La pobreza en América Latina alcanzó su nivel más alto en los últimos cuatro años.
«Estamos saliendo de la recesión y empezamos a crecer nuevamente», afirmó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias. El BID anunció durante la conferencia que la región tendrá un crecimiento de hasta un 4,0% como promedio.
El ministro peruano de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, quien presidió las deliberaciones que se llevaron a cabo durante tres días en Lima, declaró, por su parte: «Estamos empezando una década de renovado crecimiento. Es el inicio de una nueva era; pasó la tormenta, pasó la recesión y todos los gobiernos están en la necesidad de persistir en el camino del crecimiento».
Es un alivio para el BID y para los que en la región, se sumaron con entusiasmo a las reformas que desde hace dos décadas se han promovido en América Latina: austeridad fiscal, contención del gasto público, apertura y privatizaciones.
Pero pese a este cauto optimismo, los datos revelados en la misma reunión dejan en evidencia una dramática realidad, pues los resultados logrados después de las reformas neoliberales han sido más que modestos. En realidad, la asamblea del BID debería provocar el optimismo, más que por las perspectivas de crecimiento, que son dudosas, por la evidencia de que se necesita una revisión del modelo.
GASTO PÚBLICO
Ese cambio quedó expresado en la «Carta de Lima», un documento firmado por diez países sudamericanos y México, donde se advierte que no se puede seguir contabilizando como gasto la inversión pública en infraestructura.
«Inversiones y gastos corrientes constituyen hechos económicos con un impacto fiscal distinto, pero son tratados como si tuvieran un impacto fiscal idéntico», dijeron en la carta los ministros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Ese mecanismo ha causado un grave deterioro a la infraestructura regional y tenía como principal objetivo reducir el gasto público para que los países pudieran hacer frente a una carga cada vez más insostenible de la deuda.
Este tema tiene importancia también en Costa Rica, donde el año pasado se dio una discusión entre las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, para impedir inversiones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con el pretexto de que contribuirían a aumentar el déficit fiscal. Las autoridades del ICE y las organizaciones sindicales se opusieron hasta donde fue posible a ese criterio, que amenaza con paralizar las obras que el país necesita, sobre todo la inversión en generación de energía eléctrica.
Esta política contribuye también a debilitar las empresas públicas que lograron subsistir a la ola de privatizaciones de la década pasada. Entre ellas el ICE, ahora amenazado nuevamente por los acuerdos del tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
Detrás del criterio aparentemente «técnico» de equilibrio fiscal se esconde, en realidad, una política que prioriza el pago de una deuda pública insostenible, contraída en condiciones que, a la larga, desangran nuestros países, como lo ha dejado en evidencia el caso de Argentina. Otros gobernadores del banco, que son los representantes de los países miembros, expresaron su preocupación sobre las formas de control del gasto público, particularmente las ejercidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando se solicitan créditos de estabilización financiera.
En Bolivia, se recordó, el FMI se resistió a considerar el gasto social, particularmente el destinado a pensiones e infraestructura, como un factor ajeno al déficit fiscal, lo que obligó a adoptar mayores restricciones en otras áreas. La consecuencia fue una explosión de descontento social que llevó a la renuncia, en octubre pasado, del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, uno de los grandes entusiastas del modelo del BID y del FMI.
«La inversión pública orientada a proyectos de alto impacto… debe tener otro registro metodológico», exigió el ministro de Economía de Ecuador, Mauricio Pozo, cuyo país está en dificultades con el FMI para la ejecución y renovación de un programa crediticio.
Nadie pretende volver a los enormes desequilibrios en las finanzas públicas, pero la asamblea del BID dejó en evidencia que el modelo que se ha venido aplicando está agotado.
Como es habitual, esas cosas se dicen con mucha prudencia en estas reuniones, pero la Carta de Lima pone el dedo sobre un aspecto clave.
CRISIS DE LA DEUDA
Hay otros, sin embargo, entre ellos el problema de la carga que representa el servicio de la deuda latinoamericana.
Iglesias no ocultó su preocupación sobre el tema. Pero tampoco se analiza, en estas reuniones, el origen del problema, ni las condiciones en que fueron contratadas esas deudas, que las transforman en un mecanismo escandaloso de transferencia de recursos de los países en desarrollo a los países desarrollados.
El balance de la asamblea del BID indica, además, que la región atraviesa una grave situación, con tasas de crecimiento promedio de 1,3% en el último quinquenio y levemente negativa en 2002.
El BID recordó asimismo que el desempleo promedio se encuentra en su peor nivel histórico, 10,7% en 2003, y que la pobreza alcanzó su nivel más alto en los últimos cuatro años. Sobre el desempleo, funcionarios del BID agregaron que, en Argentina, 81 % de los desempleados que consigue colocación ocupan puestos que no les dan seguridad social. En México, que acaba de cumplir diez años de aplicación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, la cifra es de 62 %.
En cuanto a la pobreza, 44% de la población latinoamericana, cerca de 225 millones de personas, viven con menos de dos dólares al día, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Latinoamérica sigue teniendo además el »mayor nivel de inequidad del mundo», ya que en varios países el 10 % de los más ricos recibe un ingreso medio 20 veces superior al que percibe el 40 % más pobre, agrega la CEPAL.
Ante esta situación el BID no pudo menos que reconocer que «las deudas sociales acumuladas durante la crisis son una amenaza para la estabilidad a mediano plazo de América Latina», donde crece el descontento «no sólo con la administración económica, sino con los resultados de la democracia».
Pero la receta para enfrentar la crisis no es muy distinta a la que se ha aplicado hasta ahora. El BID llegó a Lima con un nuevo proyecto, de abrir su cartera de financiamiento al sector privado, mientras Iglesias proponía a los países latinoamericanos, en la reunión inaugural, fortalecer las finanzas públicas, reducir y mejorar el perfil de la deuda pública, fortalecer los sistemas financieros y fomentar un entorno económico favorable.
El representante del FMI en la reunión, José Fajgenbaum, sugirió avanzar en la flexibilización laboral, un proyecto que se quiere aplicar en Costa Rica y que enfrenta creciente resistencia. Entre otras cosas, se pretende extender a las grandes empresas la legislación que se aplica a las pequeñas y a las microempresas. Ello implica, nada menos, que reducir el costo de la indemnización por despido arbitrario y el período vacacional.
O sea, nada que permita revisar seriamente el camino que se ha seguido y que ha contribuido a agravar las disparidades sociales y las tensiones políticas.
