Adoctrinamiento disfrazado de educación

¿Qué aprenden los estudiantes en las escuelas públicas? Aprenden la doctrina oficial aprobada, de maestros aprobados por el gobierno, que usan libros de texto aprobados por el gobierno. ¿Cómo obtienen esas escuelas sus “clientes”? Mediante leyes de enseñanza obligatoria que fuerzan a los adultos a entregarles sus hijos, a partir de los cinco o seis años, a estas instituciones del Estado. Como señaló Francisco Ferrer, el Estado ha sido muy cuidadoso en mantener su cuasi-monopolio de las escuelas y la educación de las personas, porque sabe que su poder depende de esto.

Además de la inmoralidad repugnante de que el Estado pretenda ser dueño del hijo de uno, los resultados de la educación pública obligatoria han sido un desastre. Es que las escuelas públicas no existen porque tengan mejor calidad o sean más baratas que las escuelas privadas –la evidencia demuestra lo contrario− sino porque la educación pública produce adoctrinamiento.

A los  estudiantes se les enseña a creer que los derechos individuales “provienen” del gobierno, que la Corte Suprema puede interpretar la constitución política como quiera, que no hay una sola esfera de acción humana en la que el Estado no pueda entrometerse y que la votación legitima cualquier coacción

La ley de educación obligatoria realmente equivale a un servicio militar obligatorio para niños y jóvenes, que los obliga a pasar muchos años en escuelas opera­das o controladas por el Estado. La ley del servicio militar obli­gatorio obliga a los hombres a pasar varios años  sirviendo como carne de cañón  en aven­turas milita­res. Ambas leyes asumen que el Estado es el dueño de la vida del individuo. El uniforme que el Estado  impone  en las escue­las  tiene la misma función que en lo milita­r. El unifor­me y el autoritarismo son inseparables. «Uniforme» signi­fica “una forma”, o sea: «el individualismo está prohibido» o «el conformismo es obligatorio». Cómo uno está vestido no tiene nada que ver con lo que sabe, pero sí con convertirse en un futuro ciudadano domesticado.

Quien controla las escuelas tiene el poder de formar las mentes de todos menos las de unos cuantos intransigentes. Por eso el Estado contro­la las instituciones de educación, las públi­cas y también las privadas, ya que para operar estas  tienen que seguir los dictados del Estado. El verdadero interés del Estado no es mejorar la mente del niño me­diante su educación, sino controlarla mediante su adoctrinamien­to: lavándole el cerebro  de tal manera que el niño acepte sin cuestiona­r, por ejemplo, usar uniformes, pagar impuestos o morir por «la patria». El Estado también impone la ense­ñanza de «estu­dios socia­les», por medio de los cuales no solo oculta su opre­sión, sino que se colma de un aura de respetabilidad y «benevo­len­cia».

La escuela autoritaria estatal produce futuros adultos temerosos que a menudo no solo se someten, sino que buscan deliberada­mente que alguien les dicte qué hacer. El político con ansias de poder no podría pedir un mejor medio que el de un sistema educa­tivo autoritario. Ese sistema produce el niño acondicionado, reprimido, dócil y obediente, temeroso de ser criticado y casi fanático en su deseo de ser convencio­nal. Ese niño acepta sin cuestionamiento lo que le han ense­ñado y les trasladará a sus hijos sus complejos y temores. Una socie­dad cuyos niños crecen sin conocer sus propios dere­chos será una sociedad cuyos adultos no entende­rán ni respe­tarán los dere­chos de otras personas.

Los jóvenes pasan años en escuelas y colegios públicos en donde se cercena su voluntad  y se reduce su autoestima. Cuando salen de estas prisiones escolásti­cas, esos jóvenes encuentran difícil reclamar sus derechos individuales. Es lógico que así sea: después de haber sido obligado como niño a sentarse, callarse  y actuar como le dicten, es difícil más tarde levantarse, reclamar y seguir su propio juicio.

En el tema de la educación, una cuestión fundamental es: ¿quién criará a los hijos? La elite autoritaria que gobierna en todas partes no se ha atrevido a extender en forma lógica su punto de vista: si los padres de familia no son capaces de supervisar la educación de sus hijos, quizás sean también incompetentes en otros aspectos. ¿Debería el Estado certificar la competencia de las personas antes de que puedan ser padres de familia?

Pero ¿quién puede conocer las aptitudes y la personalidad del niño mejor que sus propios padres? Definitivamente no son los políticos.