El gobierno hondureño aún no logra alcanzar su legitimidad entre la comunidad internacional y se mantiene en una crisis interna.

Con un paro cívico celebrado en diversos lugares del país y convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el pasado 7 de septiembre miles de hondureños se manifestaron contra el gobierno del presidente Porfirio Lobo, en demanda de mejoras salariales y de cambios políticos en el país.

La protesta se suma a otra iniciativa, en pleno desarrollo desde hace meses, para lograr 1.5 millones de firmas en apoyo a la convocatoria de una constituyente. La semana pasada se llegó a 1.057.481 firmas, según los organizadores de la campaña.
Días antes, al superar el millón de firmas, el expresidente Manuel Zelaya envió, desde su residencia en República Dominicana, un comunicado a sus compatriotas. “Creyeron que el golpe iba a terminar en amnesia después de tres días; han pasado más de catorce meses y la indignación y la reacción popular solo tiende a hacerse más grande e intensa”, afirmó.
Para consultar sobre la convocatoria de una constituyente, la “cuarta urna” que el exmandatario pretendía agregar a las elecciones de noviembre del año pasado, y que dio pretexto para el golpe de Estado que lo derrocó el 28 de junio del 2009, “registramos 500 mil solicitudes y dijeron que eran inventadas. Un año después -a pesar de la persecución, el acoso y la violencia-, se incrementaron a un millón de personas, convencidas de la necesidad  de los cambios”, dijo Zelaya en su carta.

DOS VISIONES

La situación de Honduras sigue dividiendo las opiniones en el continente. Mientras en el interior del país el FNRP multiplica sus actividades -orientadas a resistir ante un gobierno que consideran ilegítimo y a convocar una asamblea constituyente-, en el exterior se libra otra batalla, que pretende la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA).
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, estuvo en San José el mes pasado, en una gira en la que defendió el regreso de Honduras al seno de la organización, de la que fue suspendida el 4 de julio del 2009, días después del golpe de Estado contra el presidente Zelaya.
La propuesta de Insulza, que contó con el apoyo de la presidente Laura Chinchilla, es que se celebre una asamblea extraordinaria para tratar el tema y que se evite la larga espera hasta la asamblea ordinaria de julio del próximo año.
“Siempre se ha pensado en una Asamblea General extraordinaria pues no hay razón para esperar hasta julio del próximo año. Sería una asamblea que, a mi juicio, debería tener lugar pronto, una vez que tengamos un consenso razonable entre la mayoría de países», puntualizó Insulza.
Para eso la OEA presentó el informe de una Comisión de Alto Nivel con una serie de recomendaciones, entre ellas las de poner fin a los juicios contra Zelaya y sus colaboradores. Se pretendía que, una vez emitido el informe, se pudiera celebrar la asamblea e reincorporar el país a la organización.
La propuesta, sin embargo, enfrenta la resistencia de un grupo importante de países que no reconocen la legitimidad del gobierno de Lobo. Entre ellos Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua.
La semana pasada, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó de “insolente” al canciller de Honduras, Mario Canahuati, en un duro intercambio de acusaciones por el manejo del caso de los indocumentados de Centroamérica y los suramericanos asesinados en México.
«Viene este insolente canciller del gobierno ilegítimo de Honduras –¡cómo les remuerde la conciencia de que no representan, no tienen ninguna legitimidad!– (a decir) que el presidente Correa es un irresponsable. Ni siquiera voy a perder el tiempo respondiendo idioteces», expresó  el mandatario ecuatoriano.
Insulza no quiere arriesgarse a celebrar una Asamblea que termine por poner en evidencia las profundas discrepancias entre los países del hemisferio sobre este tema. De modo que pareciera necesitarse todavía mucho trabajo antes de poder convocarla.

RESISTENCIA

En este marco, crece en Honduras la resistencia y las denuncias contra el régimen de Lobo, en medio de una renovada ola de violencia en el país.
Para el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS), Carlos Reyes, el paro cívico del 7 de setiembre pasado fue un “éxito total” en Tegucigalpa. “En varias partes del país la gente tomó puentes y carreteras, exigiendo respuestas a nuestras demandas”, detalló Reyes.
Entre esas demandas destacan un aumento del salario mínimo; aumento general a los empleados públicos;  rechazo a los proyectos de ley que pretenden impulsar el trabajo temporal y por horas;  y la eliminación de la Ley de Inversión Público-Privada.
Para el FNRP, la realidad política hondureña está demostrando las verdaderas razones del golpe del año pasado. Son, afirman, “continuar ilimitadamente la concentración de riquezas a partir a partir del robo del trabajo y los recursos de las grandes mayorías”, mediante la aprobación de leyes como la de empleo temporal que, en su opinión, derogaría de hecho el Código del Trabajo de 1954, producto de la gran huelga nacional.
Esa política económica es avalada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que envió, la semana pasada, una nueva misión a Honduras. El FMI  ha insistido en sus recetas para estabilizar la deuda pública y promover la inversión, y ha recomendado al gobierno reducir el gasto, incluyendo la masa salarial, tal como ya lo había hecho en una misión que visitó el país en marzo pasado. Según el FMI, esa es la mejor receta para combatir la pobreza que afecta a más del 60% de la población hondureña
Pero, el FNRP se opone a esas medidas y propone “avanzar hacia la refundación del país, de su sistema económico, de las leyes que lo rigen y los valores que se imponen para perpetuar la explotación”. Para eso pretende instalar una Asamblea Nacional Constituyente, que sería el primer paso hacia esa transformación.
No obstante, junto con las protestas también crece la violencia y las denuncias contra las violaciones a los derechos humanos en Honduras.
La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, afirmó, el domingo pasado, que “ya hemos identificado cárceles de terror en San Pedro Sula y en Tegucigalpa […]  así como  el resurgir de la Mano Blanca 14/-88. Sabemos dónde están operando”, aseguró, y pidió el régimen de Porfirio Lobo “desarticular los escuadrones de la muerte  existentes en Honduras”.
La violencia política se ha ensañado con los maestros, incluyendo la toma de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), la principal del país.
EL COFADEH denunció también el asesinato de periodistas. El décimo de la lista, Israel Zelaya Díaz, fue encontrado muerto el 24 de agosto pasado, cerca de San Pedro Sula, con tres heridas de bala.
A esta violencia política se suma otra, atribuida por el gobierno hondureño a las pandillas maras, responsables de una masacre en la que 18 trabajadores de una zapatería fueron asesinados por varios hombres armadazo con fusiles AK-47, en el populoso barrio de Cabañitas, en San Pedro Sula.
El hecho ha provocado conmoción en Honduras y el gobierno lo atribuye a la rivalidad entre la Mara Salvatrucha y la 18, dos organizaciones criminales que operan tanto en ese país como en El Salvador.