La mercantilización de la educación universitaria, inspirada en las políticas educativas promovidas por los gobiernos y empresas privadas a escala mundial, se inició en Europa, para trasladarse luego a América Latina.
En el presente artículo, exponemos, transcribimos y cuestionamos la estructura y el funcionamiento del “Consejo Nacional de Educación Superior” del Perú −que se puede ver, como síntesis, en el siguiente apartado− con el objetivo de acercar al lector a un panorama al que actualmente no es ajena la educación universitaria costarricense, inmersa en las nuevas políticas globalizantes.
(VI, Artículo 142, p. 29) El Consejo Nacional de Educación Superior está conformado por:
a) 2 académicos designados por el Ministerio de Educación
b) 1 académico designado por el Congreso de la República.
c) 2 académicos designados por las instituciones universitarias privadas
d) 2 profesionales designados por los gremios empresariales
e) 2 profesionales designados por los Colegios Profesionales
f) 2 académicos designados por las instituciones universitarias públicas.
En el Manifiesto “Luchemos contra los 3 principales frentes del gobierno contra la U Pública y de la Autonomía Universitaria”, se alerta:
“Basta ver quiénes conformarán este Órgano de Control y Supervisión, para saber qué decisiones se tomarán: 3 miembros del gobierno (neoliberal), 4 miembros de la empresa privada, 2 miembros de los colegios profesionales (recordemos que no todas las especialidades están representadas por colegios profesionales) y finalmente SOLO 2 académicos de la Universidades Públicas. En el mejor de los casos esto significaría 4 votos a favor del mejoramiento académico de las universidades contra 7 votos a favor de los intereses del sector privado, que en el Perú se reduce a los intereses de las transnacionales y en el caso de los 3 representantes del gobierno a los intereses del Fondo Monetario Internacional”.
En el Perú, el argumento típico para eliminar la educación gratuita, es que el Estado está en quiebra para educar a la gente. Se dice también que, sería un gasto irracional y suicida, invertir más en educación, cuando al fin y al cabo los nuevos profesionales no conseguirán trabajo. Ante esto es oportuno resaltar que no es el fin de la universidad asegurar el trabajo a sus estudiantes. Eso le corresponde al Estado. La universidad debe formar para investigar y generar más conocimientos, con el objetivo de contribuir a las necesidades de la comunidad en general, y no de un grupo empresarial específico.
Respecto a los derechos de los estudiantes, la estructura jurídica de la nueva universidad ha pensado en regular con entera anterioridad, cualquier tipo de manifestación crítica frente a la autoridad, al establecer las “Garantías para el servicio de la autonomía universitaria”:
a) Los miembros de la comunidad universitaria que no respeten las instancias administrativas en alguna cuestión contenciosa serán posibles de sanción.
b) El miembro o los miembros de la comunidad universitaria que impidan por la fuerza, amenaza u ocupación ilegal de instalaciones, el funcionamiento normal de las actividades universitarias, cometen grave falta contra la autonomía universitaria. La autoridad universitaria sancionará dichas acciones.
Dicho artículo cierra cualquier tipo de manifestación que interrumpa el funcionamiento normal de las actividades universitarias, lo que es legal, en tanto en el papel se establece como tal. Además, la interpretación de la ley cae en manos de la autoridad, o lo que es lo mismo, en manos de los juristas, quienes dirán lo que significa “funcionamiento normal de las actividades universitarias”, lo que a simple vista se entrevé que, “no es normal” que los estudiantes y docentes interrumpan las clases para manifestar su disconformidad mediante marchas, paros y huelgas. Incluso, las autoridades podrán sentenciar que “no es normal” que los docentes, estudiantes y administrativos organicen charlas o mesas redondas que cuestionen las políticas de las autoridades universitarias. Y, es también probable, que sea considerado “anormal” que cualquier miembro de la comunidad universitaria ose publicar un artículo de oposición a la regla (en el Semanario Universidad, por ejemplo) sin ser sancionado. Estamos aquí ante la razón del poder. En Perú. Ojalá no nos esté pasando lo mismo en este país.
