La decisión de la Corte de rechazar la consulta popular y las detenciones de dirigente políticos, complican el proyecto de Álvaro Uribe.

“De no haber sido por el apoyo paramilitar”, Uribe no habría obtenido la victoria de primera vuelta electoral”

Las irregularidades cometidas por los aliados del presidente, Álvaro Uribe, en el Congreso colombiano para la convocatoria de un referéndum que le permitiera una segunda reelección llevaron a la Corte Constitucional a rechazar la consulta popular, cerrando al actual mandatario toda posibilidad de un tercer período presidencial consecutivo.

Por siete votos a dos, la Corte respaldó la ponencia del magistrado Humberto Sierra quien, en un estudio de 400 páginas, señaló las diversas violaciones a la ley de los promotores de la consulta, entre ellas la que se refiere al límite de la financiación para ese tipo de campaña y al proceso de recolección de firmas, necesarias para poder convocar la consulta.

No es la primera vez que a Uribe se le critica por abuso del poder y del dinero para tratar de lograr sus objetivos electorales. Hace cuatro años, cuando promovió la primera reforma constitucional para aspirar a un segundo mandato, el presidente colombiano compró los votos que le faltaban en el Congreso para la aprobación de la reforma. Declaraciones de la entonces diputada Yidis Medina ante los tribunales revelaron que Uribe le había comprado su voto (decisivo para alcanzar al reforma) con el otorgamiento de cargos para amigos suyos.
Además, había comprado la voluntad del también diputado Teodolindo Avendaño por 200 millones de pesos, unos $100 mil, para que este se ausentara el día de la votación.

Revelado el fraude, el presidente respondió, con cinismo, que el gobierno «persuade y no compra conciencias».
Pese al escándalo, la reforma se aprobó y Uribe logró un segundo mandato, que ahora pretendía extender a un tercer período consecutivo.

La decisión de la Corte podría complicar el proyecto, a lo que se suman las detenciones y condenas a dirigentes políticos del uribismo, acusados de los más diversos crímenes para imponer su control político en el país.

ESCÁNDALOS DE LA NARCOPOLÍTICA

El 14 de marzo casi 30 millones de colombianos estaban convocados a las urnas para elegir a 102 senadores y 166 diputados, además de celebrar, el 30 de mayo, la primera ronda de las elecciones presidenciales y, de ser necesario, tres semanas más tarde se realizará una segunda ronda.

Esta cita en las urnas está marcada por la necesidad de renovar un legislativo muy desacreditado por los vínculos de los diputados con grupos paramilitares y narcotraficantes, por la compra de votos y la corrupción, destacan comentaristas colombianos, que ponen en duda el nivel de participación electoral.

 La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del primo de Álvaro Uribe, el exsenador Mario Uribe, uno de los más cercanos aliados políticos del presidente, contra quien hay por lo menos dos testimonios de jefes paramilitares, entre ellos el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, extraditado por el mandatario a los Estados Unidos, en los que lo acusan de establecer vínculos con esos grupos mafiosos.

Pero el caso de Mario Uribe es solo uno más de cerca de 60 parlamentarios, ministros, diplomáticos, detenidos, acusados o condenados por vínculos con los paramilitares y la narcopolítica en Colombia, casi todos ellos miembros de la coalición de gobierno de Uribe.

El 23 de febrero pasado la Corte Suprema de Colombia condenó al al exsenador Álvaro García Romero a 40 años de prisión por paramilitarismo, homicidio agravado, peculado y concierto para delinquir agravado.

A García Romero lo acusan de participar de la matanza de Macayepo, que dejó a por lo menos 15 campesinos muertos a garrote y machete, ocurrida en este norteño lugar del departamento de Bolívar, el 16 de octubre del 2000.

“Nada de esto impidió que “al ‘Gordo’ García y a sus familiares les fuera bastante bien con esta administración. Su hermana Teresita fue nombrada cónsul en Frankfurt, y su cuñada, la también senadora Piedad Zuccardi, se ufana de sus vuelos al lado del jefe del Estado en el avión presidencial”, escribió el periodista Daniel Coronell, en un artículo publicado en diciembre del 2005.

LOS HILOS DE LA NARCOPOLÍTICA

Los hilos de la narcopolítca en Colombia ha sido tema de infinidades de publicaciones y probablemente una de las causas del cierre de la prestigiosa revista Cambio, de la casa editorial El Tiempo, en Bogotá, el mes pasado.
La editorial es controlada por el grupo Planeta y la familia Santos, de la que hacen parte el vicepresidente Francisco Santos y el exministro Juan Manuel Santos, candidato presidencial del uribismo, ahora que el mandatario no puede reelegirse.

