El mandatario Chávez pidió a Costa Rica vigilar acciones del sindicalista Carlos Ortega.
Cuando se refirió a la posibilidad de que el líder de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, haya planificado, desde su exilio en Costa Rica, acciones para desestabilizar al gobierno constitucional venezolano, el presidente de ese país, Hugo Chávez, hizo una velada advertencia sobre las ventajas que su gobierno le da al ejecutivo costarricense en la compra de petróleo.
Desde marzo pasado, y tras varios meses de huelga que paralizaron la economía de ese país, el dirigente sindical Carlos Ortega solicitó asilo político en Costa Rica, para escapar de una supuesta persecución política.
En una alocución televisada, el pasado domingo 2 de noviembre, el presidente Chávez reprodujo una grabación de una llamada telefónica en la que Ortega y su compañero de la CTV, Manuel Cova, planeaban una serie de actos de desestabilización que tendrían la intención de derribar al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, el presidente indicó que desde Costa Rica opera un grupo subversivo que pretende utilizar la nueva recolección de firmas para un referéndum revocatorio, que la oposición ejecutará entre el 28 de noviembre y el 1° de diciembre, para cometer acciones violentas.
Aunque el empleo de grabaciones no autorizadas como prueba es ilegal en ese país, la denuncia de Chávez puso en un compromiso al gobierno costarricense.
Según las convenciones que rigen el asilo territorial y las normas conexas, no es permitido que una persona que esté en condición de refugiado realice actividades que puedan socavar al gobierno de otro país.
El otro factor fundamental para Costa Rica en este caso es de índole económico. Venezuela le vende crudo y otros productos derivados al gobierno costarricense a un precio preferencial.
Cualquier disturbio en las relaciones bilaterales podría, eventualmente, provocar una crisis energética.
Aunque Ortega negó participar en planes para derrocar a Chávez, si admitió que la voz en la llamada era suya; sin embargo, hizo una interpretación diferente de lo que había dicho.
El líder sindical indicó que está seguro de que la solución para los problemas de polarización que hoy vive su país está en las urnas. A partir de la primera semana de diciembre, el Consejo Supremo Electoral deberá fijar las fechas para los referendos revocatorios que se han planteado.
La oposición a Chávez está convencida de que podrá recabar las firmas necesarias para que el mandatario tenga que refrendar su mandato con una nueva votación.
Por su parte, los partidarios del presidente aseguran que, de llegar a realizarse la consulta, ellos ganarían cualquier elección, ya que la población está plenamente identificada con el proyecto revolucionario que se lleva a cabo en la patria que fue cuna de Simón Bolívar.
Ante la encrucijada creada por los intercambios de Chávez y Ortega, el Canciller costarricense, Roberto Tovar, conformó una comisión que el pasado lunes 10 de noviembre emitió su criterio sobre el estatus del líder sindical como asilado.
Según la Cancillería, Ortega podrá gozar de asilo en suelo costarricense siempre y cuando se mantenga al margen de cualquier acción que pudiese dañar las relaciones entre Caracas y San José.
De este modo, se insta al presidente de la CTV a abstenerse de hacer declaraciones que puedan sugerir que desde Costa Rica se apoya algún movimiento cuyo propósito, incógnito o manifiesto, sea la ruptura del orden constitucional en ese país.
El gobierno venezolano, bajando el tono de sus declaraciones precedentes, había afirmado que respetaría la resolución de las autoridades costarricenses.
No obstante, si Ortega persiste en sus ataques contra Chávez, podría generar un deterioro en las relaciones bilaterales que tendría consecuencias muy negativas para la economía nacional.
La advertencia a Ortega es clara; pero hay pocas vías para que el ejecutivo costarricense pueda verificar si el sindicalista está cumpliendo con las demandas expresadas por la Cancillería.
En el marco de una América Latina que parece estar ordenándose de una manera alternativa al modelo impuesto por Estados Unidos, Costa Rica no debería deteriorar sus vínculos con un país que, tradicionalmente, ha sido solidario.
