Receta del FMI incendia Bolivia

Las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal en Bolivia y la decisión del gobierno de gravar los

Las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal en Bolivia y la decisión del gobierno de gravar los salarios con un impuesto de 12,5 por ciento, desató una ola de protestas la semana pasada, en la que perdieron la vida 30 personas.

Los jefes de las delegaciones centroamericanas, en la inauguración de las negociaciones del TLC con los Estados Unidos.

En solo seis meses de gobierno, encabezado por Gonzalo Sánchez de Losada, 40 personas han perdido la vida en confrontaciones sociales.

Es demasiado, afirma la oposición, que exige la renuncia del mandatario.

La última crisis estalló la semana pasada, después que el presidente anunciara el domingo 9 de febrero, el proyecto de presupuesto para el 2003. En él se pretendía gravar con un 12,5 por ciento el salario de los trabajadores, una medida que, según las estimaciones hechas en Bolivia, afectaría especialmente a aquellos que ganan entre 800 y 5.000 bolivianos (unos 116 a 660 dólares), rango en el que está cerca de 95 por ciento de los asalariados del país. Las medidas incluían, además, un congelamiento salarial para este año.



IMPUESTAZO

 


Para el gobierno, según el ministro de Hacienda, Javier Comboni, se trataba apenas de reducir el déficit fiscal, de un insostenible 8,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y reactivar la economía del país, que lleva ya cuatro años de estancamiento. El objetivo es reducir el déficit en un tres por ciento, lo que representa cerca de 240 millones de dólares.

Esta es la reducción que se había pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a quien la oposición atribuye la decisión gubernamental de aplicar lo que los bolivianos llamaron «el impuestazo».

Desde el lunes siguiente al anuncio, los ministros del área económica viajaron a diferentes lugares del país para explicar las medidas y tratar de convencer a todos que el impuesto al salario era indispensable para evitar el colapso económico, recordando la crisis vivida por Argentina hace poco más de un año. Al mismo tiempo se negociaba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Pero no fue posible sostener la medida. Mientras las protestas se iniciaban el martes, con un amotinamiento de la policía en la céntrica plaza Murillo, el ministro de Gobierno, Alberto Gasser, aseguraba que reinaba la tranquilidad en el país. El día siguiente una confrontación entre militares y policías se saldaba con la muerte de 16 policías y motines en las calles de La Paz y el interior del país. El jueves, luego de una manifestación convocada por la Central Obrera de Bolivia (COB), nuevas confrontaciones elevaron el número de muertos a 30.

El gobierno, que había prometido no negociar bajo presiones, tuvo que dar marcha atrás y retirar del congreso la ley de presupuesto.

«Yo estoy muy entristecido de haber visto cómo se han enfrentado hermanos bolivianos, miembros de dos instituciones fundamentales de nuestra historia y de nuestra República. Esto no puede ser, tiene que parar, por eso he tomado la decisión de retirar el proyecto de presupuesto que mandé al Congreso para que lo consideren», dijo el mandatario, quien se comprometió a iniciar un diálogo con todos los sectores para hacer un nuevo presupuesto.

CRISIS POLÍTICA


Sin mayoría en el congreso, Sánchez de Losada gobierna gracias a una coalición entre su propio partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el socialdemócrata Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), del expresidente Jaime Paz Zamora y el apoyo de partidos menores. Goni, como se conoce al presidente, enfrenta una rebelión de quienes exigen su salida del poder.

Las elecciones de junio del año pasado resultaron una sorpresa en Bolivia, pues los candidatos favoritos hasta pocas semanas antes de los comicios, entre ellos el propio Paz, y el líder de la Nueva Fuerza Republicana (NFR), Manfred Reyes Villa, quedaron desplazados por el líder indígena del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, quien logró ubicarse en un segundo lugar y disputar en el Congreso la presidencia con Sánchez de Lozada. El Movimiento Indio Pachacuti (MIP), de Felipe Quispe, también logró representación parlamentaria, reflejando así los cambios políticos que se han ido consolidando en el país.

Ambos insistieron en la renuncia del mandatario y de su gobierno, mientras el NFR, que controla 22 de los 157 escaños del Congreso, pedía la realización de una cumbre política, con participación de los partidos y de organizaciones sociales, de la que podría derivar una decisión de acortar el mandato de Sánchez de Lozada.

Morales, que encabeza un llamado Estados Mayor del Pueblo, tildó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de «incapaz, asesino, mentiroso y sumiso al mandato del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial» y afirmó que la renuncia de Goni debería dar paso a la conformación de un gobierno de transición, con tareas bien determinadas.

La primera sería la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales o de una asamblea constituyente. Pero las demandas incluyen también un cambio en la política económica neoliberal, lo que incluye la recuperación de los hidrocarburos, una redistribución de tierras y una pausa en la política de erradicación de las plantaciones de coca, una reivindicación muy sentida para los indígenas bolivianos.

CAMBIOS POLÍTICOS


Los cambios en el escenario político de Bolivia se incluyen en un patrón de insatisfacción que predomina en prácticamente todas las elecciones realizadas en América Latina el año pasado.

Sin que haya todavía una alternativa al modelo neoliberal claramente planteada, las elecciones de Bolivia, Ecuador y Brasil mostraron el descontento de un electorado, que optó por la búsqueda de nuevas fórmulas políticas para enfrentar el agravamiento de las tensiones sociales y la crisis económica.

Del mismo modo que las propuesta provocaba un estallido de violencia en Bolivia, el debate sobre el modelo del FMI generaba también tensiones en Costa Rica, donde, acatando la terminología empleada por esa institución, se trataba de convencer el país de que las inversiones en desarrollo nacional, en particular en telecomunicaciones y energía, son un gasto que el Estado no esta en condiciones de financiar. Para el FMI, toda inversión en nosotros mismos, en la satisfacción de nuestras necesidades, termina siendo un gasto superfluo que debilita nuestra capacidad de enfrentar los compromisos financieros internacionales.

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