El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González, destituyó de manera fulminante al embajador de su país, señor Federico Picado, por emitir “opiniones personales sobre la política interna de Venezuela, que afectaron la posición costarricense sobre el caso de ese país” (LN: 26/03/15). El mismo día explicó a la prensa que “no me interesa quedar bien ni mal con Venezuela, Estados Unidos o con ningún otro país. Nuestra política no está ligada a la complacencia o a los guiños afectivos a ningún país”. Conviene comentar el último giro.
El señor González ha de estar enterado que internamente Venezuela atraviesa una crisis política en la que concurren factores económicos, desaciertos gubernamentales, un sector de oposición que sostiene públicamente posiciones golpistas (no quiere decir que intente un golpe de Estado) y la declaración del gobierno de Obama señalando que la administración venezolana constituye un “riesgo extraordinario” para la seguridad de su país (09/03/15). Luego, destituir a un embajador que no coincide 100% ni con el gobierno de Obama ni con el sector interno que anima un golpe de Estado en Venezuela constituye una intervención política del Gobierno de Costa Rica a favor de los adversarios del Gobierno Constitucional de Venezuela y no un acto personal del Ministro González. No se trata aquí de antojos individuales, sino de acciones políticas y geopolíticas. Específicamente, el gobierno de Costa Rica interviene en asuntos internos de Venezuela.
Un segundo aspecto a destacar es que el embajador Federico Picado no se autoeligió. Fue nombrado por el Presidente de Costa Rica con la anuencia del Ministro González. ¿Se le ordenó explícitamente a este embajador que no debía hacer comentario alguno que pareciera reconocer la legítima constitucionalidad del Gobierno de Venezuela? Si no se lo hizo, y en esos claros términos, quien debería irse es el señor Ministro (y también el Presidente Solís, aunque esto último es política-ficción, porque se sigue de una exigencia de honestidad y trasparencia rara vez encontrable en figuras públicas).
Recién ahora resulta factible ocuparse de la minucia que “exigió” la destitución del embajador Picado. El hombre fue tentado por una funcionaria del periódico costarricense La Nación S.A., abierto y manipuladoramente antichavista y cavernario, neoligárquico e incluso antigobierno del señor Solís. Es, al mismo tiempo, la principal expresión escrita del periodismo costarricense, un país sin ciudadanía efectiva. El fruto prohibido fue una entrevista por correo electrónico.
La entrevista por sí misma no justifica remoción ninguna. En más de una oportunidad el entonces embajador Picado señala no poder referirse a una pregunta, porque ella rebasa sus competencias de embajador (“son temas que no están en el límite de mis capacidades diplomáticas”). Obediente el hombre. Sus respuestas más políticas hacen alusión a la historia reciente de Venezuela (con Chávez vivo), no a la situación actual. Eso sí, no confirma ni las “verdades” de La Nación S.A. sobre Venezuela ni la decisión de Obama sobre su gobierno. No es raro, el señor Picado reside en Venezuela y vive una experiencia distinta. Si de algo es culpable el señor Picado es de ingenuidad.
En Costa Rica los “grandes actores políticos”, Óscar Arias, por ejemplo, y La Nación S.A., exigen que la OEA y en especial América del Sur se pronuncien (una forma de actuar) en contra del régimen de Venezuela. Tal vez estiman que en tiempos de mundialización ya no vale el criterio de libre autodeterminación de los pueblos. Durante el siglo XX este último principio fue central para mexicanos y sudamericanos. No es raro: tienen razones históricas para sospechar de su vecino del Norte. Centroamérica también las tiene. De modo que la destitución del embajador Picado fue la cereza costarricense en un pastel de mierda.
