UNIRE es la organización que representa el sector universitario privado costarricense. Sus estatutos señalan claramente el compromiso de sus integrantes con la calidad de la educación que brindan los centros de estudio y con la acreditación como uno de sus mecanismos. Sus miembros se rigen por un Código de Ética, de acatamiento obligatorio, que prescribe dichos requerimientos. Desde esta óptica, apoyamos toda propuesta tendiente a mejorar la calidad universitaria. Para la UNIRE, este es un tema que está fuera de discusión, pues la calidad no se negocia, es un imperativo.
Lo que sí consideramos que se debe negociar son las condiciones en que esta calidad ha de producirse, tomando en cuenta la necesidad de un CONESUP distinto, con visión de país y con un redireccionamiento en sus metas estratégicas. El CONESUP actual debería estar interesado en garantizar la calidad, y no convertir el control en un fin en sí mismo, que procure el desarrollo cualitativo de las universidades.
Aunque creemos que el problema del CONESUP no es de ley −pues aún con la ley actual el ente podría contribuir el desarrollo del sector, y por ende, del país−, compartimos preocupación con la actual administración de entrar primero por el marco normativo a buscar las soluciones.
Se necesita que el CONESUP cuente con estándares de referencia, que las universidades cuenten con reglas claras, saber con antelación qué se les va a pedir sin que cada analista tenga su propio elenco de requisitos, donde algunos estén al margen de la ley. Se requiere contar con el cumplimiento de plazos y tiempos, que no dejen a los centros educativos en estado de indefensión, desorientación e incertidumbre. Se requiere que los plazos establecidos que la ley y reglamentos actuales tienen se cumplan, que deje de existir la mora administrativa que no se resuelve proponiendo nuevos plazos; se resuelve decretando el silencio positivo, conforme lo indica la ley 8220.
Hay que tener en cuenta que las universidades privadas carecen por completo de subsidios estatales, por lo que la única fuente de sus ingresos la constituyen las matrículas y otros costos que sufragan los estudiantes. En este contexto hay que dejar claro que ya las tarifas que actualmente cobran las universidades privadas están reguladas por ley a través del mismo CONESUP. Por ello lo que se requiere es de un ente que cumpla en tiempo, que esté en capacidad de brindar atención a los requerimientos del sector, que establezca reglas claras.
Es necesario considerar que el requerimiento de mayor exigencia de calidad debe tener en cuenta también el costo de la calidad. Actualmente las tarifas fijadas por el CONESUP son un techo y no un piso, por lo que la competencia se centra en los precios y no en las calidades. De ahí que el país debe cambiar la apuesta: o las universidades compiten por calidad o compiten por precios. La oportunidad está servida.
Creemos que el proyecto de ley de la Ministra abre espacio para la discusión en el CONESUP y en las universidades, pero es imperativo que el objetivo concuerde: buscar calidad y competitividad.
La Asamblea General de la UNIRE celebrada el pasado 8 de julio, en forma unánime le dio un voto de apoyo a su Junta Directiva, para que continúe en el proceso de lograr una ley del CONESUP que promueva la calidad y las condiciones para conseguirla.
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