Quiero expresar mi más profundo apoyo y solidaridad con un investigador nombrado recientemente -a principios del mes de diciembre del pasado año-, por la OIT/IPEC en conjunto con la UNICEF, quien ha sido vetado por el Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Manuel Cordero, en su condición de investigador asistente del estudio sobre Migración y Trabajo Infantil en Centroamérica y Panamá, por ejercer el derecho humano de libre expresión reconocido en la Constitución de la República de Costa Rica y en las Convenciones Internacionales que reconoce el estado costarricense -parece cada vez más necesario recordarlo-, al expresar su parecer respecto de las condiciones que la Presidencia de la República, en la persona del Viceministro mencionado, obligó a acatar al equipo investigador para no vetar tal estudio.
El proyecto busca estudiar las interrelaciones entre migración y trabajo infantil en Centroamérica y se lleva a cabo en Costa Rica para ambas fronteras a lo cual se opone la presidencia de la República de Costa Rica justificando que el estudio solo puede realizarse, so pena de vetarlo también, en relación con la frontera Costa Rica-Panamá, debido al conflicto actual con el gobierno del hermano país centroamericano.
A pesar de insistírsele al Viceministro que el estudio no implica ninguna relación directa binacional entre miembros del gobierno, se opusieron, éste y la presidenta del PANI, intransigentemente a realizarlo así y condicionaron su apoyo, so pena de vetarlo, a cambiar el marco referencial y hasta el cuestionario del estudio de manera tal que solo se consideren aspectos del estudio referentes con la frontera Costa Rica-Panamá. Mas me pregunto, si el estudio no implica trabajo de campo ni trabajo con grupo focal en la hoy temida frontera Costa Rica-Nicaragua, como así dispusieron las autoridades de OIT/IPEC, ¿es que acaso el nuevo proyecto de Ley General de Electricidad que propone el gobierno, el cual crea un MERCADO MAYORISTA asociado al MERCADO ELÉCTRICO CENTROAMERICANO y que actualmente es uno de los proyectos que buscan aprobar a espaldas de la gente, ha de excluir el mercado nicaragüense ytodo estudio relacionado excluyendo la información referente a Nicaragua con la excusa del conflicto geopolítico y económico, bastante utilizado por ambos gobiernos en su afán de afianzar su reputación, mas solo afianzando el sentimiento nacionalista, la xenofobia y hasta el racialismo?
En vista de lo sucedido y luego de escuchar decir al Viceministro que el Gobierno lo que necesita son inversiones y no más estudios (cabría preguntarle aquí: ¿como los que gestionó su gobierno y los de muchos países del mundo “en crisis” con el Banco Mundial y el FMI, que obligan a casi aniquilar el gasto público (ya aplicado para el presupuesto del año 2011 y aprobado en la Asamblea Legislativa de este país) y las empresas que explotan nuestros recursos y trabajadores como la que deseaba oro infinito?, el investigador asistente, a pesar de afirmar su respeto de los acuerdos tomados, fue vetado por aseverar, a título personal, su disconformidad por la intransigencia de la presidencia.
Además de otros argumentos que merecen una reflexión seria de por qué el gobierno se opone a realizar este estudio -en Nicaragua no ha tenido ningún obstáculo para realizarse de parte de las autoridades de gobierno nicaragüenses y ya el PNUD Nicaragua tiene estudios que hablan de migración transfronteriza desde Nicaragua a Costa Rica producida por búsqueda de mano de obra barata, esto es, sobreexplotada y sin derechos laborales, por empresarios desde suelo costarricense-, el viceministro agrediendo derechos fundamentales del investigador asistente justificó así su vetó, obligando al equipo investigador de OIT/IPEC-UNICEF a separarlo sin remuneración ni justificación alguna adicional.
Dejo a su conciencia estas palabras para su consideración y deliberación, ya él tomará las medidas para defender sus derechos.
Costa Rica y los últimos regímenes cada vez más restrictivos y que cada vez está degenerando en un autoritario y discriminante régimen de seguridad nacional “pacífico”, cada vez se acerca más a las promesas de exclusión, fragmentación y disolución social que ofrece la economía capitalista dependiente y de enclave que la élite liberacionista y empresarial (léase: mesiánica neoliberal y excluyente) viene queriendo imponer a este país, cobardemente poniéndose por encima de un estado de derecho, o viviendo parasitariamente de él, que parece entrar en crisis, y, agrediendo derechos fundamentales de nuestros compatriotas y habitantes. Seguiremos defendiendo ese estado de derecho y tratando de contribuir a su profundización para construir un país incluyente, solidario, responsable, soberano y autónomo -en lo político y lo económico-, y rico en cultura y humanidad.
