«Hay pasados a los que no se les puede poner una losa y pretender que se comporten como tumbas quietas.» (Gustavo Gorriti, periodista)
Graciela Martínez se salvó pero su hija murió en el atentado del centro comercial Tarata, en Lima, en 1992.
El proceso impulsado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, empujó a revolver archivos y fotografías que fueron dibujando la secuencia de una historia terrible, la que vivió este país durante las décadas de los 80 y los 90.
Luego de manifestaciones a favor y en contra del trabajo realizado por esta comisión, ésta entregó su informe final el mes pasado al presidente Alejandro Toledo, en el cual se documentan con gran detalle 69.280 muertes y desapariciones de personas en manos de las organizaciones subversivas o por agentes del Estado.
El Perú fue testigo de dos décadas de violencia y violaciones a los derechos humanos, cuando decenas de miles de personas desaparecieron. Ahora el presidente Toledo asegura que se hará justicia, pero sin venganza.
El presidente de la Comisión de la Verdad (CVR), Salomón Lerner, subrayó el día de la entrega del informe final, la falta de justicia y sanción que existió en esos años, pero también de la exclusión que aún existe. Según las investigaciones de la Comisión, de cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos quechuahablantes.
También subrayó la ineptitud e indiferencia de los gobernantes de turno, quienes pudieron impedir los asesinatos y nada hicieron. Pero Sendero Luminoso, grupo terrorista que ha resurgido en los últimos meses y responsable de un 54% de las víctimas, no es el único señalado.
«Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, masacres, violencia sexual contra las mujeres y otros delitos conforman un patrón de violaciones de los derechos humanos que el Estado peruano y sus agentes deben reconocer para subsanar», expresó.
Asimismo, Lerner advirtió que las atrocidades de las fuerzas del orden debieron tener la complicidad, o por lo menos la anuencia de la clase política que gobernó el país en esos años, la cual debe dar explicaciones. La Comisión encontró encontró responsabilidad política en Fernando Belaúnde y Alan García, y penal en Alberto Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos.
El año de 1980 marcó el fin de dos décadas de gobierno militar, pero el inicio de un período de inenarrable violencia.
La causa inmediata y fundamental de este conflicto armado que se dio entre 1980 y 2000 fue la decisión de Sendero Luminoso -grupo maoísta radical- de iniciar una lucha armada contra el Estado. Por estos hechos se responsabiliza directamente a Abimael Guzmán y a sus seguidores. Muchos de sus principales cabecillas fueron seducidos por la ideología extremista maoísta en los círculos universitarios.
El mismo día de las elecciones presidenciales de 1980, se registró la primera acción armada de Sendero en la localidad de Chuschi, Ayacucho.
Luego comenzaron las matanzas masivas de campesinos que se resistían a su doctrina. Durante la madrugada del 3 de abril de 1983, alrededor de 80 terroristas entraron en la comunidad de Lucanamarca, en la sierra, y asesinaron a 69 campesinos, entre niños, ancianos, mujeres y hombres.
En cuanto al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), la Comisión lo señala como causante del 1.5% de las víctimas. Este grupo, a diferencia de Sendero, se abstuvo de atacar a la población civil.
A diferencia de lo ocurrido en los Gobiernos de la década de los 80, durante los dos períodos del hoy prófugo Alberto Fujimori se encuentra una relación entre poder político y conducta criminal, se indica en el informe.
Se denuncia que se organizó una estructura estatal para controlar el Congreso, Poder Judicial y otras instituciones, para asegurar la total impunidad en actos violatorios de los derechos humanos y de corrupción.
Así se sostiene la evidente responsabilidad de Fujimori en crímenes como los de Barrios Altos, La Cantuta, El Santa y otros en los que participaron militares que formaron el oscuro destacamento «Colina».
El General del ejército Germán Parra calificó como justo el informe, aunque afirmó que nada ha cambiado desde esos tiempos de violencia, pues la injusticia y la desigualdad siguen reinando en la sociedad. «En ese período de subversión se cometieron excesos, pero la gran pregunta es cómo hacemos para cambiar la situación del país», concluyó.
Las palabras del reconocido periodista Gustavo Gorriti en el periódico «Perú 21» son una advertencia: «Frente al horror hubo la valentía; frente a la crueldad el heroísmo. Lo que eso nos salvó ayer como nación, debe afirmar mañana, junto con la justicia, nuestra memoria.»