“El cierre de la revista colombiana Cambio –anunciado inesperadamente hace pocos días por la Casa Editorial El Tiempo- se anticipó tres semanas, produjo indignación entre los periodistas y avivó el debate sobre la libertad de prensa en este país andino”, dijo el corresponsal de la BBC de Londres en Bogotá, Hernando Salazar.
Esos hilos de la narcopolítica en Colombia están narrados, entre otros, por Rafael García Torres, un personaje que fue miembro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia que depende del Poder Ejecutivo.

En un largo relato hecho en abril del 2009, García divide su historia en tres períodos, que van de 1999 a noviembre del 2008, incluyendo tres años (2005-2008) en los que estuvo detenido por sus vínculos con la parapolítica.
En más de 80 páginas revela, entre otras cosas, que “Para la elecciones legislativas (a congreso de la República) del año 2002, celebradas en marzo, las Autodefensas lograron apoderarse aproximadamente del 40% de las curules del congreso”.

“De no haber sido por el apoyo paramilitar”, Uribe no habría obtenido la victoria que obtuvo en primera vuelta electoral en ese entonces, asegura.

García narra como el narcotráfico y los paramilitares diseñaron una estrategia para irse adueñando de puestos estratégicos en la administración del Estado, en la política local y nacional, así como de tierras de las que iban expulsado a los campesinos. Cita nombres, fechas y hechos diversos.

“Si bien iniciamos en el DAS colaborándole a las AUC (y al Presidente Álvaro Uribe) en su supuesta lucha antisubversiva, terminamos inmersos en actividades de narcotráfico y lavado de dólares con los jefes de las Autodefensas y el resto de los grandes capos del narcotráfico en Colombia, puesto que estos habían aportado a la campaña presidencial de Álvaro Uribe cuantiosas sumas de dinero ilegal y enormes cantidades de votos conseguidos mediante el fraude y la intimidación, contribuyendo de esta manera a la elección de Uribe Vélez como Presidente de Colombia”, afirma García Torres, cuyas declaraciones han dado pie a diversas investigaciones por los tribunales en Colombia.

Durante los siete años de la llamada “política de seguridad democrática” de Uribe, por lo menos cinco mil personas han estado injustamente en prisión, señalan medios colombianos.

A esto hay que agregar unos 25 mil desaparecidos; 4,5 millones de desplazados internos; más dos mil “falsos positivos” (personas asesinadas y presentadas por el Ejército como guerrilleros dados de baja); y miles de asesinatos por razones políticas.

¿LECCIONES PARA COSTA RICA?

García Torres explica, en las primera líneas de sus declaraciones, que es un ingeniero de sistemas que, en 1994, comenzó a trabajar como jefe, y luego como gerente de sistemas, de la Sociedad Portuaria de Santa Marta.

“En el año 1993 el estado colombiano procedió a entregar el manejo de los terminales marítimos de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta a la empresa privada, buscando mayor eficiencia en su gestión, de allí se originaron las Sociedades Portuarias que fueron las empresas privadas que recibieron estos puertos”, explica Torres.
Al año siguiente entra a desempeñarse como Secretario General de la empresa Jorge Noguera, quién sería luego jefe de la DAS y hoy también acusado de crímenes de narcotráfico y la parapolítica.

El año pasado estuvo en Costa Rica la senadora colombiana Piedad Córdoba. En entrevista con “Universidad”, a la pregunta de si los paramilitares colombianos (y, por lo tanto, el narcotráfico) están aquí, contestó: – ¡Sí, claro. Ese know how se extendió por toda América y se exporta desde Colombia!

Y agregó: “Hace más de 10 años están aquí y tienen que ver con la adquisición de tierras para la explotación bananera. Hay paramilitares en Costa Rica detrás del sector productivo”, aclarando que no todos los que vienen a invertir aquí son narcotraficantes. “Hay un interés muy fuerte de sectores empresariales de invertir en lo que son los puertos”, aseguró.

Con el gobierno dispuesto a desembolsar 137 millones de dólares para privatizar el puerto del Caribe, la advertencia de la senadora Córdoba y la experiencia de Colombia deberían servir de voz de alerta para evitar que la narcopolítica se abra paso también en Costa Rica.

Arias se reunió con narcoparamilitar

En abril del 2008 un grupo de once líderes de las Autodenfensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar y narcotraficante, se reunión en Casa Presidencial, con el presidente Oscar Arias, informó UNIVERSIDAD en su edición 1755.

Entre ellos estaba Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” extraditado poco después a Estados Unidos, donde era acusado de concierto para fabricar y distribuir cocaína y la intención de importarla de manera ilegal a territorio de los Estados Unidos y 20 cargos de lavado de dinero, según nota del gobierno estadounidense que había sido enviada a las autoridades colombianas ya en octubre de 2007.