Al cumplirse los primeros cien días del gobierno de Luis Guillermo Solís,
nuestra sección Cabildo U reunió el criterio de varios reconocidos analistas,
quienes se refieren a aspectos tanto positivos como negativos, en la gestión
inicial de esta primera administración del que fue candidato del Partido Acción
Ciudadana.
100 días de acomodos, pulsos e impulsos
Gina Sibaja Quesada
Politóloga, investigadora y docente de la Escuela de Ciencias Políticas y del CIEP, UCR
Tres meses y 10 días son insuficientes para valorar y predecir lo que será una administración gubernamental; sin embargo, la tradición de hacer un balance a los 100 primeros días de todo nuevo gobierno es una oportunidad para reflexionar sobre eventos ocurridos, el acomodo de fuerzas y los funcionarios en el ejercicio del poder.
Tres fueron los ejes principales de campaña del PAC: lucha contra la corrupción, combate a la desigualdad e impulsar el crecimiento económico. Hubo otro tipo de ofertas electorales, menos tangibles, pero igual de expectantes, como la transparencia total, cambio absoluto y diálogo permanente.
Así el nuevo gobierno, con el mandato de más de un 1.300.000 ciudadanas y ciudadanos, inicia con un cambio fundamental: el nombramiento de nuevas autoridades, el recambio del grupo en el poder. Esta fue la primera tarea que asumió el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, antes de tomar posesión del cargo, un gran cambio con designaciones que tratan de respetar criterios como la paridad entre mujeres y hombres, de personas jóvenes, militantes del PAC y personas expertas en el campo asignado con un intachable historial ético y profesional.
No obstante, de este primer cambio surgen las primeras disonancias, puestos que se ofrecieron y que no se dieron; balance entre salarios del Poder Ejecutivo y salarios en otros sectores como la academia o el sector privado. Surgieron así algunas interrogantes: ¿quiénes participaron del petit comité que seleccionó a la mayor parte del gabinete? ¿No se prometió transparencia total? ¿Pesó más el vínculo con la academia que el lazo político partidista del señor Presidente electo, para estos nombramientos? ¿Y hubo un costo político por el pago de salarios a dos de los funcionarios recién nombrados por parte de la UCR con el fin de garantizar un mejor ingreso? Las respuestas no están en nuestras manos, probablemente ya estén olvidadas o sean parte de la información que la ciudadanía ha registrado y acumula para la próxima contienda electoral.
En medio de este proceso político natural de recambio, el nuevo gobierno tuvo que resolver la “huelga de los maestros”, iniciada en el gobierno saliente, por atrasos en los pagos de los salarios de los educadores, por un cambio en el “sistema de pagos”. La huelga capturó la atención pública y puso a prueba la capacidad de reacción del gobierno entrante, que respondió “bien”, si tenemos en cuenta los atenuantes de este conflicto. La prolongación de la huelga mostró ante la opinión pública una gran confusión, porque no se tenía claro cómo se iba a resolver, generó un malestar ciudadano que resultó un arma de doble filo para el movimiento sindical y un punto a favor para el gobierno recién estrenado, porque se logra resolver el conflicto satisfactoriamente y probar que además de fallas en el “sistema de pagos” implementado por el gobierno anterior, habían pagos de más que se hicieron a educadores y desorden en las cuentas de otros educadores, que, por deudas, no les llegaba salario.
En algún momento del conflicto se planteó la posibilidad de que el sector magisterial fuera “manipulado” por fuerzas políticas de oposición, con el fin de desestabilizar al Gobierno y de mostrar su falta de experiencia que tanto se le achacó en campaña. Sobre este argumento baste decir que la experiencia se adquiere ejerciendo el poder y que resulta falaz atacar a un contrincante por algo que persigue, es decir, para tener experiencia en gobierno hay que ser gobierno.
En medio de la huelga de educadores y a una semana de haber tomado posesión del gobierno, se iza la bandera de la diversidad en Casa Presidencial y en otras instituciones del Poder Ejecutivo como forma de conmemorar el Día mundial de lucha contra la homofobia, lo que provocó reacciones negativas de sectores conservadores, pero también, se tomó como parte de las señales de cambio anunciadas y como una valiente decisión, por parte de sectores más progresistas, pro diversidad y pro derechos humanos. Este tipo de señales simbólicas del nuevo gobierno son valoradas de acuerdo al lente que las mira.
En esta línea de tiempo, otro evento que causó revuelo fueron las declaraciones de jerarcas del Gobierno sobre el aval a las pretensiones de la Sutel, de cobrar tarifas de Internet por descarga y no por velocidad como se hace actualmente. Este intento de la Sutel contraviene, desde todo punto de vista, el derecho al acceso a la información y el derecho a la comunicación. Se activaron voces y espacios de reclamo y denuncia por este hecho que se catalogó como “ilegal”, porque no se había consultado a los usuarios, a lo cual, el mismo Luis Guillermo Solís señaló que este interés de la Sutel da “señales contradictorias”, porque este tipo de decisiones sólo amplían la brecha digital y contradicen las propuestas de oportunidades para personas jóvenes de acceso a Internet. En este sentido es de rescatar que el mandatario logra salir bien librado de este evento, pero hay que decir que tuvo él que reaccionar ante lo que podría ser una “metida de pata” de tres de sus jerarcas.
