Costa Rica es Estado miembro de la Unesco a través de La Comisión Costarricense de Cooperación con dicho organismo, presidida por la Dra. Rocío Solís Gamboa. Este organismo constituye un importante aporte en el desarrollo del país en diversas materias: ambiental, educativa, cultural, tecnológica y otras que, por ser abordadas desde una perspectiva macro, tienen un mayor impacto porque el objetivo es educar a la población en estas temáticas.
A partir de la gestión de la Dra. Solís Gamboa, esta Comisión resurge en forma notable y contundente ya que en menos de tres meses vuelve a funcionar el Comité Técnico Ejecutivo después de más de un año de no sesionar, se crean las Comisiones de Niñez y Adolescencia; de Personas con alguna Discapacidad; de Personas de la Tercera Edad y se retoman otras comisiones. Es tema de la Comisión de Niñez y Adolescencia el “abandono escolar” que surge después de las vacaciones de medio año, mismo que en este caso se aborda desde la perspectiva jurídico-educativa ya que es un derecho de todo costarricense, tutelado constitucionalmente desde 1949 y ratificado mediante la Convención sobre los derechos del niño el 21 de agosto de 1990, que lo regula en su artículo 28 como un derecho de todo niño, así el Estado tiene la obligación de asegurar la educación primaria gratuita y obligatoria en el marco del respeto a la dignidad del niño, aspectos que son pilares de la gestión de la Unesco en su proyecto de Educación Para Todos.
Siendo así cualquiera situación distinta a la permanencia de los niños y niñas en las aulas escolares, contraviene los lineamientos de la Unesco y más aún este derecho fundamental. En este tema hay que distinguir absentismo que es circunstancial y repetitivo mientras que el abandono es separarse del sistema educativo en cualquiera de sus modalidades. Múltiples causas pueden generarlo, asociadas tanto al alumnado como a los docentes y administradores: salud, discapacidad física, ámbito social, necesidades económicas, historia escolar, deficiencias académicas, situaciones familiares, clima organizacional agresivo, acoso escolar, imposibilidad de remoción del personal inidóneo; una oferta educativa poco gratificante, un currículum y medición estandarizados desfasados y desvinculados de la realidad, prevalencia del enfoque adultocentrista en lugar del Interés Superior, confusión entre pedagogía y judicialización del sistema educativo y por ende confusión entre ser abogado y juez o docente o director, deficientes normas emanadas de los despachos ministeriales. La prevención es clave y menos costosa, debe disponerse de un planeamiento que permita visualizar a la población en riesgo y las posibles causas. Surgida la situación son responsables docentes y administrativos de realizar acciones para atraer a esos desertores a las aulas. Enlistar a los estudiantes, programar visitas a los hogares, entrevistar a padres de familia, enlistar a docentes influyentes en esta decisión y el director (ra) deberá realizar las acciones disciplinarias correspondientes. Con padres omisos como última ratio recurrir al Patronato Nacional de la Infancia. Es prudente recalcar que las mayores omisiones provienen de la jerarquía institucional, ya que en varias décadas no han tenido voluntad política para actuar responsablemente ante las exigencias de la educación del nuevo milenio, dotando al sistema educativo de una oferta académica regionalizada, estableciendo los mecanismos necesarios para atender estas situaciones y poniendo a funcionar un sistema de becas efectivo y ordenado. Vivimos en el siglo XXI con un modelo educativo del siglo XVIII que dota a la sociedad de clones propios de la época de Charles Chaplin. Seres poco críticos, temerosos, con un modelo económico replegado a las exigencias de los TLC que enriquecen a unos cuantos, con un modelo laboral para los jóvenes que no dista de la realidad que se vivía en las fábricas durante esa época.
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