No es solamente una práctica manifiesta en puestos de representación política; también es recurrente en los meandros de la administración pública. En su edición del 14-20 de agosto pasado, UNIVERSIDAD informó sobre el caos administrativo que impera en el MOPT y en el CONAVI, según señalamientos de la Contraloría General de la República. El desorden financiero es facilitado, en parte, por la existencia de vínculos de familia entre funcionarios.
El nepotismo, que consiste en favorecer a familiares en la función pública, es moneda corriente en Costa Rica, y, sin embargo, no parece despertar la indignación esperable por parte de la ciudadanía. Guarda estrecha relación con los problemas de corrupción que aquejan al país, pero sigue siendo relativamente tolerado.
Dicha práctica es incompatible con el principio democrático de representación popular, al cooptar las estructuras de poder y reservarlas para un pequeño grupo asociado, no por un ideal político, sino por los lazos de la sangre o del matrimonio. Con esto, la administración política se convierte fácilmente en un negocio familiar; en el peor de los casos, en una mafia.
La política nacional oscila así entre dos tendencias que traicionan la democracia: los políticos gobiernan, ora para su parroquia, ora según los intereses de su clan familiar. La presidenta, algunos ministros y diputados han demostrado mayor interés en ejercer su cargo como católicos o como protestantes; otros imponen su relación familiar en un espacio que debería estar abierto a la libre competencia. En ambos casos, la función pública se ve secuestrada para la satisfacción de intereses privados.
Entre un poder basado en lo arbitrario del vínculo familiar y el autoritarismo, solo hay un paso…