Ante este tipo de disonancias, se decide acertadamente nombrar a un “coordinador de comunicaciones”, porque se ve la necesidad de un vocero-asesor en comunicación presidencial, como una forma de bajar la exposición mediática del Presidente de la República y de mediar en las declaraciones del Ministro de la Presidencia, quien se asumió fungiría, al inicio, como el coordinador de comunicaciones. Se designó al reconocido periodista Boris Ramírez. Resulta de interés preguntarse ¿por qué no se le dio rango de ministro? Entre algunas de las razones que se especularon en medios de comunicación, fue el hecho de no darle tanto poder al periodista, porque de esta forma se garantizaba una vocería dependiente de los jerarcas principales, mientras que con el rango de Ministro, tendría voz propia.
Otro elemento que ha suscitado discusión y polémica en esta nueva administración y que está a la espera de una resolución, es el recurso de inconstitucionalidad interpuesto al nombramiento del Obispo Luterano, Melvin Jiménez, como Ministro de la Presidencia, por considerarse que no es un ciudadano del Estado seglar, según reza el artículo 142 de Carta Magna. Este punto está por resolverse; sin embargo, provoca reacciones de diversa índole, dado que el PAC, como agrupación política de corte progresista, tuvo una iniciativa legislativa hace algunos años para promover un Estado Laico. Aunque la iniciativa no se logró concretar en ley, estos sectores siguen pujando por este tipo de Estado en contraposición al Estado Confesional estipulado en la misma Constitución Política.
Sobre la misma figura del Ministro de la Presidencia pesan declaraciones un poco torpes, sobre el desconocimiento de cómo se fijan los precios de los servicios públicos. Dado que en campaña se prometió que no habría alzas en los precios de los servicios, en uno de estos 100 días se pidió explicaciones a la Aresep sobre el aumento en las tarifas del combustible, y al darse cuenta que no era posible controlarles su precio, don Melvin Jiménez alegó “desconocimiento” de estos procedimientos y que el alza del combustible era inminente. Este hecho fue mal percibido por la opinión pública y obviamente, la prensa, al igual que la oposición, vieron una oportunidad para decir que el Gobierno “no sabe cómo gobernar” y que desconoce los procedimientos básicos de toma de decisiones. Se asume que este evento marca una pauta por seguir para don Melvin y otros jerarcas, con respecto a la relación con los medios y con el discurso político necesario para construir legitimidad y no inseguridad.
Cuatro eventos más marcan esta ruta del acomodo en el poder y dan lecciones al nuevo gobierno, a los medios y a la ciudadanía, en estos escasos 100 días: la propuesta de gravar “las pensiones de lujo”. Esta se presenta como una señal de escucha por parte del Gobierno, al publicarse una lista de pensiones de lujo, que resulta escandalosa frente a los salarios mínimos. Esta decisión es noble y parece bien intencionada, pero no hay claridad respecto a lo que se está entendiendo por pensiones de lujo. Porque para quien recibe un salario mínimo, una pensión de lujo es la jubilación de un profesional medio.
Otro aspecto que toca un tema sensible a la ciudadanía costarricense es el reciente proyecto de ley, promovido por el Ministro de la Presidencia, sobre la pluralidad confesional en el Estado Costarricense, opuesto de nuevo a la aspiración de un Estado Laico, de algunos sectores que también votaron por el PAC en las pasadas elecciones. Lo importante sería revisar si esto es prioritario con respecto a las propuestas de campaña o si es una carta a favor de las agrupaciones evangélicas, para poder negociar posteriormente otros proyectos. Esto puede que le resulte caro al PAC y al Gobierno.
Finalmente, la no participación del Presidente en la tradicional romería a la Basílica de Los Ángeles, es una buena señal de que no hay intenciones populistas en el Gobierno, dado que esta tradición religiosa debería respetarse como un acto individual y de fe, privado y si el Presidente no acostumbraba a hacerlo, es sano que no lo haga ahora que es jerarca. Sin embargo, a manera de reflexión, transcribo una observación de una ciberactivista muy conocida, que se preguntó sobre la ceremonia oficial del 2 de agosto, en la que sí participaron jerarcas de los poderes públicos, incluido el presidente Solís: “¿No sienten raro que en esa tribuna no haya ninguna mujer, que toda la celebración sea para una madre y que no haya ninguna mujer ni ninguna abuela, ni ninguna madre allí?”.
Y el broche de latón para estos 100 días de gestión gubernamental: el Mandatario pidió la renuncia del asesor presidencial Iván Barrantes, quien lo asesoró en campaña y que estaba en Casa Presidencial a sus anchas, sin contrato y sin responsabilidad ni interés a quién sirve, sólo a los intereses económicos que tanta crítica han recibido del PAC. El problema con el señor Barrantes no era si estaba bajo contrato o no; el problema es que parecía no entender la magnitud ni la responsabilidad de “asesorar” al Presidente de un gobierno electo democráticamente, quien se debe a la ciudadanía primero y luego a sus contratados. Esta posición de privilegio que se tiene al asesorar al máximo jerarca, debe ser resguardada con celo para evitar tráfico de influencias, conflictos de interés y malentendidos como el que se suscitó y que le costó el puesto.
Sólo queda esperar el informe “participativo” que dará el Presidente ante el plenario legislativo, con el diagnóstico sobre cómo encontraron las instituciones y las líneas de acción para seguir.
