Presidente de la Cámara e iglesia evangélica en Brasil acusados de corrupción

La economía brasileña registró una reducción en su crecimiento de 0,2% en el primer trimestre de este año.

En una nueva vuelta de tuerca en las investigaciones sobre el pago de propinas multimillonarias a políticos en Brasil, la Procuraduría General de la Republica acusó al presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, de haber recibido $5 millones de una empresa coreana que negociaba con la brasileña Petrobrás por servicios para la extracción de crudo. Parte del dinero recibido fue depositado en una cuenta de la iglesia llamada “Asamblea de Dios”, a la que pertenece Cunha. Según la Procuraduría, hay pruebas lo suficientemente claras como para acusar al presidente de la Cámara y también al senador y expresidente de la República, Fernando Collor de Mello, el mismo que fue destituido por el Congreso en 1992 por actos de corrupción.

La decisión podría ser clave para el desarrollo de la crisis política brasileña, en la que Cunha ha adoptado un papel protagónico, al decidir alejarse del gobierno de Dilma Rousseff y transformarse, de hecho, en pieza clave de la oposición.

Cunha promovió una serie de proyectos que multiplicaron los gastos públicos, a contramano de la política de ajuste fiscal que el gobierno trata de promover, y despejó el camino para una votación expedita en el Congreso, sobre las cuentas de la pasada campaña electoral de la presidenta, cuyo resultado podría dar paso a la acusación o destitución de la actual mandataria.

La decisión de la Procuraduría hizo a un analista de la política brasileña recordar que “fríamente, hay que repetir, para no olvidar: el partido está en pleno desarrollo. En ese proceso, el formato de las nubes cambia todos los días. Hoy el tiempo no está bueno para Cunha ni para la Iglesia Universal del Reino de Dios, pero mañana…”.

NO AL GOLPE

El pasado domingo 16 de agosto, la oposición salió a las calles para reiterar el pedido de acusación contra la mandataria. Dos días después, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, del conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), saltó a la palestra con un sorpresivo texto en su muro de Facebook: “Si la propia presidenta no fuera capaz de un gesto de grandeza (renuncia o reconocimiento claro de que se equivocó y señalar los caminos para la recuperación nacional), asistiremos a la desarticulación creciente del gobierno y del congreso, a golpes de ‘Lava-jato’ (como se conoce la trama de corrupción de Petrobrás que está siendo investigada por la justicia)”.

Acerca de la manifestación opositora, estimó que lo más significativo fue “la persistencia de un sentimiento popular de que el gobierno, aunque legal, es ilegítimo. Le falta la base moral, corroída por sinvergüenzadas del lulopetismo”.

Cardoso se sumó, así, a los que en su partido quieren el fin del gobierno de Dilma, una posición que no es compartida por todos en el PSDB; además, se suma a la nueva orientación de los dardos opositores, apuntados a partir del domingo hacia el expresidente y principal figura del PT, Luiz Inácio “Lula” da Silva. En el Congreso, representantes del partido estimaron “irrelevante” el debate sobre si la manifestación habría sido mayor o menor que las dos anteriores, sino que habría dejado claro que “el país va, de forma irreversible, hacia un cambio”.

En su editorial, el diario O Globo, expresión de los sectores conservadores del país, titulaba: “El ajuste del foco en las manifestaciones”.

“Al lado de Dilma y del PT –agregaba–, Lula gana destaque como objetivo de las protestas, mientras crece el apoyo al juez Sergio Moro y al combate a la corrupción”. Moro, encargado de las investigaciones del “Lava-Jato”, fue figura destacada en los carteles de la manifestación opositora.

Mucho más importante que la discusión sobre el número de participantes (se estimaron en 800.000 en todo el país, un tercio de los 2,5 millones que participaron en las protestas en marzo pasado), O Globo destacó el “ajuste del foco”.

LULA, EL NUEVO FOCO

“Además de Dilma y del partido, el exmandatario Lula entró en la zona de tiro de las protestas; todo indica que esto es como resultado del hecho de que haya comenzado a ser citado en la cola de las investigación de la operación ‘Lava-Jato’ y sus diversas etapas, las cuales −al parecer− todavía no se agotaron”.

Con la investigación en pleno desarrollo, el gobierno y los diversos partidos políticos involucrados tienen poco control sobre lo que pueda surgir de las investigaciones. En particular, temen el resultado de la aplicación de lo que en Brasil se llama “delación premiada”, que permite a los acusados importantes reducciones de sus condenas si cooperan de manera efectiva con la justicia. En realidad, fue precisamente una de esas delaciones las que permitieron acusar a Cunha, quien niega cualquier responsabilidad en actos de corrupción.

Los “disparos” contra el expresidente Lula (que no está acusado judicialmente de delito alguno, ni de participación en la trama del “Lava-Jato”) apuntan a un cambio en la estrategia opositora, orientada a poner fin a los cuatro mandatos del PT en Brasil.

Sin descartar la acusación, aunque −por ahora− reconocen que no existen las condiciones para eso, la campaña contra el PT tiene en el “Lula inflado” un nuevo tema de propaganda.

Se trata de un enorme muñeco con la figura del expresidente, vestido con el uniforme a rayas de presidiario, que los manifestantes exhibieron en Brasilia y al que los medios de oposición hicieron especial referencia, multiplicándolo en las redes sociales.

Ahí se puede leer, entre otras, frases como esta: “La caída de Lula debe ser acompañada de la caída de Dilma (no importa el orden) y de la extinción del PT”, expresión de un clima en Brasil en el que algunos piden el retorno de los militares, que en 1964 tomaron el poder e implantaron una severa represión a los opositores.

En medio de ese clima enrarecido, el pasado 20 los manifestantes salieron nuevamente a las calles, para rechazar el clima golpista.

La convocatoria, firmada por organizaciones como el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST), la Central Única de Trabajadores (CUT) y la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), tenía diversos objetivos, entre ellos oponerse al ajuste fiscal que el gobierno de Dilma propone. “La salida es por la izquierda”, reivindicaban.

La presidenta de la UNE, Carina Vitral, destacó que la destitución de la mandataria sería “un golpe a la democracia”. La senadora Fátima Bezerra, del PT, rechazó los pedidos de renuncia de la presidente o los intentos de votar su destitución y señaló que los objetivos eran fortalecer la petrolera brasileña Petrobrás, implantar el Plan Nacional de Educación y consolidar las conquistas sociales que caracterizaron los primeros gobiernos del PT.

No obstante, las críticas a la política económica del actual gobierno incluidas en la convocatoria no gustaron al PT, partido que decidió no firmarla.

Con la economía entrando en recesión –las cifras del primer trimestre del año indican una reducción de 0,2%–, en un proceso paulatino pero que dura ya cuatro años de un crecimiento cada vez más reducido, los márgenes de maniobra del gobierno también se reducen, agravado por las denuncias de corrupción aún en pleno desarrollo, sin que se pueda predecir a quiénes más van a involucrar.

Brasil se suma a una turbulencia política que se extiende por América Latina, con los gobiernos progresistas que enfrentan diversos desafíos sin que el conservadurismo que se le opone tenga mucho más que ofrecer, además de la política privatizadora de la época neoliberal, lo cual genera una crisis política cuya salida está en discusión.

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