Confirman que no se trata de nuevas bases militares, sino de un aumento de la presencia estadounidense en bases existentes.
El presidente colombiano realizó la semana pasada una gira por siete países de América del Sur para explicar su decisión de ampliar la presencia militar estadounidense en su país.
Salvo en Lima, oyó, en todas partes, la preocupación porque esa presencia ponga en riesgo la seguridad de los países vecinos. El presidente peruano, Alan García estimó “fundamental” el trabajo de Uribe en su país y en el plano continental, y su canciller, José Antonio García, afirmó que Perú no considera que la decisión de Colombia sea una amenaza para la región. Pero fue el único.
El resultado de la gira es evaluado por la prensa regional de manera dispar. Es quizás La Nación de Argentina, la que hizo más énfasis en el éxito de la gira. “Uribe logra disipar temores en la región”, afirmó el diario conservador argentino, después de que el mandatario colombiano pasara por Buenos Aires, para reunirse con su colega, Cristina Fernández de Kirchner.
Según La Nación, Chile, Paraguay y Perú dijeron que «respetan» el acuerdo militar entre Washington y Bogotá; para Argentina resulta «inconveniente».
El diario, que es claramente opositor al gobierno, destacó que “la Presidenta le dijo a Uribe que la aprobación del acuerdo se convertiría en ‘una bomba de tiempo’ y, en respuesta al argumento del mandatario colombiano de que su país seguirá controlando las bases en las que operen las fuerzas norteamericanas, afirmó que Washington siempre ‘exige inmunidad’ para sus militares en este tipo de operaciones”.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ya había señalado, días antes, durante una reunión con su colega chilena, Michelle Bachelet, que “no le agradaba una base militar más en Colombia”, posición que fue apoyada por Bachelet. Lula pidió que se convoque el Consejo de Defensa Sudamericano para analizar el tema en la reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que se realizó el pasado lunes 10 de agosto, en Quito.
Por la importancia de la opinión brasileña, antes de la llegada de Uribe a Brasilia, el gobierno norteamericano mandó a su consejero de Seguridad Nacional, Jim Jones, a explicar la posición de su gobierno en este tema.
Según Jones, el nuevo acuerdo con Colombia forma parte de la cooperación que los dos países mantienen desde hace años y no representan ninguna novedad en el marco de esa cooperación.
El gobierno brasileño, que ya había manifestado su preocupación por la presencia naval norteamericana en el Atlántico, justo encima de las enormes reservas de petróleo descubiertas frente al litoral central brasileño, tampoco ve con simpatía una creciente presencia militar de los Estados Unidos en la amazonía.
«Bases extranjeras en la región aparecen como un resquicio de la Guerra Fría y no ayudan a la distensión con Sudamérica», dijo el principal asesor internacional de Lula, Marco Aurelio García.
Jones insistió, en una entrevista concedida al importante diario brasileño “O Estado de São Paulo”, que «La idea de que ese acuerdo significa un cambio radical en el apoyo de Estados Unidos a Colombia es completamente falsa… Nuestra misión es ayudar a Colombia en el entrenamiento de sus fuerzas de frontera. Suministraremos toda la ayuda que podamos para el combate a las FARC y para que Colombia se vuelva lo más libre posible del narcotráfico».
Y agregó: «Mantuvimos tropas en Colombia en los últimos 20 años. No sé por qué las bases están consideradas en forma diferente ahora…”
LAS BASES
Pero la realidad parece decir otra cosa. No se trata de nuevas bases militares, sino de un aumento de la presencia estadounidense en bases militares colombianas. Y no se trata de tres, como se señaló el algún momento, sino en siete bases, distribuidas por todo el país: tres de la Fuerza Aérea, dos de la marina y dos del ejército.
Una está ubicada en Cartagena (sobre el Mar Caribe); Larandia, en el departamento de Caquetá, en el sur del país; Tolemaida y Palanquero, en Cundinamarca, en el centro; Málaga, en región del Pacífico; Apiay, en el departamento de Meta, y Malambo, en Atlántico.
El argumento de Colombia es que «no son bases estadounidenses; son colombianas», como afirmó el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Armadas colombianas y ministro de Defensa interino.
«Se trata de profundizar unas relaciones que han sido exitosas», aclaró.
Es el mismo argumento del viceministro de Defensa de Colombia, Sergio Jaramillo, en entrevista al diario argentino “La Nación”.
“No va a haber ninguna base norteamericana de ningún tipo en Colombia. Las bases seguirán siendo controladas por un comandante colombiano. Habrá seguridad colombiana y la propiedad seguirá siendo colombiana, ni siquiera se trata de un comodato. El acuerdo supone permitirle a Estados Unidos utilizar las instalaciones. Nada más.», afirmó.
Datos sobre la presencia militar norteamericana en Colombia revelan, sin embargo, otra cosa.
De los más de $550 millones que Washington inyecta anualmente en el “Plan Colombia”, cerca de la mitad van a manos de contratistas privados, según datos del Departamento de Estado divulgados públicamente.
En el 2007 eran 31 contratistas privados que manejan aspectos claves de las actividades militares, de inteligencia y de policía en Colombia.
DynCorp International, por ejemplo, maneja un presupuesto de $164 millones para la provisión de pilotos, técnicos y apoyo logístico para el Ejército colombiano y el programa de erradicación aérea de la Policía Nacional de Colombia, según esos datos.
La ITT maneja un presupuesto de $6,5 millones para operar y mantener un Sistema de Radares Hemisféricos en Colombia, suministrar los recursos humanos para operar cinco radares en Colombia y un nodo de comunicación satelital en Bogotá.
Lockheed Martin tiene un presupuesto de $2,3 millones para operar un sistema de inteligencia y espionaje aéreo, que incluye a la conducción de misiones de inteligencia comunicacional y la colección de sensores e imágenes.
El Grupo Rendon (a través de Lockheed Martin) tiene un presupuesto de $3,4 millones para dar talleres de formación sobre operaciones psicológicas en apoyo al Plan Colombia.
Y así otros diversos programas, todos ellos relacionados con las operaciones del ejército colombiano, incluyendo el ataque a territorio ecuatoriano, en el que murió el segundo hombre de las FARC, Raúl Reyes.
CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN
Esto explica también las campañas de desinformación lanzadas sistemáticamente por el gobierno colombiano, entre ellas la montada con los “computadores de Raúl Reyes”, que siguen rindiendo frutos al gobierno de Uribe.
La última campaña fue la lanzada contra el gobierno venezolano, al afirmar que lanzacohetes pertenecientes al ejército venezolano habían sido encontrados en manos de la guerrilla.
La información inicial no precisaba el número de cohetes, que luego se fijó en cinco.
El presidente venezolano Hugo Chávez, afirmó que habían sido comprados en los años 80, y fueron capturados por la guerrilla colombiana en un ataque realizado a un puesto militar fronterizo en 1995, y que estarían inservibles.
La crisis provocada por Colombia con el anuncio de la ampliación de la presencia militar de EE.UU. en su territorio y el conflicto generado por las denuncias contra Venezuela y Ecuador, son los temas de la cumbre de UNASUR celebrada en Quito, a la que el gobierno colombiano no asistió.
