En algunas universidades mexicanas, la preocupación por la autonomía universitaria dejó de ser un problema desde hace tiempo; no porque su autonomía no esté en peligro, sino porque en los nuevos tiempos tal autonomía es utópica de ser recobrada (esto bajo el supuesto de que alguna vez se haya vivido en realidad). La preocupación de las nuevas instituciones se enfoca en cuestiones técnicas, tales como la evaluación y la planeación.
“La planeación y la evaluación, en ese orden, se convirtieron en los ejes discursivos y programáticos de los esfuerzos gubernamentales. Asuntos como el de la autonomía universitaria pasaron a segundo término. Ya no fue relevante para la acción estatal que las universidades se autogobernaran, o que éstas pudieran definir su ideología o misiones institucionales, en un sentido distinto a las preferencias e intereses gubernamentales, o que pudieran establecer normas particulares para la contratación de su planta laboral, fijaran sus políticas de admisión estudiantil, o de investigación” (Acosta, 2000, 326).Son múltiples los problemas por los que transita la comunidad universitaria. En la Argentina, por ejemplo, la discusión se centró en un ámbito que llamo ‘discursivo’, entre la concepción de una “educación pública estatal” y la cada vez más fuerte “educación pública privada”. Todo esto aunado a otros tópicos, tales como la autonomía –en la que creen todavía algunos pocos−. Así, estamos bastante de acuerdo con Hiller cuando expresa:
“En el caso de la universidad, los universitarios defendemos su carácter estatal, pero defendemos también la autonomía de la actividad científica creativa. De ninguna manera quisiéramos el control estatal sobre nuestra producción intelectual. Una cosa es que el Estado sostenga −a través del presupuesto nacional− la actividad científico-técnica de las universidades, integradas a un plan de desarrollo científico general, y otra muy distinta, e inaceptable, sería el control al desarrollo del libre pensamiento de los universitarios, a la autonomía académica” (Hiller, 2003, 90).
En efecto, es claro que de ninguna manera quisiéramos el control estatal sobre nuestra producción intelectual. Pero ¿es esto posible en nuestro país? En verdad, ¿las universidades operan sin el control estatal en lo referente a su producción intelectual? ¿No es a su vez regulado el MEP por los intereses o intencionalidades de los gobiernos de turno?
Ahora bien, si esto es un problema compartido, al que se enfrenta la educación primaria, secundaria y universitaria, eso no es nada en comparación a la incidencia de otras voluntades de poder supraestatal, sobre lo que deben de investigar las universidades estatales.
Luego de que las instituciones públicas se convierten en deudoras de las corporaciones multinacionales que ahora las financian, deberán de corresponder a los caprichos de éstas. Así por ejemplo, si INTEL financia al TEC, será lógico que éste obedezca al primero, respecto al tipo de profesional que debe capacitar, para complacer las demandas de la transnacional que la apadrina. Así las cosas, si algunos docentes universitarios –y voy más allá− no queremos el control estatal sobre nuestra producción intelectual, mucho menos deberíamos aceptar el control transnacional privado sobre la investigación (sea cual sea). Ahora bien, uno puede querer o no querer cosas, pero es deber preguntarse primero, si lo que dicta la voluntad es posible de conseguir. A este respecto, ya Derrida había planteado la crisis: “Se plantea entonces una cuestión que no es sólo económica, jurídica, ética, política: ¿puede (y, si así es, ¿cómo?) la universidad afirmar una independencia incondicional, reivindicar una especie de soberanía, una especie muy original, una especie excepcional de soberanía, sin correr nunca el riesgo de lo peor, a saber, de tener −debido a la abstracción imposible de esa soberana independencia− que rendirse y capitular sin condición, que permitir que se la tome o se la venda a cualquier precio? (Derrida, 1998, 5).
