mercado al que le correspondía determinar el precio del transporte.

Bolaños alegaba que el gobierno no podía otorgar subsidios a los transportistas, porque su presupuesto era deficitario y porque eso contraviene acuerdos negociados con el  Fondo Monetario Internacional (FMI). Finalmente, la realidad se impuso y el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Pero, sería una ilusión pensar que, con eso, retornará la calma al país, no solo porque la crisis social es mucho mas profunda, sino también porque, detrás de las protestas está una crisis política mas coyuntural y oportunista, provocada por la aprobación, en el Parlamento, de una reforma constitucional que recorta poderes a Bolaños.

 

CRISIS POLÍTICA

 

La reforma, que entró en vigencia este mes, traslada al Legislativo el control de la gestión y nombramientos de los funcionarios del gobierno y embajadores.

Esa reforma solo fue posible por un acuerdo entre los liberales del expresidente Arnoldo Alemán y la bancada sandinista que lidera Daniel Ortega. Las demandas fueron apoyadas por las fuerzas mayoritarias del Congreso: el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), que mantienen un enfrentamiento con el Gobierno.

Para el gobierno, ambas bancadas apoyaron las protestas para crear un clima de ingobernabilidad y forzar la renuncia del presidente Enrique Bolaños. «Las asonadas, la inestabilidad social y política, la aprobación de una serie de leyes y el incumplimiento de los acuerdos del Diálogo Nacional, la solicitud de los alcaldes para que Bolaños renuncie, todo eso forma parte de un plan orquestado» para expulsar al presidente del poder, aseguró el jueves pasado el diputado Miguel López, presidente del partido gubernamental Alianza por la República (APRE).

A las protestas de los estudiantes se sumaron 96 de los 152 alcaldes del país que el lunes pasado pidieron al mandatario que resuelva la crisis o que renuncie.

«Si Bolaños no puede o no quiere solucionar la crisis, que renuncie. Esa es una decisión suya, además existe todo un proceso penal contra él que puede dar como resultado su destitución», declaró el vicepresidente del Parlamento, el liberal Wilfredo Navarro.

Navarro recordó la acusación que la Fiscalía presentó hace dos años y medio contra el mandatario ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por delitos electorales cometidos durante la campaña que lo llevó al poder en enero del 2002.

El proceso contra el gobernante depende del levantamiento de su inmunidad en el Congreso, y eso pesa sobre su mandato como una «espada de Damocles», estiman políticos aliados del gobierno.

Bolaños aseguró que no piensa renunciar a su cargo, pese al pedido de los alcaldes y las protestas que organizaciones ligadas al sandinismo realizan contra su gobierno.

Sobre la mesa está también la discusión de nombre de las autoridades del Instituto de la Propiedad, un órgano que se encargaría de resolver demandas pendientes por propiedades confiscadas durante la revolución sandinista.

El Partido Liberal Constitucionalista, del expresidente Alemán, está dispuesto a negociar esos nombramientos a cambio de la excarcelación de su líder, condenado a 20 años de cárcel por actos de corrupción.

A los Estados Unidos le preocupa que los sandinistas controlen la nueva institución, que deberá resolver 764 casos aun pendientes y que afectan a ciudadanos norteamericanos.

Enrique Quiñónez, jefe de la bancada liberal, afirmó que si en las conversaciones con la Embajada de Estados Unidos y con el gobierno, en relación con el Instituto de la Propiedad, se aborda el tema de la excarcelación definitiva del ex presidente Arnoldo Alemán, podrían negociar, porque esa es una prioridad de su partido. Así podríamos «librarlo de su secuestro político», dijo Quiñonez.

Por su parte, Ortega declaró esta semana, en La Habana, donde participó en el acto del primero de mayo, que la «situación hoy en Nicaragua es mucho más explosiva que en Ecuador, donde el mes pasado la presión popular derrocó al presidente Lucio Gutiérrez.

«Queremos que esta resistencia a las políticas neoliberales del gobierno de Enrique Bolaños sea librada de manera tal que nos permita culminar con una victoria electoral en noviembre de 2006», dijo Ortega.

El dirigente sandinista añadió que «una eventual caída de Bolaños antes de terminar su mandato abriría las puertas de la Casa Presidencial a Arnoldo Alemán, en la persona del vicepresidente José Rizo, un incondicional del ex mandatario.

«Aún cuando es clara la incapacidad del Presidente, tenemos que tratar de que cumpla su período, lo cual no significa que vayamos a renunciar a las luchas sociales ni a dejar de presionar para que el gobierno modifique su política», reiteró.

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