Estudios recientes sobre la pobreza muestran el por qué del descontento y las protestas en América Latina, en particular en Perú.
La revista «Caretas» abordó con amplitud la coyuntura social peruana. (Foto de «Caretas»).
Hay un divorcio creciente entre la evolución de la producción y la inversión, por un lado, y el empleo y las remuneraciones, por el otro, señaló el economista peruano Javier Iguíñiz, en un análisis sobre la economía de su país, publicado recientemente en la revista Caretas, de Lima. En otras palabras, crecen las inversiones y la producción; pero el empleo y los salarios, no.
El problema del empleo en el Perú, explicó Iguíñiz, es, en buena medida, un problema de remuneraciones insuficientes. La gente trabaja, pero no gana lo suficiente.
«En los últimos treinta años el poder adquisitivo de las remuneraciones ha caído a niveles inimaginables y mucho más de lo que cayó el producto per cápita», agregó.
En 1973 los salarios en el sector privado alcanzaron su máximo nivel en Perú. A partir de entonces han caído de forma sistemática. En 1990, el poder adquisitivo era apenas un 21,5% del que tenían en 1973. O sea, solo para volver a los niveles de 17 años antes, los salarios tendrían que ser casi cinco veces mayores de lo que eran.
En 1975, poco más de 75% de la fuerza laboral de Lima podía sostener una familia de cinco personas en el límite de la pobreza. Pero en 1990 ese porcentaje bajó a solo 18.6%, según el estudio de Iguíñiz. En la década de los 90, la inversión aumentó, pero el empleo adecuado siguió reduciéndose.
Si bien el estudio no ahonda en las causas de esta situación, no se puede dejar de vincular el modelo de rápida liberalización de la economía, adoptado entonces, con los resultados de una creciente informalización que, por lo demás, se ha dado en prácticamente todos los países latinoamericanos donde este modelo se ha aplicado.
SITUACIÓN INSOSTENIBLE
Los salarios tampoco han acompañado de manera proporcional las variaciones de la economía. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita peruano en 2000 equivale a apenas 80,8% del correspondiente a 1973, o sea, cayó casi un 20%. Los sueldos, sin embargo, cayeron el doble, pues su poder adquisitivo representa apenas 40,4% de lo que correspondía en 1973.
No es difícil ver el problema que subyace detrás de la huelga que los maestros mantuvieron durante semanas en Perú, pues ellos han visto sus ingresos perder su poder adquisitivo, del mismo modo que la mayoría de la población peruana. Fue precisamente en el gobierno reformista del general Velasco Alvarado cuando esos salarios alcanzaron un nivel más alto, equivalente a casi mil dólares, para caer hasta los poco menos de $200 de hoy.
La situación se hizo de tal manera insostenible que el propio presidente Alejandro Toledo ofreció, durante su campaña electoral, duplicarles los salarios a los maestros. Ahora, cuando le exigen cumplimiento, el presidente busca salidas distintas, y afirma que la intención es hacerlo en el transcurso de sus años de gobierno, o sea, hasta 2006. Pero nadie confía ya en que esa promesa será cumplida. Y eso contribuye a aumentar la inestabilidad.
RUINA
El movimiento de protesta en Perú coincidió con otros, como el de Costa Rica, en los que los educadores decidieron ir al paro, para hacer valer sus reivindicaciones. El presidente Abel Pacheco atribuyó entonces a «fuerzas malignas» y a la «izquierda latinoamericana» esa ola de protestas para plantear «teorías que llevaron a la ruina a montones de pueblos».
Pero los datos indican otra cosa. Si dejamos de lado esa izquierda «caduca y vencida», como la llamó el Presidente, nos queda el otro espectro del escenario.
El estudio de Iguíñiz muestra como, en el caso de Perú, la debacle se vino de la mano de la política de reformas neoliberales, que incluyó la «flexibilización laboral» y el abaratamiento de la mano de obra, además de un intenso proceso de privatizaciones, llevado a cabo por Fujimori, en la década de los 90.
El resultado está a la vista, pero el caso del Perú es solo uno más de una tendencia mundial a la profundización de las desigualdades, que alimentan las protestas.
El último informe del Worldwatch Institute, una institución norteamericana con sede en Nueva York, destaca esa creciente disparidad como factor de aumento de las tensiones en el mundo.
En el documento titulado «Vital Signs 2003», Worldwatch Institute destaca que, en 1960, según datos del Banco Mundial, el Ingreso Nacional Bruto (INB) de los 20 países más ricos del mundo era 18 veces mayor que el de los 20 más pobres. Hacia 1995 esta brecha se había casi duplicado, llegando a 37 veces, tendencia que continúa acentuándose.
En América Latina, Brasil, Chile y México son las naciones donde se registran las mayores desigualdades. En éstas, el 46%, 45% y 41% de los ingresos se concentra en el 10% más rico de la población. Perú, este porcentaje es de 35%.
Las disparidades se han acentuado en todo el mundo pero en particular, en los antiguos países socialistas europeos. Rusia, por ejemplo, tiene hoy un índice de concentración de la riqueza similar al de Perú, y sigue creciendo.
Estos datos podrían ayudar a entender que no han sido solo las teorías de una «izquierda fracasada» las que han llevado la ruina a sus pueblos. Hay una variedad cada vez mayor de estudios que llevan a una conclusión distinta. No se pueden ocultar las dramáticas consecuencias del modelo neoliberal aplicado en el último cuarto de siglo en el mundo, en particular América Latina.
AUSTERIDAD
Mientras tanto, bajo la presión de la crisis y las protestas, el gobierno peruano estudia medidas de austeridad, que incluyen una reducción de los salarios del Ejecutivo y recortes de gastos en los otros poderes del estado.
Esto incluye desde el sueldo del presidente, de $12.000 en la actualidad (hay quienes aseguran que es de $18.000) hasta el de los ministros. El Congreso anunció un ahorro de 10 millones de soles, poco más de $2,8 millones, para contribuir a esos planes. Esos ahorros se destinarían a programas de interés social.
Pero mientras se anuncia la intención de proceder a esos recortes, la prensa se hace eco de otras medidas, como la aprobación, de manera apresurada e irregular, de una ley que elimina el Sistema de Supervisión de Importaciones.
Esa ley, junto con una disposición de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que obliga a tramitar la mercadería con la factura que presente el importador para después comprobar su veracidad, puede conducir a un descalabro en la recaudación fiscal, advirtieron los medios de comunicación, y podría costar al Estado, a partir del año entrante, unos mil millones de dólares. La aprobación de una ley similar, en México, provocó una caída de 40% en la recaudación de esos impuestos.
La nueva legislación es promovida por el congresista Jorge Mufarech, «industrial textil de empresas invisibles», según la prensa de ese país, con el apoyo de sus amigos el Primer Vicepresidente de la República, Raúl Díez Canseco, y del Segundo, David Waisman.
Ese parece ser el caldo de cultivo de las protestas que enfrentan los gobiernos del área, entre ellos el peruano, cuyo presidente, Alejandro Toledo, cumplirá el próximo 28 de julio su segundo año de mandato.
